El íntimo análisis que hacen en el Mineduc a su negro día presupuestario en el Congreso: se asume un duro golpe político

Quienes son parte del corazón del Ministerio de Educación aseguran que las caras de incredulidad eran evidentes. Que cada votación adversa en el Congreso y cuyos resultados iban conociendo desde Santiago, donde se encontraba el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se iba recibiendo con sorpresa en la cartera. Y molestia.

Y es que el Parlamento, con apoyos independientes y de algunos descolgados del oficialismo, le asestó duros golpes al Ejecutivo, dos de ellos con un particular sabor amargo: se acordó suspender en 2025 el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y se rechazaron recursos para 47 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Además, se ratificaron cuatro glosas para impedir que los estudiantes de 3° y 4° medio sancionados por hechos violentos accedan a la gratuidad en su primer año de educación superior.

“Por decirlo en buen chileno, es una gran cagad...”, sincera una fuente del Mineduc sobre lo acaecido en Valparaíso.

Ocurre que aunque en el gobierno aún abrazan la opción de que esto se caiga en el Senado o que se tomen a bien las reservas de constitucionalidad que se hicieron a algunos de esos temas, los que ven inviables, saben que la oposición por lo bajo logró instalar puntos políticos no menores. De hecho, reconocen que son “potentes” por lo que significa para esta administración lo votado ayer. Otras fuentes del gobierno insisten en que efectivamente lo visto en el Congreso es más un punto comunicacional que un efecto presupuestario, que finalmente es lo que se está discutiendo.

Técnicamente, según han analizado en estas pocas horas en el Mineduc, la posible pausa al SAE sería inconstitucional. De hecho, confían en que se corregirá en la tramitación que viene.

Además, en la cartera educativa prefieren ver el vaso medio lleno, dando cuenta de los triunfos que han ido obteniendo en esta discusión, toda vez que a la jornada del miércoles llegaban con otras glosas rechazadas -educación superior, educación parvularia o educación general- que se terminaron reponiendo. Y que al Senado llegarán solo con la misión de dar vuelta lo de los recursos para los SLEP, asumiendo que todo lo demás no prosperará.

Incluso, otras voces ven que la discusión de este presupuesto “claramente” fue menos compleja que la del año pasado, cuando el gobierno se vio obligado a firmar con el Senado un protocolo de acuerdo para destrabar el presupuesto en el que se zanjó una “pausa activa” para la puesta en marcha de los nuevos SLEP, tras lo cual el Ejecutivo se vio obligado a modificar el calendario original de traspasos. Por eso algunos encuentran “desmedida” la reacción analítica a lo ocurrido en el Congreso.

En esa discusión 2023, y al igual que este año, de la recta final de votaciones se ausentó el ministro Cataldo, no por opción propia, según se apresuran en aclarar en su entorno, donde aseguran que es una decisión que más bien compete a Hacienda el quién se hace parte de esta etapa. En dicha cartera, en tanto, recuerdan que el año pasado ya se vivió algo similar y que no debería ser llamativo, toda vez que ningún ministro se hizo presente en el Congreso en este tramo de la discusión, salvo las excepciones de Ximena Aguilera (Salud) y Maya Fernández (Defensa), cuyas presencias fueron solicitadas por los parlamentarios. Además, suman que el trabajo de los ministros sectoriales es más relevante en las comisiones que ahora, cuando el ministro Mario Marcel es quien entra en escena para cerrar el Presupuesto.

Como se ha dicho, algunas de las propuestas, aunque ya quedaron en el texto remitido al Senado, tienen reserva de constitucionalidad. Algunas obra de parlamentarios oficialistas y otras del propio Ejecutivo.

Quizás si la más significativa de esas propuestas aprobadas es la que tiene que ver con la presentada por el diputado Sergio Bobadilla (UDI): “Durante el año 2025 se suspenderá la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE)”, decía la norma que el Ejecutivo abraza con fuerza y que permanentemente ha sido apuntada por la oposición. La propuesta fue aprobada a pesar de los reparos del gobierno con 72 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones. El ministro de Hacienda fue el que presentó la reserva de constitucionalidad en este caso.

Con el correr de las horas, diversas son las voces que se han referido a esta votación.

“Creo que es irresponsable si quiera pensar en tomar decisiones de política educacional de esta envergadura (como suspender el SAE o dejar sin recursos a los SLEP) en la Ley de Presupuesto, en cosa de días. Es de esperar que esta situación se corrija, lo que sin duda requiere que parte de la derecha educacional se haga parte también del reconocimiento de esta aberración. La educación se merece un debate mucho más serio que lo que estamos viendo hoy como espectáculo”, dice tajante Gonzalo Muñoz, académico de la U. Diego Portales, miembro del Consejo de Evaluación de la política que crea los SLEP y exjefe de la División de Educación General del Mineduc en Bachelet II.

Por su parte, Andrés Barrios-Fernández, director del Human Development Lab de la U. de los Andes, advierte que si bien el sistema escolar “sin duda” requiere de transformaciones importantes, como en términos de oferta o para mejorar su efectividad, “sin embargo, el SAE poco tiene que ver con eso. Fue un avance muy importante respecto a la forma de selección que existía en nuestro sistema hasta hace poco, y por lo mismo llama la atención que nuestros diputados hayan decidido dejarlo sin presupuesto”.

Del sistema, de hecho, señala que es una herramienta ampliamente usada en el mundo, donde ha fortalecido el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. “Suspender el SAE en un contexto de baja oferta de vacantes me parece particularmente preocupante. Sin un sistema como este el número de estudiantes que terminará sin ser asignado a ningún colegio podría aumentar de manera considerable. Es de esperar que nuestros diputados recapaciten y reviertan esta medida”, se extiende, antes de cerrar que “aun en su estado actual el SAE es muy superior a lo que tendríamos en su ausencia”.

A su vez, Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la U. Católica, asegura que lo ocurrido en el Congreso es “un muy mal precedente sobre el vínculo entre educación, sociedad y sistema político. Primero porque lesiona la confianza de las familias en un sistema que lleva 10 años de funcionamiento con mejoras incrementales. Segundo, el Parlamento desatiende la evidencia múltiple favorable sobre el SAE. Y tercero, se inflige a sí mismo un daño dado que hay mociones parlamentarias vigentes sobre SAE, y es en ese espacio donde debiesen discutirse las mejoras”.

El diputado Bobadilla, en tanto, insiste en su idea y señala a La Tercera que ahora “es el gobierno el que tiene la palabra. Nosotros estamos disponibles para implementar un sistema en que se restituya el derecho preferente de los padres de elegir el colegio para su hijo y no sea el Estado. Un sistema que no maltrate a los apoderados que circulan de colegio en colegio. De lo contrario vamos a seguir en la misma línea, entonces el gobierno debe dejar de lado la arrogancia frente a ofrecer sistema que estatiza y que no entrega libertad”.

“Quienes plantean que esto es una irresponsabilidad, en realidad son irresponsable quienes sostienen un sistema que atenta contra la libertad de elección. Haría un llamado a dejar de lado la soberbia y que se considere un sistema con mérito y esfuerzo”, suma.

¿Y qué propone como alternativa? “Yo prefiro el sistema antiguo. Tenemos que tratar de nivelar hacia arriba, en el fondo este sistema viene a materializar lo que planteó el exministro Eyzaguirre de quitarles los patines a todos”.