El paro camionero y los mails a apoderados: cuando la derecha creía en la presión social para impulsar reformas

A meses del estallido social, un hecho policial cambió la agenda de aquel verano de 2020.

El 9 de febrero de ese año, el chofer de camiones Juan Alfredo Barrios Farías sufrió un ataque incendiario en Victoria, Región de La Araucanía. Tras agonizar varias semanas, el transportista falleció el 4 de marzo.

El episodio volvió a poner en discusión la necesidad de reformas legales para enfrentar los atentados terroristas. Sin embargo, la voluntad del gobierno de Sebastián Piñera de endurecer el marco legal encontró una férrea oposición de las bancadas de izquierda y centroizquierda, que en esos años tenían una mayoría en ambas ramas del Congreso.

Entonces, la estrategia del oficialismo se basó en una fuerte presión social, especialmente del gremio de los camioneros y de organizaciones de La Araucanía, para abrirse paso en el Parlamento, mientras los legisladores opositores acusaban una coerción antidemocrática e inaceptable al Poder Legislativo. Paradójicamente, esa fórmula ha vuelto a ser reflotada esta semana por el senador Daniel Núñez (PC) para avanzar en la reforma previsional del Presidente Gabriel Boric, y ahora es la derecha la que alerta el riesgo de presiones ilegítimas.

El episodio de inicios de 2020, en todo caso, tenía un contexto mucho más complejo. En ese año aún pesaban las desconfianzas producto del estallido y los hechos de violencia policial y militar, que derivaron en violaciones a los derechos humanos, por lo que la oposición a Piñera, que ya había cursado una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI), no estaba dispuesta a dar más herramientas penales al Ejecutivo.

El bloqueo legislativo llegó al punto en que los dirigentes camioneros, con el apoyo detrás de parlamentarios de la coalición oficialista, convocaron a un paro nacional en agosto de 2020 para exigir al propio Ejecutivo y al Congreso mayores medidas de seguridad en favor de los transportistas. La respuesta del gobierno de Piñera fue inmediata y, el 13 de agosto de 2020, ingresó por el Senado un proyecto en honor al fallecido camionero: la llamada “Ley Juan Barrios”.

Tiempo después, el dirigente camionero Juan Araya dijo que en ese paro, promovido por otra agrupación de transportistas, habría sido “pedido por el gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera la ley de armas y todas las leyes que todavía no salen”.

Esa versión, sin embargo, fue desmentida por las autoridades de la época y por el otro dirigente de los camioneros aludido, Sergio Pérez, quien se querelló contra Araya.

Al margen de esa polémica, lo cierto es que el paro camionero de agosto de 2020 contó con el respaldo de legisladores de Chile Vamos.

“Desde Evópoli les decimos a los camioneros de Chile que estamos con ustedes”, señaló el senador de esa colectividad Felipe Kast.

“Solidarizo con los camioneros, porque ellos han sido víctimas. Por eso hago un llamado a la oposición para que aprobemos de una vez por todas la agenda de seguridad en el Congreso”, dijo la entonces senadora Ena von Baer (UDI).

“Llamo al ministro del Interior a tener un sentido de urgencia y sentarse con camioneros”, expresó, por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN), al tiempo que pidió más atribuciones para Carabineros para enfrentar el “terrorismo”.

La tramitación de la Ley Juan Barrios, sin embargo, no fue sencilla. El Senado se demoró varios meses en resolver. Al final, la apertura del PS fue decisiva para destrabar su discusión, a pesar de que el día decisivo gran parte de la bancada socialista no llegó a votar.

En la votación en la sala de la Cámara Alta, el 16 de marzo de 2021, el senador Kast (Evópoli) dijo que la iniciativa -que en lo medular tipificaba el delito de incendio contra vehículos motorizados con o sin personas en su interior- era “una demanda muy sentida en la Macrozona Sur, cuya realidad desgraciadamente es muy grave, porque la falla estructural del Estado de Derecho ha generado hechos tan lamentables como el quemar vivo a un camionero, don Juan Barrios, y donde la dificultad ha recaído en el Código Penal al no haberse hecho cargo de tipificar un delito como el mencionado”.

Ese día, el Senado aprobó la Ley Juan Barrios con una aplastante mayoría de 25 votos a favor, 1 en contra (Alejandro Navarro) y 2 abstenciones.

Una de las abstenciones fue del senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre, quien denunció una utilización del gremio camionero para imponer una agenda de seguridad. “En general, no soy partidario de dar señales poniéndoles nombres propios a los proyectos de ley; más aun cuando hay una tragedia y una familia detrás, y cuando se advierte la utilización política de un gremio de camioneros que tiene otras agendas, otros intereses. Me refiero a los empresarios camioneros, no a los trabajadores o choferes. La manipulación política que hacen es para seguir una agenda propia con un gobierno de derecha”, señaló.

La otra abstención fue de la senadora Yasna Provoste (DC).

La ausencia de senadores del PPD y el PS fue notoria ese día. Al parecer, el contexto de opinión pública fue gravitante en aquellas inasistencias.

La tramitación siguiente en la Cámara fue igual de trabada. Incluso, el gobierno debió recurrir a un veto, pero nuevamente la presión social ayudó a derribar la resistencia de la oposición de la época.

Finalmente, La Ley Juan Barrios fue despachada el 14 de diciembre de 2021.

Otro ejemplo en que la derecha ha recurrido a la presión social para tratar de persuadir a sus rivales en el Parlamento fue el correo masivo a los apoderados que envió, en mayo de 2019, la entonces ministra de Educación del gobierno de Piñera Marcela Cubillos para defender el proyecto “Admisión Justa”, que buscaba reformar el sistema de selección escolar.

Usando la base de datos del Mineduc, en ese mail Cubillos acusaba un bloqueo legislativo. “A pesar de nuestras intenciones, el bloqueo legislativo ha sido imposible de detener. Incluso, antes de que el proyecto Admisión Justa ingresara a la Cámara de Diputados, la oposición anunció su rechazo. Así, sin si quiera (sic) haberlo leído, sin haber tenido audiencias sobre el tema, y sobre todo sin haberlos escuchado a ustedes, los usuarios directos del sistema, se cerraron a la opción de mejorarlo”, decía el mensaje

“Tenga seguridad de que seguiremos escuchando con fuerza la voz de las familias de clase media (...). Si bien en esta ocasión no lo logramos, vamos a insistir en posicionar el esfuerzo y el rendimiento académico por sobre el azar en la postulación a colegios”, concluía la ministra de aquella época, quien, al ser consultada, admitió que era una práctica normal usar estos correos masivos. “Todos los meses se mandan correos a profesores, a directores y sostenedores y a apoderados”, detalló.

Este episodio, que las fuerzas opositoras a Piñera criticaron profusamente, luego fue uno de los insumos para la fallida acusación constitucional que enfrentó Cubillos entre septiembre y octubre de 2019.

En todo caso, el aleonamiento de los apoderados para apoyar reformas o bien contrarrestar proyectos educacionales promovidos por la izquierda no era nuevo. En el pasado la derecha incluso se asoció con agrupaciones de apoderados críticos de las reformas impulsadas por Michelle Bachelet.

La alianza de la derecha con organizaciones de la sociedad civil también se puso en práctica para enfrentar el proyecto aborto en tres causales y para evitar la estatización de los fondos de AFP en el fallido primer proceso constituyente.

A su modo, aunque no necesariamente mediante protestas, los asesinatos de los carabineros Eugenio Nain, Carlos Retamal y Rita Olivares también provocaron una fuerte presión social sobre el Congreso, que fue aprovechada por la derecha para obligar a la izquierda a ceder y aprobar un nuevo estatuto de protección a policías, la llamada Ley Nain-Retamal.