Equitas asesta golpe: Súper de Quiebras inicia investigación contra liquidador

La batalla del fondo Equitas -administrado por Cristián Shea y Vicente Pérez- no para y su estrategia comienza a dar resultado. A fines de marzo, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) abrió un proceso de sancionatorio en contra del liquidador de la empresa maderera Innovaciones Forestales (IF) de Concepción, Felizardo Figueroa. Ello luego que hace un año, la propia Equitas presentara una denuncia ante el regulador.

Para el fondo, Figueroa habría tenido un actuar negligente que terminó afectando a los acreedores de la quiebra en la recuperación de los fondos extraídos de manera ilegal por la administración de IF. Esto último generó que la fallida maderera (IF) administrada por el liquidador se desistiera de las cuatro demandas de restitución de pagos en contra los factoring Finameris Servicios Financieros, Primus Capital, Penta Financiero y Nuevo Capital.

El origen de esta denuncia por parte de Equitas en contra del liquidador Figueroa tiene su origen en febrero de 2018. El día 8, en una junta de acreedores, Banco Security consultó al liquidador por los costos de los servicios del abogado Mario Rojas, quien -en representación de IF- presentó las demandas contra de los factoring. Ante la consulta, Figueroa dijo no recordar el modo de pago. Sin embargo, para Equitas, Felizardo Figueroa sí sabía que los honorarios estaban pagados. A ojos de la empresa, frente a la incertidumbre de los costos legales, la junta optó por aprobar el desistimiento de las acciones judiciales en contra de los factoring por el alto costo que significaría continuar con la arremetida judicial.

Para Equitas, si no hubiera existido tal desistimiento, la fallida compañía habría contado con $2.700 millones que habrían servido para pagar a los acreedores en línea con el plan de refinanciación del fondo sobre Innovaciones Forestales.

"Felizardo Figueroa no ha actuado de buena fe, o en cualquier caso, ha actuado con una negligencia inexcusable en los hechos que han sido denunciados", sostuvo en su denuncia Equitas ingresada a la Superintendencia por sus asesores legales del estudio Carey.

El escrito también advirtió que el propio liquidador posteriormente reconoció que los honorarios del abogado sí estaban pagados en la junta de acreedores del 22 de mayo de 2018. Pese e ello, presentó igual el desistimiento de los procesos judiciales el 31 de julio de 2018.

Para Equitas la debacle de IF surge luego de una estafa que cometieron el dueño de Forestal Los Acacios, Renato Pinto, proveedor de madera, con gerentes y ejecutivos de la forestal, quienes formaron un esquema para realizar operaciones ilegales, a través de la factorización de facturas que ya están debidamente pagadas.

Frente a las acusaciones de Equitas, el aludido liquidador Felizardo Figueroa respondió a La Tercera PM: "solo le puedo decir que he obrado con la verdad y pienso que mi actuar y documentos que respaldan mi actos son elocuentes".

"No se debe olvidar usted que se trata de una liquidación cuyos pasivos superan los 6.000 millones de pesos y los activos no serán más de 200 millones. También es importante señalar que el veedor de este proceso fue suspendido por la Superintendencia", recalcó el denunciado.

El liquidador aseguró que no ha infringido ninguna norma ni "estándar de diligencia" respecto a este tema, toda vez que informó, a su juicio oportunamente, lo relacionado a los honorarios del abogado Mario Rojas. Este consistía en la existencia de un contrato de honorarios y los valores señalados en dicho instrumento, lo cual solamente debía ser informado a la Junta Constitutiva de Acreedores a modo referencial,y no como antecedente determinante para la adopción de acuerdos.

"Si los honorarios se encontraban o no pagados, no era procedente señalar porque tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, al suscrito nunca le han exhibido antecedentes, documentos, trasferencias o instrumentos de pago que acredite que efectivamente se encontraban pagados", remató.

En el proceso sancionatorio, el liquidador arriesga una censura por escrito o un multa de 1 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.