El preocupante lío de las 900 candidaturas “atoradas” en la justicia electoral: ¿De quién es la culpa?

Candidatas y candidatos que recién sabrán si lo son el último mes antes de la elección del 11 de abril; reclamos y presiones porque el Servicio Electoral (Servel) aún no les entrega los dineros estatales para hacer campaña -aunque ahora aprobó una fórmula para al menos pagar anticipos-, y el riesgo asociado al escaso margen que tendrá el mismo servicio para fabricar contrarreloj las papeletas de votación más extensas de su historia. El atasco sin precedentes de candidaturas que aún no son resueltas por el Tribunal Calificador de Elecciones y algunos tribunales electorales regionales ha provocado alerta transversal por sus posibles consecuencias. Y ahora que ya se sabe que en el mejor de los casos podrían terminar hacia el 4 de marzo, y que recién entonces habrá una lista definitiva de postulantes, comenzó la temporada de apuntar responsabilidades con el dedo.

Las candidaturas que aún no saben si llegarán o no a los votos alcanzan a cerca de 900 o al menos superan con mucho las 800, según reportan desde partidos políticos, el mismo Servel y otros actores. Hasta 980, dicen otras voces. El número exacto es incierto, porque por cada rol, por cada causa en litigio ante la justicia electoral, a veces hay más de un caso. Ya han pasado nueve días desde que comenzó el período legal de campaña y esta semana quedó claro que recién el 4 de marzo (un mes y siete días antes de las elecciones) el Tricel podría terminar los últimos fallos.

La fecha ya circulaba el lunes o martes, porque tres de los ministros del Tricel pidieron a la Corte Suprema que les alargara hasta el 4 la comisión de servicio. Cuando supieron eso, en el Servel se alarmaron porque calcularon que apenas tendrán tiempo para diseñar las papeletas, mandarlas a imprimir (primero hay tiraje de prueba) en un papel de tipo y gramaje especial, armar los kits con el material que va a cada zona y mesa, y enviarlos. Allá calculan que en años anteriores esa última fase ha tardado un mes, pero nunca con 800 plantillas distintas.

Y el peligro es que si con el apuro se cometen errores -que el Servel dice que nunca les ha pasado- como nombres mal impresos, fuera de la papeleta o en votos equivocados, parte de la elección podría invalidarse o ser objetada. “Lo vamos a tener que hacer igual”, dicen en la plana mayor del organismo. Pero esta es la implicancia más delicada y que más preocupa en el gobierno. Ayer se reunieron el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y el presidente del consejo directivo del servicio, Patricio Santamaría.

Antes de pasar a la discusión de por qué ocurrió todo esto, un punto. Otra de las grandes aristas de esta polémica podría comenzar a resolverse luego, aunque tarde, porque anteayer los consejeros del Servel aprobaron telemáticamente una fórmula alternativa que idearon para poder pagarle un anticipo del aporte estatal para campañas a los partidos y candidaturas independientes. Se supone que hoy están enviando las resoluciones a la Tesorería General de la República, pero los montos totales tienen que esperar al Tricel, porque Ley Nº19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, solo permite hacerlo al quinto día después de que estén las inscripciones definitivas.

Eso quiere decir que si el Tricel termina su parte del trabajo el 4 de marzo, entonces todas las platas estarían liberadas la semana del 11, apenas un mes antes de los comicios y con el periodo legal para hacer campañas ya entrando al medio tiempo. Por cada caso hay alegatos y trámites, y la sesión extraordinaria que comenzó a las 8:30 de hoy tenía 35 causas en tabla. Están trabajando los fines de semana.

El asunto de las platas ya había volcado nutridos reclamos de los partidos al Servel. Y en este punto entramos al tiroteo cruzado en busca de culpas. Una de las pocas cosas en que todos los actores están de acuerdo es que el cuello de botella en la justicia electoral se debe en parte a que nunca había pasado que se inscribieran tantas candidaturas (más de 20 mil para las cuatro elecciones, constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores), con la consiguiente proporción inédita de reclamaciones por casos rechazados y otras razones.

Dos de los partidos más golpeados serían la UDI y RN, precisamente -dicen ellos- porque presentaron más nombres. A hoy viernes, RN reporta por sobre las 130 causas aún pendientes en el Tricel (comenzaron con más de 200), casi todas de concejales. La directiva UDI da cuenta de 220 o 225 causas; durante la mañana precisaron que siguen defendiendo 210 causas, casi todas de concejales y unas pocas de alcaldes. En el PS reportan 18 casos pendientes; en la DC, unos 50.

El asunto gremialista es más dramático: cuentan que hubo candidatos que cometieron errores de inscripción, pero que a un abogado del partido se le habrían vencido los plazos de apelación. Hace dos semanas tuvieron que contratar de emergencia al abogado Germán Concha para que intentara salvar casos en el Tricel, pero en la mesa confiesan que no saben si lo lograrán. Y esto abrió otra pugna interna, porque la mesa de Javier Macaya alega que el jurista venía de la anterior administración, la de Jacqueline Van Rysselberghe.

En el Servel esta semana hubo voces que apuntaron al Tricel con las responsabilidades; en el gobierno opinan que no, porque sus cinco ministros están trabajando a todo lo que pueden. “No se previó el impacto”, sentencian en el Ejecutivo. Algo parecido creen en todos lados, pero ¿quién no lo previó? En el servicio que lidera Santamaría relatan que lo vieron venir cuando la Contraloría les avisó de un enorme caudal de personas subiendo sus declaraciones de patrimonio a su plataforma, uno de los requisitos para después inscribir candidaturas.

Parte de la polémica está anclada en el mecanismo de inscripción electrónica que habilitó el servicio, y que debutó este año tanto por la pandemia como por modernizar el organismo. Hasta entonces, el trámite clásico era que los partidos llegaran al Servel al filo del plazo fatal de la medianoche (11 de enero, esta vez) con las carpetas físicas, y que luego se encerraban allá a cumplir. Pero el nuevo sistema parece haber enredado todo.

En sencillo, consistía en que cada candidato subía a la plataforma del Servel la documentación obligada, y que los partidos ingresaban la declaración de candidaturas. Pero para cumplir antes de medianoche, varias tiendas tuvieron que comenzar muchas horas antes (algunas el día antes) para llegar a tiempo, y a veces pasaba que un postulante no había subido sus papeles todavía y quedaba fuera. Los encargados de cada colectivo seguían adelante con el resto, pero después era complicado volver atrás: en cada caso se inscribieron más de mil nombres, y muchas veces tenían que hacerlo uno por uno.

Había una función para subirlos en paquetes, pero en dos partidos cuentan que cuando lo hacían, el sistema se ralentizaba o colgaba por instantes. Pero nunca se cayó. También pasó que hubo candidatos que se inscribieron como independientes y que el sistema los reconoció, pero después resultó que habían renunciado a sus partidos fuera del plazo de la ley antidíscolos. Otros se inscribieron mal o les faltaron papeles.

La lista de tipos de problemas que hubo es larga y muchos de estos casos después se judicializaron ante los TER o tribunales electorales regionales, activando una cadena de apelaciones y recursos que subieron y bajaron desde y hacia el Tricel. Muchos recursos apuntan al Servel, pero también varios partidos -así como luchan por salvar a su gente- han aprovechado la tole-tole para bajar a rivales de otros impugnándolos.

El enredo hizo que el Servel extendiera en enero un plazo de tres días para que las y los afectados pudieran resolver “aspectos administrativos y formales”. Esa es otra historia.

En los partidos políticos dicen que es mala idea pelearse con el Servel entrecomillas, así que esto lo cuentan fuera de ellas. Culpan al servicio de que el sistema era demasiado engorroso (algunos dicen que no era para tanto) y que por lo bajo había que pasar por 10 pasos distintos y una batalla con clics ante la pantalla, incluyendo una enésima confirmación final. Alegan que se les debió capacitar mejor.

En el Servel, medio molestos, alegan de vuelta que sí se les capacitó, pero que el problema fue que no todos los partidos participaron de eso, así que ahora no vale reclamar. Y que no atrasaron esto porque cumplieron con los plazos. De vuelta les enrostran que el servicio dejó que se judicializaran muchos casos.

En el Servel insisten en que esto nunca había pasado (”nunca pensamos que sería así”) y que tal vez se pudo mejorar el sistema o tomar más medidas, pero niegan que ellos tengan que cargar con el peso de las culpas de este proceso: apuntan a los partidos. Sí reconocen errores puntuales en algunas causas. Otras voces del Tricel también apuntan a los partidos. Pero en las colectividades y entre algunos abogado que los asesoran recalcan que las culpas están en el servicio.

El gobierno le ha ofrecido al Tricel ayuda para tratar de apurar los tiempos. E insisten en que “nadie quiere andar corriendo para no arruinar esto”.