“Estamos decepcionados”: alcaldes en picada contra Interior por negativa a entregar más atribuciones a guardias municipales

Absolutamente “decepcionados” se declaran en la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) -la cual congrega a 95 municipios- frente a la respuesta que recibieron desde el Ministerio del Interior respecto de entregar mayores atribuciones a los equipos de seguridad que han desplegado las diferentes comunas del país. Es que pese a la insistencia de alcaldes, desde el Gobierno dieron por descartado que dichos funcionarios porten elementos defensa y tenga mayor participación en labores de seguridad.

En el marco del acuerdo de seguridad que impulsa la ministra Carolina Tohá, Amuch envió el pasado 9 de enero al Presidente Gabriel Boric un oficio en el que expusieron dos iniciativas que apuntaban a fortalecer y perfeccionar las atribuciones en seguridad con las que cuentan. Esto, mediante modificaciones a la ley 18.883 sobre el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Primero, pedían fortalecer la institucionalidad de seguridad pública en los territorios, “con enfoque en la dotación de personal encargado de la seguridad pública a nivel local y estrategias de prevención, otorgando protección especial a los funcionarios municipales”. Y segundo, modificar las atribuciones legales que tienen los municipios a fin de que, por ejemplo, equipos de seguridad tengan elementos de defensa y puedan tener una intervención más directa ante posibles delitos.

Pero en su contestación, la cual fue recibida este jueves 26 de enero por la asociación y a la cual tuvo acceso La Tercera PM, Interior sólo se mostró disponible a avanzar en algunos aspectos, lo que desató la disconformidad de los jefes comunales. Conforme al detalle que se les hizo llegar, ante la primera iniciativa el Gobierno está disponible a que en las comunas tengan una mayor participación en planes de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, en lo referente a mejoras de las condiciones urbanas, semiurbanas y rurales, y a que eventualmente se puedan definir nuevos mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

En cuanto al segundo punto, desde el Ejecutivo dejaron en evidencia que no están dispuestos “a apoyar que los agentes preventivos de seguridad municipal porten y utilicen medios de defensa”, pero sí a analizar que la agresión de fiscalizadores o funcionarios municipales de seguridad que porten identificación visible sea un delito agravado. Asimismo, se mostraron de acuerdo con que los funcionarios puedan: Coordinar acciones de seguridad con la autoridad competente, gestionar de manera colaborativa las acciones del Consejo Comunal de Seguridad Pública, recibir denuncias y canalizar a la autoridad competente, y canalizar los requerimientos para que sean recibidos periódicamente desde las juntas de vecinos, juntas de vigilancia rural y organizaciones comunitarias.

Igualmente, desde La Moneda manifestaron que apoyarían alguna modificación con miras a que guardias municipales puedan colaborar en la fiscalización del territorio comunal, con las tareas de rescate de animales y canalizar la correspondiente denuncia ante la autoridad competente, realizar patrullajes preventivos y ejecutar tareas de vigilancia.

Ante la respuesta, el encargado de seguridad de la Amuch y alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, se mostró molesto. “La respuesta que recibimos nos preocupa porque demuestra desconocimiento de la labor que hoy ya realizan los equipos de seguridad de los municipios, pero también decepciona porque no recoge el espíritu de lo que estábamos solicitando. Cómo es posible que hoy un ciudadano tenga más atribuciones que un guardia de seguridad municipal para defenderse de un delincuente armado y dispuesto a matar a una persona”, indicó al ser consultado por La Tercera PM.

En el mismo tono, Gustavo Alessandri, presidente de Amuch y alcalde de Zapallar, manifestó: “Es lamentable que el Gobierno no tenga disposición de escuchar a los municipios. Presentamos, a través de la Bancada Municipal integrada por un grupo de diputados, dos iniciativas legales, en la línea del fortalecimiento de la institucionalidad municipal. Hoy, contamos con una ley precaria y totalmente alejada de la realidad actual, por ello requerimos que el Gobierno priorice el valor de los municipios en la batalla contra la delincuencia y poder avanzar, de manera urgente, en fortalecer la institucionalidad de seguridad municipal y dotar de mayores atribuciones y medios a nuestros equipos, para poder colaborar con las policías”.

De acuerdo con lo expresado por el jefe comunal de Lo Barnechea, los vecinos están constantemente pidiendo a a seguridad municipal que intervengan en situaciones donde existe el riesgo de un ataque directo en que no basta un chaleco antibalas, “sino que se requiere un elemento que permita neutralizar el ataque realizado en contra del funcionario”, por lo que insta a las autoridades de Palacio a cambiar de postura.

Además, Lira recalca que entre los puntos que el Gobierno advierte como nuevas acciones en las que están dispuestos a avanzar, hay varias acciones que ya están haciendo por mandato legal, como lo referente a coordinar acciones con la autoridad, canalizar requerimientos de vecinos, fiscalizaciones en terreno, rescate de animales, patrullajes y vigilancias. A su juicio, incorporar estos puntos como si fueran modificaciones, sólo reflejaría que hay desconocimiento del rol que como municipios tienen.

Se valora como positivo, eso sí, que se pueda formalizar y legalizar el hecho de que efectivos de seguridad comunal puedan recibir denuncias y canalizarlas, ya que es algo que hoy están haciendo informalmente. “Entendemos que el avance sería que la denuncia recibida por los agentes preventivos de seguridad sería tan válida para Carabineros como la que reciben ellos directamente”, planteó.

Pese a los cuestionamientos, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, recaló que se está buscando avanzar de manera responsable en la materia y que ya hay una serie de acciones en curso.

“Desde la Subsecretaría trabajamos a diario con alcaldes y alcaldesas de todo Chile, quienes han reconocido la importancia de la decisión que tomamos de poner fin a la concursabilidad y asignar los recursos bajo un Sistema Municipal de Seguridad que ve su presupuesto aumentado en un 65% este 2023. Esto, en base a las necesidades que hemos recogido por todo el país. Además, presentaremos este semestre un proyecto de ley para mejorar la gestión preventiva en seguridad y los Consejos Comunales de Seguridad, como también publicaremos un reglamento para el STOP, mientras en paralelo, nos hemos puesto como meta para este año duplicar la cantidad de patrullajes mixtos Municipio-Carabineros″, manifestó

Así, el subsecretario insistió en que “junto a los municipios de todo Chile avanzamos con responsabilidad, en base a lo que la evidencia muestra que funciona y respetando su rol preventivo, fortaleciendo sus recursos y nuevas atribuciones para los inspectores, y siempre considerando las grandes diferencias que unos con otros tienen en recursos”.