Estudio del Consejo para la Transparencia revela que las personas perciben al Estado como "distante, maltratador, discriminador y corrupto"

El Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) durante el año pasado, arrojó nuevos resultados respecto de la imagen que tienen las personas del Estado.

El sondeo reveló que solo 2 de cada 10 personas confían en el Estado (23%) y que 7 de cada 10 tienen una evaluación negativa de la relación que mantienen con él. De hecho, según el mismo estudio, en términos generales la evaluación de la relación ciudadano–Estado está marcada por los siguientes datos: el 84% la considera distante, 76% de mal trato, 71% de discriminación.

La encuesta se le aplicó a 2.850 personas a nivel nacional, se realizó entre los días 15 de agosto y 6 de octubre de 2019, tiene un 2% de error para la muestra nacional y con un nivel de confianza de 95%.

Uno de los factores que podría explicar esta evaluación del Estado y el alto nivel de desconfianza es la alta percepción de corrupción del sector público, la que experimentó un alza de 11% respecto del 2017, si se considera a aquellas personas que evalúan con nota 10, máximo en una escala de 1 a 10.

"No nos extraña, por ejemplo, que dentro de los resultados de la encuesta la ciudadanía perciba al Estado como distante, maltratador, discriminador y corrupto. Lo venimos diciendo desde mucho antes del estallido social: la crisis de confianza en las instituciones derivó en una falta de legitimidad del proceso político completo poniendo en peligro la democracia", dice a La Tercera PM el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

A pesar de que el alza en la desconfianza fue generalizado, destaca que principalmente el mayor porcentaje registrado fue en mujeres, en el nivel socioeconómico bajo, entre quienes declaran no tener posición política y, justamente, entre las que sostienen que su relación con el Estado es distante, de discriminación y de maltrato.

"Los indicios fueron muy claros y creemos que la percepción negativa del Estado es una parte importante de la crisis social que estamos viviendo en Chile. Lo dijimos en muchas ocasiones, por eso creo que -en parte- el Consejo para la Transparencia sí lo vio venir. En mayo pasado ofrecimos un diagnóstico y propuestas con medidas anticorrupción a los tres poderes del Estado con una respuesta poco proactiva respecto de la real necesidad institucional", afirma el presidente del CPLT.

El estudio también preguntó por "experiencias de corrupción". El 18% de los encuestados señala que ha sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año. Si esto se extrapolara a los datos obtenidos en el Censo 2017, señala el CPLT, se obtendría que más de 3 millones de personas han observado alguna irregularidad.

También un 7% sostiene que ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a un funcionario público —o sabe de algún familiar, amigo o conocido que ha tenido que hacerlo— en el último año. Quienes responden afirmativamente (204 casos), señalan que esto ocurrió principalmente en municipalidades (40%), seguidas de Carabineros (24%) y las instituciones que prestan servicios de salud (15%). Los hombres y quienes tienen posición política, son quienes más declaran que han tenido que pagar sobornos.

El estudio también arrojó un "ranking con las instituciones que los ciudadanos consideran más corruptas a nivel nacional". El primer lugar lo encabeza el Congreso (20%), luego los servicios o ministerios de gobierno (17%), Carabineros (14%), municipios (13%) y el Poder Judicial (11%). "Lamentablemente, la encuesta indica que existe la percepción de que el Congreso Nacional es la institución más corrupta. Al respecto, hemos señalado que el Parlamento debe ir más allá de cuestiones simbólicas, como la rebaja de la dieta, y por ejemplo, intervenir en temáticas como dedicación exclusiva, deber de abstención y fiscalización externa", plantea Jaraquemada.

Los resultados del sondeo no son solo negativos. Desde el CPLT señalan que "ante este escenario de percepción generalizada de corrupción y mal trato, los datos dejan en evidencia una importantísima alza de la disposición a denunciar hechos de corrupción: 11 puntos para el caso del sector público y 18 puntos para el caso del sector privado, terminando con la menor preocupación de la población frente a hechos de esta naturaleza que ocurrían en el sector privado. Así, en 2019, 7 de cada 10 personas en Chile declaran que denunciarían un hecho de corrupción si lo experimentaran o presenciaran".

"Destacamos que existe una mayor disposición a la denuncia, lo que nos parece un buen indicador, sobre todo porque desde la política pública nuestro Consejo siempre ha promovido la idea de un sistema de denuncias anónimas que develen hechos de corrupción", concluye Jaraquemada.