El test de drogas (y la ofensiva de la UDI y Jiles) que incomoda a la Cámara de Diputados

Un incómodo debate se dio el lunes pasado al inicio de la sesión de la Cámara, cuando el diputado UDI Juan Antonio Coloma pidió votar el miércoles en primer lugar de la tabla el reglamento que aplicaría un test de drogas a los miembros de la corporación.

Este examen se transformó en norma legal, al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Sin embargo, para su implementación requería de un reglamento específico, que hasta la fecha aún no está elaborado.

“Se destinarán recursos para exámenes de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización, contempladas en la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que se realizarán en forma aleatoria y semestral a los diputados en ejercicio”, dice la disposición que fue aprobada por 108 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, en noviembre de 2021.

El problema es que el test se iba a aplicar semestralmente, por lo que dada la demora del reglamento -que aún está en manos de la Comisión de Constitución- y la cercanía de la mitad del año, se estaría incumpliendo una disposición legal.

Precisamente ese ha sido uno de los argumentos del diputado Coloma para presionar a la mesa de la Cámara -que encabeza el PPD Raúl Soto- con el fin de agilizar el reglamento y darle una prioridad esta semana.

Sin embargo, en la sesión del lunes, el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez no dio la unanimidad de la sala para que el tema pasara del tercer al primer puesto de la tabla. La postura fue refrendada por la legisladora de Comunes, Emilia Schneider.

Entre los argumentos del Frente Amplio para oponerse al cambio de la tabla estaba el hecho de que el miércoles estaba en primer lugar de discusión el proyecto que sanciona la discriminación en los establecimientos educacionales por temas de identidad sexual y de género, materia considerada prioritaria para los parlamentarios de esa coalición.

No obstante, la negativa fue interpretada por otros legisladores como un intento más para dilatar la aplicación de los test de drogas.

“Dos diputados, Diego Ibáñez y Emilia Schneider, se oponen a poner en primer lugar de tabla la obligación de someterse a test de drogas para todos los parlamentarios... La ciudadanía exige saber qué diputados son consumidores, como se aprobó en ley que presenté para eso”, dijo la diputada independiente Pamela Jiles, quien personalmente es una declarada opositora al consumo de drogas.

Desde el Frente Amplio no quisieron responderle a Jiles y el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), pidió pasar a otro tema en la sala.

Aunque algunas bancadas prefieren que el test de drogas no se transforme en tema de discusión pública dentro de la Cámara, hay varias consideraciones que inevitablemente tensionarán a los diputados.

Además de ser una materia que podría exponer la vida privada de los legisladores, otro de los factores es si este examen “aleatorio y semestral”, según la ley, tendrá un carácter obligatorio.

Otro punto de discordia será si el examen será de saliva, orina o pelo. Este último es el que tiene un mayor rango de detección del consumo de estupefacientes o psicotrópicos.

“Cuando se aprobó esta indicación, solo hubo tres abstenciones. Todo el resto votó a favor. Yo espero que logremos aprobar esta modificación reglamentaria, estableciendo un test que, además de ser obligatorio, semestral y aleatorio, sea un test de pelo para dar la tranquilidad a la gente que se están haciendo las cosas de manera correcta”, dijo Coloma a La Tercera PM.

Uno de los partidarios de aplicar el testeo es el diputado PS Leonardo Soto, quien incluso, a modo de transparencia, propuso aplicar el mismo reglamento del Decreto Supremo 1215 de 2006, promulgado bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, que estableció un testeo obligatorio a funcionarios públicos. “No tenemos por qué hacernos un traje a la medida”, explicó Soto.

El diputado Hernán Palma (PH), quien es médico de profesión y se ha especializado en temas de salud mental y rehabilitación de drogas, comentó que es partidario de que el tema sea voluntario y no obligatorio, ya que una eventual drogodependencia debiera abordarse de manera más integral, por lo que un test no es suficiente. “Las personas con drogodependencia tienen repercusiones psicosociales, es decir, no van a trabajar, tienen problemas familiares, problemas físicos. También habría que partir del supuesto de que las personas drogadictas tienen una patología de base o una patología psiquiátrica severa”, comentó.

Además del punto de vista constitucional, algunos legisladores comentan que un diputado goza de fuero y no podría ser obligado a someterse a un procedimiento con el que no esté de acuerdo. Y, en caso de someterse, los resultados del examen debieran ser reservados, según derechos en materia de salud.

La diputada independiente Ana María Gazmuri, quien ha sido activista para despenalizar el consumo de la cannabis, dijo que la arremetida era “una forma liviana” de abordar el tema. “Hay un examen de droga que tiene como finalidad una multa. El argumento que se da es que permitiría detectar a los parlamentarios que tienen compromisos con narcotraficantes... La inmensa mayoría de los consumidores de cannabis cultivan precisamente para no tener ese contacto con los traficantes. Esto está en el ámbito de la soberanía personal”, añadió la parlamentaria, quien sugirió que si se quiere buscar un vínculo con el narcotráfico deberían aplicarse mejores medidas, como abrir las cuentas bancarias.

En tanto, la Comisión de Constitución de la Cámara acordó votar en dos semanas más el reglamento que busca aplicar un examen de estupefacientes y psicotrópicos a los legisladores. En caso de que la propuesta se apruebe, se votaría el miércoles 28 de junio en la sala.

En la instancia el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, propuso que el sistema fuera aleatorio, pero estaría configurado para que todos los diputados se hagan el examen, que tendría carácter obligatorio, al menos una vez dentro del período legislativo. Según la propuesta, quien se resista sería multado, pero no se le aplicaría ninguna sanción mayor, ya que el fuero protege al parlamentario frente a sanciones más drásticas como una eventual destitución.

Landeros, además, propuso que el testeo sea reservado, en virtud de las normas sanitarias, lo que fue objetado por la diputada Jiles.

La resolución respecto de estos temas, sin embargo, quedará para finales de junio.