Comisión mixta busca acuerdo para aprobar ley corta de isapres

Del “no hay acuerdo”, al “parece que estamos listos”, al “falta un poquito todavía”. Así ha ido mutando el mensaje que internamente traspasaban durante este miércoles desde los equipos de los diputados, senadores y personeros del Ejecutivo que eran parte de la comisión mixta que busca destrabar el proyecto de ley corta de isapres que intenta darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso y utilizar la nueva tabla de factores.

Pero, asimismo, las mismas fuentes advertían que, como se ha visto otras veces en la historia legislativa de Chile, “el pan se puede quemar en la puerta del horno”. Y es que la tramitación de la ley corta ha sido eso: tiras y aflojas, avances y retrocesos, acuerdos y desacuerdos, lo que ha llevado a hablar de mutualización, fórmula FEN, a finalmente el proyecto no proponer un recálculo general de la deuda, pero sí otras medidas de mitigación.

Y como en todo el proceso, este miércoles no estuvo exento de eso. Porque cuando parecía que los parlamentarios llegaban a la comisión con un acuerdo pactado durante las largas horas de tratativas que se vivieron el martes, nuevamente aparecieron voces disidentes sobre algunos artículos del proyecto, lo que también abrió la puerta a quienes pedían nuevas instancias de diálogo a puertas cerradas antes de votar.

Pero, ¿qué ocurrió en específico? Hasta bien entrada la noche de este martes, el gobierno y los parlamentarios miembros de la comisión mixta estuvieron negociando nuevos ajustes a la normativa, lo que derivó en un acuerdo, el que el Ejecutivo se comprometió a plasmar a través de nuevas indicaciones, las que fueron ingresadas la mañana de este miércoles y que, entre otras cosas, ampliaban el plazo máximo para que las isapres paguen la deuda de 10 a 13 años. De esas tratativas del martes se retiró por anticipado el senador Juan Luis Castro (PS).

Y fue justamente este último el primero en dar señales de que el acuerdo que se pensaba era unánime, en realidad tenía ciertas grietas. Esto porque, según señaló durante la discusión de la mañana, no estaba de acuerdo con ampliar el plazo para que las aseguradoras salden su deuda. Tras él, otros fueron dando señales similares, como el diputado Andrés Celis (RN), quien dijo que se sentía también en libertad de votar en contra las cosas que a él no le parecían, debido a la postura contraria al acuerdo de Castro. Eso, a su vez, dio paso a que el presidente de la comisión mixta, el senador Javier Macaya (UDI), propusiera pausar la sesión matutina, extenderla para seguir las conversaciones, y luego votar.

En ese minuto las caras de los representantes del Ejecutivo -la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, entre otros), así como la de parlamentarios que estaban por votar inmediatamente, cambiaron notoriamente.

Al respecto, el ministro Elizalde, por ejemplo, dijo que el Ejecutivo “ha presentado las indicaciones sobre la base de lo que se conversó ayer. Si un parlamentario va a tener puntos de vista distintos respecto de puntos específicos, es parte de las reglas de la democracia”. Pero también dijo que “se está estableciendo aquí una especie de requisito adicional para poder votar, que es que tengamos una suerte de unanimidad. Un senador que no participó ayer, porque se retiró antes, no está dispuesto a votar a favor los 13 años”, en clara alusión a Castro, quien en todo caso aclaró que no estaba dispuesto a aprobarlo por no haber estado presente. “Entendía que ayer había un entendimiento”, insistió Elizalde.

El senador Macaya le retrucó que compartía que no era requisito que haya unanimidad, pero que haría “los máximos esfuerzos para un consenso que sea respaldado”. La senadora Ximena Órdenes (ind.), señala por su parte que no veía “ninguna razón para no despachar hoy (miércoles); ayer teníamos un acuerdo”.

Al final del día no sólo había diferencias sobre el proyecto en sí, sino cuándo y cómo votarlo. Y mientras algunos estaban por lograr una votación unánime, cosa de asumir responsabilidades parejas y todos mostrar señales de haber cedido, otros apelaban a la urgencia de despachar la norma. Incluso el senador Castro sugirió en un momento que de continuar así, se sometiera finalmente a votación el texto original ingresado por el gobierno.

Como sea, lo cierto es que después de todos los intercambios Macaya sí consiguió generar más de un aplazamiento para seguir con las tratativas a puertas cerradas. La nueva cita, en principio, se pactó para las 17:30 horas, cosa de votar, pero eso tampoco terminó cumpliéndose. “Sesionar a esa hora es una forma de dilatar la votación”, dijo Elizalde.

Y como el despacho de la ley está contrarreloj, el propio ministro a esa hora ya miraba de reojo que de votarse en la mixta y avanzar a Sala, el proyecto no tendría respaldo suficiente en el hemiciclo. La incertidumbre puso nervioso al gobierno y el secretario de Estado comenzó a realizar gestiones para asegurar no solo los votos en la Sala, sino la presencia del oficialismo.

La ministra Aguilera, en tanto, desde un rol más secundario en cuanto al muñequeo, más se dedicaba a resolver las dudas técnicas que las indicaciones seguían generando, sobre todo en los parlamentarios de oposición.

Incluso, al menos hasta el cierre de esta nota, la votación en la mentada comisión aún no comenzaba y los legisladores seguían buscando fórmulas para destrabar el proyecto de ley. Y así, por ejemplo, el gobierno ingresó una nueva indicación: un artículo transitorio, que dice que el último índice ICSA aprobado por el Congreso se mantenga por tres años más.

El documento ingresado este miércoles por el gobierno sostiene que dentro del plazo de un mes contado desde la publicación de la circular, prorrogable por una única vez por un mes, las isapres deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes.

Se especifica ahora que el plazo de devolución de la deuda podrá ser de hasta trece años, cuando antes era de 10. “La propuesta deberá contemplar mecanismos a fin de que la deuda de las personas mayores de ochenta años de edad sea pagada íntegramente dentro de los primeros veinticuatro meses de implementación del plan de pago y ajustes, y que la deuda de las personas de sesenta y cinco años o más sea pagada dentro de los primeros sesenta meses”.

Se lee, además, que las isapres podrán ofrecer devolver dichos montos a las personas afiliadas en forma de excedentes, pero que alternativamente las aseguradoras “siempre podrán ofrecer acelerar el pago de la deuda y pagar parcialmente o la totalidad de la deuda en efectivo directamente a las personas cotizantes”, así como que el cotizante podrá solicitar, a su voluntad, el pago anticipado de la deuda o una parte de ella mediante un pago único acordado entre las partes. También se mantiene la prima extraordinaria que no podrá implicar un alza mayor a un 10% por contrato respecto de la cotización para salud de julio de 2023.

“Nunca quedamos tranquilos, estas indicaciones no resuelven el problema, pero por lo menos estamos pensando que los pacientes tengan la posibilidad de contar con la atención médica oportuna”, dijo al respecto, por ejemplo, el senador Francisco Chahuán (RN).