Vela llega a la dirección de RD con la tarea cuesta arriba de contener la crisis por el lío de platas
La nueva directiva de Revolución Democrática busca aprovechar su instalación para darle un aire fresco al partido tras las cuestionadas vocerías del senador Latorre. Del mismo modo, contemplan mantener la estrategia judicial proactiva e implementarán un sistema de prevención de delitos en la interna del partido.
Este domingo asumirá la nueva directiva de Revolución Democrática, presidida por Diego Vela, exjefe de gabinete de Giorgio Jackson y otrora timonel de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica .
Junto a los nuevos representantes de RD -entre ellos las exconvencionales Tatiana Urrutia y María José Oyarzun-, el nuevo timonel llega con el desafío de controlar los daños que ha provocado en el corazón del partido el lío de platas que develó la asignación de $426 millones de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva.
Se trata de una crisis que ataca el corazón de Revolución Democrática. Fueron tres los convenios, porque firmaron la encabezada por el exasesor de la Catalina Pérez, Carlos Contreras, y la organización Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, en ese momento pareja de la parlamentaria. Todos, hasta ese momento, eran militantes del partido más antiguo del Frente Amplio (2012).
La labor no será fácil. Reemplazarán a una directiva que fue cuestionada en duros términos, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. La administración de la crisis por el lío de platas los llevó a presentar su renuncia anticipada y convocar elecciones, luego de que el Presidente Gabriel Boric castigara a la colectividad en su tercer cambio de gabinete, que terminó con los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social y otrora factótum del Ejecutivo) y Marco Antonio Ávila fuera del gobierno.
Por ello, conocedores de la interna de la nueva directiva indican que la administración de la crisis por el lío de platas pasará por el fortalecimiento de las dimensiones preventivas frente a eventuales delitos (en base a los requerimientos de la ley de delitos económicos), así como también aprovechar la renovación de rostros para mejorar el manejo comunicacional.
Esto último es importante para la militancia, pues Latorre fue cuestionado por sus declaraciones en el Congreso, que llevaron la crisis al corazón de La Moneda y al propio Presidente Boric a tener que pronunciarse sobre cuándo se enteraron del lío de platas en Palacio. Los cuestionamientos al senador no vienen solo desde RD. Este jueves, desde la Casa de Gobierno, el diputado socialista Tomás de Rementeria bromeó en un punto de prensa con este tema: “Esperemos que el partido único del Frente Amplio no tenga como presidente al senador Latorre, eso sí”.
Uno de los puntos que más generan expectativas es cómo seguirán el caso judicial de Democracia Viva. Fue discutido entre los dirigentes el rol que asumió Edson Dettoni como abogado del partido. La Tercera publicó duras recriminaciones al secretario ejecutivo de RD luego de que se revelara su declaración ante la Fiscalía, que llevó nuevamente la crisis al gobierno. “Que nefasta declaración, compañero. Esto no es lo peor. En otra parte figura gratuitamente involucrando a la directora de la Dipres en un proceso judicial. Lo encuentro impactante (...). ¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”, comentó en el grupo de WhatsApp -eliminado- el consejero político y mayoría nacional Nicolás Valenzuela Levi.
En ese momento, Dettoni respondió: “Efectivamente, siempre pensamos que todo se filtraría. Y que todo se sabría, también. Nada podrá ocultarse en esta investigación”.
Pues bien, la directiva de Vela considera mantener un rol proactivo en la investigación judicial, entregando antecedentes concretos y no declarando en base a rumores, dicen cercanos, quienes aluden a la declaración de Dettoni.
El proceso judicial será largo, por lo que se estima que se prolongue más allá de la consolidación de un eventual partido único del Frente Amplio. Por ahora, la definición es mantener a la abogada Libertad Triviño en el caso, quien se ha encargado de las vocerías cada vez que el tema vuelve a la primera plana.
Siguiendo con esta línea, se mantendría también la presunción de inocencia respecto de la diputada Catalina Pérez, cuya militancia fue suspendida por un año por el tribunal supremo del partido. Su situación solo podría cambiar si es que su caso particular escalara ante la justicia. Esto a contrapelo de lo que se decidió hace unos meses sobre Carlos Contreras y Daniel Andrade, quienes fueron expulsados del partido.
Rol preventivo en la interna
La semana ha sido ajetreada para los integrantes de la nueva directiva de RD. Este martes, Diego Vela y Tatiana Urrutia llegaron al Congreso. En Valparaíso sostuvieron una serie de conversaciones, siendo la plática con el comité parlamentario del partido, que encabeza la diputada Ericka Ñanco, una de ellas. El miércoles, en tanto, el nuevo presidente del partido llegó hasta la sede del ex Congreso Nacional, en Santiago, para debutar en reuniones con el resto de representantes del oficialismo, que durante esa jornada se refirieron al rumbo del Consejo Constitucional junto a los integrantes del proceso.
Allí, Vela dio su primera vocería ante la prensa. “Todavía queda un camino, que es corto, que es difícil, pero acá está la disposición para seguir avanzando. Esperamos que la derecha esté a la altura de no pensar en el cálculo pequeño, sino pensar en Chile y que esta Constitución no sea un programa de gobierno”. Justamente, el tema constitucional será uno de los ejes a abordar con la militancia. Entre los tópicos también se suman la unificación del Frente Amplio en un solo partido y las elecciones municipales de 2024.
Las señales a la militancia serán profundizadas con la ejecución de medidas de prevención del delito. Para ello basarán estos esfuerzos en la nueva ley de delitos económicos, promulgada por el Presidente Boric el pasado 7 de agosto. Para potenciar esta tarea, se contempla contactar a reconocidos especialistas en la materia.
Dicho proyecto incluyó a los partidos políticos, universidades del Estado y personas jurídicas religiosas como figuras susceptibles de incurrir en la responsabilidad penal de la Ley 20.393, sobre cohecho, lavado de activos, entre otros.
Al mismo tiempo, la nueva legislación demanda que se establezcan protocolos y procedimientos para “prevenir y detectar conductas delictivas”. Para ello se considera la “asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos, con la adecuada independencia, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión” y la “previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes”.
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