Más de 400 días han pasado desde que el gobierno, ad portas de los 50 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 2023, anunció una agenda legislativa en materia de derechos humanos.

Por ese entonces, uno de los voceros del anuncio fue Luis Cordero, quien era el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero luego del estallido del caso Monsalve el secretario de Estado pasó a ocupar la Subsecretaría del Interior, y fue su subalterno en el cargo anterior, Jaime Gajardo, quien asumió la titularidad de Justicia.

A más de un año del anuncio, Gajardo pudo dar un paso en la agenda, sin embargo, la batería de proyectos, en general, ha tenido un discreto avance.

Uno de los proyectos es el que introduce la calificación jurídica de “ausencia por desaparición forzada” y crea un registro especial para detenidos desaparecidos. Esta medida permite que familiares puedan obtener certificados equivalentes a los de defunción para trámites personales, reconociendo la calidad especial de los detenidos desaparecidos. La norma, en general, se aprobó en la Cámara por 81 votos a favor, 38 en contra y 14 abstenciones.

En el debate, fueron los republicanos quienes expusieron la posición más dura respecto al proyecto. El jefe de bancada de los diputados, Luis Sánchez, aseguró que la iniciativa “lo que se pretende hacer es mantener una máquina de producción de indemnizaciones, de reparaciones económicas, una máquina que ha estado bastante asentada desde hace bastantes años”.

Más tarde, el diputado republicano Cristián Araya añadió: “Cuando desde que llegaron al gobierno han malgastado cientos de millones pesos justificándolos en una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos cuando todos sabemos en esta sala que no los están buscando. Y lo digo con claridad y total firmeza: el gobierno de Gabriel Boric no está buscando a los detenidos desaparecidos. El Plan de Búsqueda es una farsa y un negocio millonario para amigos del Presidente”.

Esta intervención motivó a que la subjefa de la bancada del Frente Amplio, Claudia Mix, pidiera que se borre del acta de la sesión las palabras del diputado republicano. “Se están emitiendo declaraciones que son falsas”, afirmó la diputada.

En el anuncio del gobierno en septiembre del año pasado adoptaban un compromiso tanto para ingresar indicaciones a proyectos ya presentados, como el envío de otros al Parlamento.

Una de las mociones era precisamente la declaración de ausencia, que pasó al Senado a segundo trámite. La iniciativa fue presentada por las diputadas comunistas María Candelaria Acevedo, Lorena Pizarro, Nathalie Castillo y Carmen Hertz, además de Tomás Hirsch (AH), Camila Musante (ind.-PPD), Jaime Naranjo (ind.), Emilia Nuyado (PS), Alberto Undurraga (DC) y Ericka Ñanco (FA) en mayo de 2022.

Una segunda iniciativa parlamentaria, presentada en diciembre de 2014, es la que modifica el Código Penal para tipificar el delito de desaparición forzada. Este proyecto, ingresado hace exactos 10 años, fue presentado por los entonces diputados Guillermo Teillier (PC), Marcelo Schilling (PS) y el actual diputado Leonardo Soto (PS), entre otros.

Esta iniciativa ya está en segundo trámite en la Cámara Alta. A pesar de que el gobierno le ha puesto la calificación de suma urgencia, y que la ha venido renovando desde septiembre de este año, en la Comisión de Constitución no ha tenido ningún avance.

Un tercer proyecto, también iniciado por moción parlamentaria, es el que busca reconocer el carácter público a los antecedentes recogidos en instancias de verdad y reparación: la llamadas Comisión Valech (Prisión Política y Tortura) y la Comisión Valech II (Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura).

Esta iniciativa fue levantada en agosto de 2022 por los diputados Acevedo, Hertz, Pizarro, Serrano, Naranjo y los frenteamplistas Gonzalo Winter y Jorge Brito, y fue patrocinada por el gobierno. Sin embargo, al igual que los otros proyectos, no ha tenido mayor avance.

Otro proyecto de esta agenda es el que crea los sitios de memoria.

En último término, se encuentra el proyecto de eliminación de restricción de información que existe respecto de las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto o reservado o de circulación restringida.

Consultado por este medio, el ministro Gajardo aseguró que aún hay “deudas pendientes relacionadas con la desaparición forzada de personas que ocurre durante la dictadura”.

Respecto al lento avance de las iniciativas, el secretario de Estado aseguró que “los proyectos tienen distintos ritmos, en general el Congreso ha estado más concentrado en los temas de seguridad, eso ha implicado una gran energía para el Congreso y el gobierno”.

Y añadió: “Las comisiones tienen ciertos embudos, la gran mayoría tiene temas presupuestarios, entonces tienen que pasar por la Comisión de Hacienda y ahí se nos genera un cuello de botella”.

Por lo mismo, agregó que “es una agenda que apuramos en relación a la conmemoración de los 50 años y nuestro objetivo es tratar de que se puedan concretar dentro de nuestro gobierno”.