El último intento de la exalcaldesa Karen Rojo para evitar la cárcel ante la Suprema

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, se aferra a la última palabra de la Corte Suprema para evitar la cárcel.

La exjefa comunal -independiente pro UDI- fue condenada a una pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por fraude la Fisco. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta, instancia que determinó que la pena deberá cumplirse de manera efectiva. Rojo fue acusada por el Ministerio Público por la contratación del asesor comunicacional José Miguel Izquierdo y su empresa MAIN Comunicaciones para mejorar su imagen, pagando estos servicios con fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Todo comenzó con una denuncia que realizó el concejal Eduardo Parraguez en el año 2016 ante la Contraloría General de la República. Luego de esto, dos concejales se querellaron, sumándose posteriormente el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que tiene por misión de proteger el patrimonio del Estado de Chile.

El pasado 28 de enero, Rojo presentó un recurso de nulidad, acusando una serie de irregularidades que habría cometido el Ministerio Público durante la investigación. Su defensa acusó que el persecutor nunca escuchó la versión de la exalcaldesa ni fue citada a declarar. En efecto, seis meses después de iniciada la investigación, su abogado Jorge Bofill, socio de Bofill Escobar Silva, le pidió al fiscal que citara a declarar a su cliente, pero esto no ocurrió.

En el escrito de nulidad, que cuenta con 86 páginas y fue declarado admisible por la Corte Suprema, su defensa no solo cuestiona duramente a la Fiscalía -que, consultada sobre los cuestionamientos declinó efectuar comentarios-, sino que también apeló a la irreprochable conducta anterior de la exfuncionaria pública. No obstante, insistió en que la investigación que desarrolló el Ministerio Público “no fue racional ni justa, ni ajustada al principio de objetividad”.

“Nelson Cea, policía a cargo de la investigación, admitió haber hecho suya la versión de tres testigos con clara animadversión contra Karen Rojo, cuyos sesgos el fiscal no investigó. El mismo señor Cea admitió en juicio que no conocía hechos claves de la investigación y que, en algunos casos, simplemente no investigó”, consignó el libelo, cuya defensa es también integrada por los abogados Sebastián y Joao Bofill.

A ello se suman las declaraciones de “múltiples testigos, como Andrea Soza, Patricia Meléndez, Verónica Espinoza, Ingrid Moraga y Carlos Correa”. “Ellos describieron conductas irregulares y presiones indebidas durante sus declaraciones ante el detective”, indica el texto. Esto motivó una querella por obstrucción a la investigación y abusos contra particulares en julio de 2018. En julio de 2020, el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar en esa causa. “Es decir, solo un mes después del cierre de la investigación y presentación de la acusación en la causa seguida contra doña Karen Rojo Venegas, y algunos meses antes de la Audiencia de Preparación de Juicio Oral. Obviamente, al Ministerio Público no le convenía que su testigo fuera culpable de ese delito”, consignó el escrito de nulidad.

Ante la Corte Suprema, la defensa de la exedil solicitó, como primera instancia, que se anule el juicio y se realice un nuevo litigio en un nuevo tribunal no inhabilitado, debido que “la investigación desarrollada por el Ministerio Público no fue ni racional ni justa, ni se ajustó al principio de objetividad”.

En caso de acogerse lo anterior, sus abogados solicitaron que se condene a la exalcaldesa como autora del delito de malversación de fondos públicos, imponiéndole la pena 61 días de suspensión del empleo en su grado mínimo. Y en caso de que esto último no sea acogido, su defensa solicitó que sea condenada como autora del delito de fraude al Fisco y que se imponga la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, la cual sea sustituida por la pena sustitutiva de libertad vigilada.

A ello se suma la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por 3 años y 1 día. Además de la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Asimismo, que se le imponga una multa ascendente al 10% del perjuicio causado, equivalente a $ 2.372.243.

En el escrito, la defensa de la exalcaldesa también cuestionó la estrategia de la fiscalía de “fabricar” imputados a testigos que declararon en contra de Karen Rojo y los restantes acusados. A modo de ejemplo: el 9 de junio de 2020, José Miguel Izquierdo compareció en calidad de testigo y ratificó su declaración de enero de 2019, señalando que fue en esa ocasión –y no en sus dos declaraciones anteriores– cuando decidió “contar la forma que se realmente se produjeron los hechos”.

Izquierdo, en la investigación, declaró que “él fue contratado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) para revertir falencias comunicacionales de índole interna y externa y que nunca había prestado servicios a la Municipalidad de Antofagasta o Karen Rojo”.

Sin embargo, en el juicio oral declaró que “[A] su entender, el trabajo en la CMDS parte de lo mismo, de la posibilidad de reelección del 2016. A su entender, el trabajo en la CMDS formaba parte del acuerdo inicial, que era posicionar a la alcaldesa. Desde su asesoría, las decisiones en la CMDS se tomaban con un enfoque político, con miras a que Rojo fuera reelegida”.

“Y José Miguel Izquierdo no fue el único testigo fabricado por el Ministerio Público mediante la oferta de convertirse en un testigo de cargo en contra de Karen Rojo y los restantes acusados. Algo similar ocurrió con Mauro Robles, también imputado en la investigación original, a quien la fiscalía le concedió igualmente una suspensión condicional del procedimiento. Por supuesto, lo hizo después de declarar en contra de doña Karen Rojo, sin considerar que él había declarado cinco veces antes durante la investigación, con versiones contradictorias”, remató la defensa de la ex alcaldesa.

El 18 de junio de 2018 se realizó la audiencia de formalización de la exalcaldesa y otros dos asesores. Aquí, el fiscal Cristián Aguilar -a cargo de la indagataria- entregó un detallado relato de los hechos.

Según sus palabras, en agosto de 2015, la alcaldesa Karen Rojo junto a otras personas se reunió con el gerente de Asuntos Públicos de CADEM, Roberto Izikson, con la finalidad de que la empresa realizara una encuesta que midiera el grado de adhesión que tenía la jefa comunal para una posible reelección en las elecciones municipales, las que se efectuarían en el mes de ocubre de 2016 en Antofagasta. La entonces edil contrató el servicio por el que cual se pagó 40 UTM, dijo el fiscal.

La encuesta arrojó un resultado desfavorable a sus intereses, puesto que la ubicaba en el tercer lugar de aprobación. Ante esto, la alcaldesa se volvió a reunir con Izikson para evaluar cómo revertir dicho escenario ante las votaciones. Según la fiscalía, el ejecutivo de CADEM sugirió a la alcaldesa que se debía contar con una asesoría política externa, “proponiendo a José Miguel Izquierdo”, dijo el fiscal Cristián Aguilar en la audiencia.

La última semana de septiembre de 2015, la alcaldesa se reunió con Izquierdo, quien manifestó su disponibilidad para apoyarla. En su propuesta de trabajo -dijo el fiscal- Izquierdo destacó que se debía crear una plataforma política para obtener respaldo de stakeholders relevantes. Además de construir el relato de identidad de la alcaldesa que debía guiar toda la gestión. Asimismo, se debía establecer una marca y estilo valorada por la población. Por último: formar un equipo de gestión y comunicacional coherente y eficaz. La duración del contrato era de seis meses y cada vez tendría un valor de 90 UF, costo que no incluía viajes a Antofagasta.

Según el fiscal, “esta propuesta de Izquierdo de asesoría política y comunicacional fue acogida por Karen Rojo y dada la imposibilidad de contratarla directamente por la municipalidad, optó por forma deliberada por hacerlo por medio de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, que es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, siendo su función la asistencia social que realiza por medio de la administración y operación de los servicios traspasados por la municipalidad de Antofagasta, cuyo origen corresponde a recursos fiscales que recibe del Ministerio de Educación y Salud”.

Según acusó en dicha oportunidad la fiscalía, Edgardo Vergara Montt, secretario general ejecutivo de la CMDS, y Héctor José Gómez Salazar, administrador municipal de Antofagasta, se concertaron con la exalcaldesa Karen Rojo para utilizar los fondos de la CMDS y pagar los servicios de la asesoría comunicacional.