“Es una flagrante violación de su libertad”: defensa de Cheyre pide revocar su prisión y tilda de “erróneo” procesamiento de jueza Rutherford

Graves vulneraciones a las garantías de su cliente son las que manifestó en un recurso de amparo ante la Corte Marcial la defensa del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien fue procesado y detenido el martes 25 de octubre en el marco de la indagación que lleva la ministra en visita Romy Rutherford por el uso irregular de gastos reservados en la institución castrense.

En el escrito de 10 carillas, al cual tuvo acceso La Tercera PM, el abogado Jorge Bofill expone que la resolución donde la jueza formalizó el procesamiento y aprehensión de su representado, constituye una “infracción de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y las leyes”, por lo que sería competencia del mencionado tribunal, advierte, “adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mi representado”.

“El auto de procesamiento es ilegal y arbitrario, toda vez que, mediante ella, la ministra en visita extraordinaria se erige en una verdadera comisión especial que dispuso la aprehensión de mi representado sin tener jurisdicción para ello y, además, se funda en graves errores de hecho y de derecho, por lo que no satisface las exigencias del Código de Procedimiento Penal”, enfatiza el profesional.

Entre los “errores” que advierte la defensa, se expresa que en el procesamiento, Rutherford justifica la imputación dando cuenta de que “entre el 9 de marzo de 2006 y el 9 de marzo de 2018 los Comandantes en Jefe del Ejército –cada uno en su periodo– procedieron a instruir verbalmente a quienes se desempeñaban como Directores de Finanzas del Ejército, para que de los recursos fiscales dispuestos por concepto de ‘Gastos Reservados’, hicieran entrega al jefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, en forma parcializada y según requerimiento verbal, a lo menos trimestralmente, de una cantidad que en total ascendió a la época a 11.552.829.859″, lo que dejaría fuera a su cliente, porque él justamente fue cesado en el cargo el 9 de marzo de 2006, por que a la fecha del periodo analizado por la ministra, él no tenía en sus manos el manejo de fondos públicos.

Como a juicio de los abogados del excomandante en jefe el auto de procesamiento no se erige en un delito militar, en un delito ocurrido en territorio ocupado militarmente y tampoco en un ilícito común atribuido a Cheyre en tanto militar, afirman que al arremeter en su contra, la magistrada “excedió su competencia y, al someter a proceso y, consecuencialmente, disponer la aprehensión de mi representado, se erigió en una verdadera comisión especial respecto de este, en violación de lo dispuesto en la Constitución Política de la República”.

Así las cosas, recalcaron que “al encontrarse mi representado privado de libertad, no estamos, solamente, ante un asunto de jurisdicción y competencia, sino de una flagrante violación de su libertad personal por una resolución emanada de una autoridad que no tiene facultad de disponerla o expedirla”.

Piden, por tanto, que se declare nulo el procesamiento -con lo cual Cheyre quedaría en libertad- y se pida informe al 2° Juzgado Militar de Santiago y a la Primera Fiscalía Militar de Santiago.

Ante los antecedentes, la Corte Marcial fijó audiencia extraordinaria para este viernes a las 15.00 horas, instancia en que definirán si acogen o no la reclamación de la defensa.

En medio del recurso, Bofill hace presente que el auto de procesamiento también se justificaría en que “los dineros entregados mensualmente en sobre y efectivo a los excomandantes en jefe con cargo a gastos reservados se traspasaron sin ‘justificación legal o administrativa alguna’”, lo que califican como un grave error.

“La entrega de los dineros encuentra su fundamento en un decreto de 14 de enero de 1998 firmado por orden del Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien dispuso que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director y el Director General, de las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, respectivamente, debían proporcionar con cargo a sus propios recursos institucionales, los medios humanos, materiales y logísticos necesarios para la debida protección y seguridad de quienes hubieran ejercido el mando superior de alguna de las instituciones de la defensa nacional. Es decir, ordenaba a los Comandantes en Jefe del Ejército proporcionar medios materiales (¿qué es el dinero sino un medio material?) para la protección y seguridad”, argumentan.

Así, insisten en que la ministra “simplemente desconoce la reglamentación vigente durante todo el período materia de la imputación” y que dicho error “determina, entonces, que el auto de procesamiento es ilegal, pues no cumple con los requisitos de los artículos 274 y 275 del Código de Procedimiento Penal, en especial, con la exigencia de que la resolución en que el inculpado sea sometido a proceso deberá ser fundada y expresar cómo es que de los antecedentes del sumario resultare justificada la existencia del delito que se investiga”.