El seminario en que Marco Antonio Ávila y Raúl Figueroa marcaron sus contrapuntos sobre subvención escolar

Si bien no era la primera vez que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y su antecesor Raúl Figueroa se veían las caras, sí fue su primer encuentro público, luego del frustrado cara a cara que en febrero había pretendido la fundación del expresidente Piñera.

Todo se dio este jueves en el contexto del seminario “Modernizar la SEP: un aliado para la reactivación educativa”, organizado por Pivotes y la Universidad Adolfo Ibáñez, donde además estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Educación del Senado, José García Ruminot (RN); Mauricio Farías, superintendente de Educación; Harald Beyer, rector de la institución y exministro de Educación; Valentina Quiroga, exsubsecretaria de Educación, y Sebastián Izquierdo, exsuperintendente de Educación.

“Sé que ha habido distintas posturas”, señaló en un momento de su discurso de bienvenida el rector Beyer, quizás en una suerte de aviso de lo que vendría.

Y es que, en efecto, luego llegó la alocución del ministro Ávila, quien fue claro en su visión en torno al modelo de subvención escolar que se tiene en Chile. “Si nosotros no cambiamos el modelo de subvención, donde un niño en Coyhaique que usa calefacción durante seis meses al año vale lo mismo que un niño que está en Santiago, claramente no vamos a resolver el gran problema”, dijo.

Así, añadió que “avanzar en una subvención basal sería ideal, donde pudiéramos financiar proyectos educativos que estuvieran asociados a su amplitud o cantidad de estudiantes considerando variables territoriales”. Y sumó: “De verdad que parece sorprendente que en tantos años, sabiendo que nuestro país es tan largo y diverso, no hayamos hecho un acuerdo transversal para cambiar un modelo de subvención en donde sabemos que hay crisis”.

“No podemos financiar de la misma manera a todos los establecimientos educacionales. Quienes viven en ruralidad y tienen menos recursos son obviamente sectores vulnerables, indígenas, que tienen una segunda discriminación a propósito de esta variable territorial”, cerró al respecto.

Este fue el primer gran contrapunto entre ministro y exministro. Y es que, aunque Ávila ya se había retirado del seminario por otros compromisos en su agenda, Figueroa dejó clara su postura minutos más tarde: “Chile efectivamente tiene que tener un debate profundo sobre su sistema de financiamiento, pero no puede ser maniqueo ese debate”, aseguró, antes de ejemplificar con que hoy se tiene “un problema gravísimo de la asistencia y resulta que todos los males de la humanidad en el financiamiento son porque se paga por asistencia. Yo no comparto esa lógica”.

“Hay un incentivo muy concreto a que si se paga por asistencia es probable que se tomen acciones a nivel local para que más niños asistan. Si ese mecanismo tiene imperfecciones, bueno, veámoslas y corrijámoslas, pero instalar una lógica muy binaria y a mi juicio maniquea de que todos los problemas del sistema escolar están porque se paga por asistencia, creo que es un error y, por lo tanto, hay que ir despejando eso”, sumó, antes de cerrar con que “ese discurso de ‘Chile lleva 15 años sin mejorar en la educación porque se paga por asistencia’ no calza y hoy genera una distorsión tremenda en lo que se quiere comunicar: tenemos problemas de asistencia grave y estamos diciendo de que hay que erradicar los incentivos a la asistencia. Parece un contrasentido que no corresponde al menos hoy en el debate”.

El segundo tema en que se marcaron diferencias fue en el eje central del seminario: el proyecto de ley que busca flexibilizar la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el que fue ingresado en el gobierno de Sebastián Piñera y que se encuentra en segundo trámite constitucional, aunque el Mineduc actual le introducirá indicaciones prontamente.

“Hemos trabajado en conjunto para las indicaciones que vamos a presentar la primera semana de junio al proyecto presentado por el Presidente Piñera que flexibiliza la SEP. Nosotros no creemos que ese proyecto deba mantenerse igual, vamos a poner indicaciones porque nos parece que tiene que tener algunos cambios que efectivamente den cuenta de lo que hemos observado respecto de esta subvención”, dijo Ávila en su discurso inicial, quien, a pesar de verle deficiencias, reconoció “el aporte” que significó la SEP, además de valorar “los esfuerzos que se han hecho por flexibilizar la SEP en dos oportunidades -terremoto y pandemia-. La flexibilización puede ser una buena herramienta”.

Sobre esto, Figueroa también fue claro: “Es peligroso tomar ciertas herramientas, distorsionarlas, que puede ser, pero es un proyecto distinto. La transparencia en el debate es vital para poder avanzar”, antes de añadir que “si es urgente, despachémoslo rápido en términos de cuáles son los objetivos, pero si no hay consenso en cuáles son, hay que ponerse de acuerdo y las mejores herramientas para conseguirlos”. Y se preguntó: “¿Qué buscaba este proyecto? Entregarles a los establecimientos los niveles de autonomía para gestionar de la mejor manera sus proyectos educativos”.

Pero, además, antes ya había dicho que “todos le metemos la lógica del sentido de urgencia y es medio paradójico: este proyecto se presentó a mediados de 2019, se aprobó en la Cámara de Diputados después de un trabajo legislativo bien intenso y la verdad es que por razones políticas se bloqueó sistemáticamente”.

“No recuerdo quién era presidente de la comisión en ese tiempo, si la senadora Provoste (DC) o el senador Quintana (PPD), pero ese proyecto estuvo sistemáticamente con discusión inmediata durante más de seis meses y si hablamos de sentido de urgencia, no era tan urgente para todos. O era urgente generar reacciones políticas”, agregó, al tiempo de señalar que entregaron el gobierno con ese proyecto todavía con discusión inmediata “y nunca más se discutió durante 2022 y lo que va de 2023, entonces parece que no es tan urgente”.

En esa segunda parte del seminario, en un panel de análisis, se conversó, entre otras cosas, sobre el rol del convenio SEP para los colegios; el escenario de los saldos que han quedado sin ejecución por parte de las escuelas; las principales trabas burocráticas; y cuáles debieran ser los niveles de flexibilización que se debe entregar a los colegios.