El problema de haberse fugado: ¿Por qué quedó libre Urenda y no Garay, si el monto de estafa es mucho mayor?

Una de las imágenes que quedará en la retina del colectivo es la fotografía del ex dueño del holding financiero de Intervalores, Gabriel Urenda, hijo del fallecido ex senador UDI, Beltrán Urenda, abriendo sus brazos para ser revisado por guardias en su ingreso al Centro de Justicia de Santiago.

El empresario fue formalizado en una maratónica audiencia que se extendió por seis horas y en la cual el Ministerio Público le imputó los delitos de infracción a la Ley de Mercado de Valores, apropiación indebida y estafa. Así como entró, salió del recinto judicial. Sin prisión preventiva, solo con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La magistrada Daniela Guerrero del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, desestimó los argumentos del fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda,  así como de los cerca de 20 abogados querellantes y las víctimas que exigían que se decretara la inmediata prisión preventiva en contra de Urenda.

¿Por qué Urenda quedó con arresto domiciliario y Rafael Garay sujeto a prisión preventiva cuando ambos fueron formalizados por estafa?

Para entender las diferencias, a Urenda la fiscalía le imputa una defraudación que puede superar los $10.000 millones y en el caso de Garay el monto estafado alcanzó a $1.300 millones. Pero, en el caso de Urenda, el tribunal concluyó que "no se encontró justificada la solución de decretar la medida cautelar de prisión preventiva". Más aún, para el tribunal "en realidad no existe motivo alguno para considerar que existe peligro de reiteración, el que está vinculado en general a las personas que previamente han delinquido, en la especie el imputado mantiene irreprochable conducta anterior".

Evidentemente tras la audiencia la molestia de los querellantes no se hizo esperar. Panor, azucarera que depositó millonarios montos a Intervalores, contabilizando en total US$1,5 millones cuestionó la resolución del tribunal, que desestimó dejar en prisión preventiva a Urenda.

Ricardo Reveco socio de Carey y abogado de Panor sostuvo que "la Magistrada estimó que Urenda no debía ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, entre otras razones, debido a una interpretación de la gravedad del delito, que es uno los criterios que entrega la ley para evaluarla, que no compartimos".

"La gravedad no puede solo evaluarse de manera abstracta (por la pena que la ley asigna al delito), sino que también debe hacerse en concreto: es decir, debe tomar en consideración el número de víctimas afectadas, el número de delitos que se le han imputado, el modus operandi utilizado, y el perjuicio o el mal causado, que en este caso, no es sólo económicos sino que ha afectado la calidad de vida de las personas y la confianza en la instituciones financieras. En la resolución de la Magistrada, estos factores no fueron tomados en cuenta", concluyó el querellante.

Mientras para el abogado Ignacio Ried, asociado de Bofill, Mir & Álvarez Jana, representante del ex gerente comercial de la corredora del grupo Intervalores, Sebastián González,  la situación judicial de Garay no es comparable con la de Urenda, porque para concederse una prisión preventiva un juez debe considerar  si el delito existe, si el imputado tuvo participación en él y si existe peligro de fuga.

"En el caso de Garay era evidente que la única medida era la prisión preventiva, porque antes se había fugado a Rumania y hubo que traérselo devuelta, pero en el caso de Urenda, él siempre ha estado disponible en la investigación. Ha declarado. No se ha fugado. Compareció a la audiencia", sostuvo Ried.

Por otro lado, las víctimas de Garay son 36, mientras que las de Urenda suman 68. Es decir las victimas de Urenda son casi el doble que las de Garay.

Cristián Ramírez, abogado querellante socio de O'Ryan, Ramírez y Wigg, sostuvo que "la gran diferencia es que Garay se fugó de la justicia y esa es la gran diferencia, porque lo tuvieron que extraditar. Acá el monto mayor es solo de una empresa. La jueza da entender que en cuanto al mayor de los montos estafados existen asuntos que aún no están determinadas".

Entre abogados especialistas de litigios complejos, el actual Código Penal establece rangos de penas muy bajos para los delitos vinculados a estafas. No hace diferencias sobre los montos para fijar la gravedad de la pena. Más aún, es muy inusual que un imputado por estafa sin antecedentes previos quede sujeto a prisión preventiva.