Emiliano Arias en su hora final: 14 supremos decidirán su permanencia en el Ministerio Público

Mañana viernes, 9.00 horas, en el salón de honor de la Corte Suprema. Esas son las coordenadas del último capítulo del proceso de remoción que inició el fiscal nacional Jorge Abbott en contra del suspendido persecutor regional de O'Higgins Emiliano Arias. La historia, que partió formalmente a fines de septiembre, comenzó por una denuncia que hizo pública el fiscal Sergio Moya en abril del año pasado.

Moya, quien fue cercano a Arias cuando estuvo al mando de la fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua —y que también enfrenta sumarios en su contra y es imputado en el caso de la fallida Operación Huracán—, dio a conocer una serie de presuntas irregularidades en la tramitación de algunas causas que estaban a cargo de esa jurisdicción. Los hechos reportados fueron una verdadera bomba para Arias. Y la reacción llegó de inmediato: Abbott abrió un sumario y se lo encargó al fiscal Alberto Ayala.

Cinco meses después, Ayala formuló cinco cargos en contra de Arias agrupados en 15 hechos. Y luego Abbott tomó la propuesta del jefe de la fiscalía de Antofagasta y decidió suspender a Arias de su cargo y abrir un proceso ante la Corte Suprema para sacarlo de forma definitiva del Ministerio Público.

En la petición de remoción ingresada por la Fiscalía Nacional se pretende comprobar la existencia de dos causales para dar cauce a la destitución: mal comportamiento y negligencia manifiesta. Abbott presentó ocho hechos para la primera causal y cuatro para la segunda los que habrían ocurrido entre 2016 y 2019:

Una entrevista concedida a La Tercera en agosto de 2016 sin informar a la Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional.

Iniciar una investigación penal, de la cual Arias era víctima (delito de "grabación ilegal" art. 161-A del Código Penal), sin informar a la Fiscalía Nacional.

Dar entrevistas a múltiples medios sobre los incendios ocurridos en entre el 14 de enero y el 6 de febrero de 2017.

Realizar un encuentro en la comuna de Pumanque con víctimas de incendios, donde habría dado a conocer detalles de la investigación en curso por los incendios ocurridos en la zona durante el verano de 2017.

Solicitarle a su secretaria extraer una ficha SAO y enviársela a su cuñado, quien posteriormente la adjuntó en una denuncia realizada en el OS-7 de Carabineros.

No informarle a la Fiscalía Nacional sobre una investigación penal abierta en la fiscalía de Puerto Montt, por delito informático de extracción de ficha SAO.

Pedirle a un abogado de su fiscalía "corroborar" si en la carpeta investigativa del caso Iglesia había una carta enviada por el obispo emérito Alejandro Goic al cardenal Ricardo Ezzati, la cual apareció publicada en un reportaje en El Mercurio en julio de 2018.

Ordenarle a la unidad de alta complejidad de su fiscalía no prestar apoyo a la fiscal Marcia Allendes en la investigación del caso Caval.

Infringir normas sobre "uso de vehículos fiscales" al enviar a su chofer a comprar codornices.

Entre 2017 y 2019, asistir solo a 4 de 9 reuniones del Consejo General de Fiscales.

No iniciar investigaciones administrativas o penales por filtración de carpetas a medios de comunicación: una a Canal 13 sobre una boleta de Sebastián Dávalos relacionada al caso Caval y otra sobre la carta de Goic publicada en El Mercurio.

El hecho que tiene que ver con la extracción de la ficha SAO tiene también una arista penal. En agosto el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, formalizó a Arias por los delitos de violación de secreto e ilícitos informáticos. Sin embargo, su defensa argumenta que no hubo intención de favorecer a algún familiar ya que la información fue utilizada para denunciar al implicado quien posteriormente fue detenido.

Mañana el pleno de la Corte Suprema, que contará con la presencia de 14 ministros, escuchará los alegatos de ambas partes. Marisol Peña alegará en nombre de la Fiscalía Nacional por 45 minutos y Cristóbal Osorio tendrá media hora para desplegar la defensa de Arias y convencer a los magistrados de que no den curso a la solicitud. Consultado por lo que se viene mañana, Osorio respondió que "todos nuestros argumentos serán conocidos primero por el Pleno de la Corte Suprema, luego podremos reflexionar con calma".

El último antecedente que hubo respecto de este caso no dejó en una muy buena posición a la Fiscalía Nacional. A fines de diciembre se llevó a cabo la presentación de pruebas testimoniales ante el máximo tribunal. El encargado de recibirlas fue el ministro Mauricio Silva Cancino. En esa ocasión, la defensa de Arias aprovechó la instancia para constatar supuestas contradicciones en las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Una de ellas, por ejemplo, apuntaba a dejar claro que ante el hecho imputado a Arias sobre no haberle informado "a la Fiscalía Nacional sobre una investigación penal abierta en la fiscalía de Puerto Montt, por delito informático de extracción de ficha SAO", eso no sería efectivo. Osorio argumentó que en aquel momento el suspendido persecutor de O'Higgins reportó la información al exfiscal Pablo Gómez, quien según consta en documentos del Ministerio Público, estaba subrogando al fiscal Abbott.

Ante esa arremetida de la defensa de Arias, la abogada Peña aseguró en ese entonces que "estamos frente a un proceso de carácter constitucional, por lo tanto entrar a revisar el mérito de lo que ha sucedido en procesos administrativos concluidos es algo absolutamente innecesario". Sin embargo, de todas maneras hubo cierta disconformidad con el desempeño de algunos de los testigos que llevó la Fiscalía Nacional, sobre todo con el fiscal Ayala, quien no logró contestar bien las contrapreguntas de la defensa.

Todos esos detalles están siendo analizados por los supremos desde enero y varios de ellos, según fuentes judiciales, notaron algunas debilidades en las pruebas presentadas. Sin embargo, dicen las mismas fuentes, la causa se verá "en su mérito" y analizando el peso de las causales invocadas. Un punto que podría jugar en contra de Arias son los costos de haber hecho público, y de forma muy "dura", el caso de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua y que fue un golpe fuerte para el Poder Judicial durante el año pasado. También, otras fuentes, señalan que podría querer darse una señal a los fiscales de que las filtraciones deben ser sancionadas.

Al interior del Ministerio Público el caso tampoco ha pasado desapercibido. Incluso algunos fiscales regionales han comentado de manera privada que en caso de que Arias no sea removido del Ministerio Público, la situación será muy incómoda para los persecutores. Para ejemplificarlo ponen el caso de los Consejos Generales de Fiscales, donde van todos los persecutores regionales y se tratan varios asuntos relevantes y sensibles para la fiscalía. Además sería un golpe para Abbott, por no lograr imponer su postura ante el máximo tribunal. Sin embargo, cercanos a Arias comentan que de permanecer en la fiscalía, estaría analizando la opción de renunciar al Ministerio Público.

Sea cual sea el escenario, la última palabra la tendrán los supremos.