Exfiscales entran al debate por intervenciones de la diputada Orsini en el caso Valdivia: ¿Se debería investigar?

A comienzos de 2023, la diputada del Frente Amplio Maite Orsini estuvo bajo la lupa del Ministerio Público debido a un “telefonazo” que fue duramente cuestionado. Y es que en enero de ese año, la parlamentaria se contactó con la general de Carabineros, Karina Soza, a raíz de la detención del exfutbolista Jorge Valdivia, con quien posteriormente iniciaría una relación sentimental.

Valdivia, en ese entonces, había sido detenido por la policía uniformada en un parque de Vitacura donde estaba trotando. La aprehensión se produjo tras un control de identidad donde Valdivia no portada su carnet y donde los ánimos se caldearon. Una vez que el caso se divulgó en la opinión pública, generando amplias críticas de la oposición, la diputada se autodenunció ante la Fiscalía Centro Norte y prestó su testimonio ante el fiscal Patricio Cooper.

Así las cosas, la motivación del llamado de Orsini, según ella, fue debido a que “una persona de alto conocimiento público haría una denuncia por vulneración de derechos fundamentales”. De acuerdo a sus palabras, “no le solicitó nada” a la alta autoridad policial.

En junio de ese año, el fiscal Cooper descartó que hubiese un delito en dicha intervención. Sin embargo, hizo un reproche ético para la parlamentaria. “Resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”.

Pese al reproche ético del Ministerio Público, Orsini hoy enfrenta un escenario similar.

Jorge Valdivia hoy se encuentra enfrentando una causa por dos delitos de violación y dos de abuso sexual. En ese contexto, Orsini, ahora como expareja del deportista, volvió a realizar llamados que están en el ojo del huracán. El primero de ellos lo realizó el 23 de octubre a la primera denunciante del “mago”, dos días después de que fuera formalizado y quedara en prisión preventiva por primera vez.

“Me pareció importante contarle (a la denunciante) que esa noche Jorge me mandó cerca de 100 mensajes”, dijo posteriormente en su declaración ante la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra. En efecto, Orsini declaró como testigo en la causa contra el deportista, donde la fiscalía buscó conocer detalles del comportamiento del imputado. “Mi declaración no fue en contra ni a favor de nadie”, dijo la parlamentaria.

Esa vez, Orsini mantuvo un diálogo con Parra por cerca de cuatro horas. Tras el interrogatorio, la fiscal Parra dio su número telefónico a Orsini con la finalidad de si quería colaborar con nuevos antecedentes que recordara del caso.

Con el teléfono en mano, el interés de la congresista del FA era saber si sería materia de investigación la filtración de su conversación con la denunciante del exfutbolista. El nuevo mensaje por WhatsApp de Orsini generó incluso una respuesta de La Moneda. “Ha intervenido más allá de lo prudente”, dijo ayer el subsecretario del Interior, Luis Cordero.

Este jueves, La Tercera dio a conocer parte de los whatsapp entre Orsini y la primera denunciante, así como también con el amigo en común que tiene con dicha mujer. Dichos mensajes darían cuenta de que habría buscado que la víctima pudiera hacer alguna gestión para que la PDI sacara del expediente las conversaciones que ella tenía con Valdivia, pues revelaban aspectos íntimos de su relación con él.

Consultados por La Tercera, exfiscales opinan si las intervenciones de Orisini en la causa de su expareja ameritan una investigación penal, por ejemplo por tráfico de influencias o obstrucción a la investigación, o si es más bien una transgresión a la ética de los parlamentarios.

Para el exfiscal de la zona Oriente Carlos Garjardo no se vislumbra un delito, pero sí un cuestionamiento. “Lo que ha hecho la diputada Maite Orsini por supuesto que es reprochable desde el punto de vista ético, toda vez que no corresponde que utilice su cargo para fines personales. Sin embargo, no me parece que sea constitutivo de delito, ya que el tráfico de influencia que sanciona al funcionario público cuando influye en otro exige que esa influencia se dé en el ámbito de una operación, contrato o negocio, lo que no es el caso”.

Lo mismo piensa José Villalobos: “Las intervenciones de la diputada en relación a su expareja no alcanzarían, preliminarmente, para la configuración de un delito, y así lo ha entendido la fiscalía al registrar su declaración en calidad de testigo por la intervención que tuvo con una víctima de un delito sexual. Si en esa intervención no hubo algo adicional en los términos que ha ponderado la fiscalía, me parece que no alcanzaría para entender una eventual obstrucción a la investigación. Lo mismo ocurre con la comunicación que tuvo con la fiscal regional Lorena Parra, porque se da en un marco en que ella entiende que su declaración se encuentra filtrada en un medio de comunicación”.

Eso sí, Villalobos complementa: “La forma pareciera no ser la adecuada dado que no todas las personas tienen la posibilidad de comunicarse con un fiscal regional de esa forma. Podría haberse canalizado a través de una presentación escrita o una denuncia, pero se opta por la vía telefónica que es la más informal. Ahí uno puede entender un reproche más que nada ético”.

Por su parte, Pedro Orthusteguy dice que “ni los diputados ni ninguna autoridad pública deben “saltarse la fila” para acceder a información que debe requerirse por los canales formales de la Fiscalía, específicamente el sistema llamado Fiscalía en Línea, el mesón de atención de público o bien vía tribunales”. Además, Orthusteguy va más allá: “Un llamado o comunicación que pueda malinterpretarse por su receptor podría dar lugar a una investigación penal por tráfico de influencias”.

Asimismo, la exfiscal y abogada penalista Ymay Ortiz se refirió a los mensajes de la parlamentaria a la primera denunciante: “No me parece que esas conductas puedan constituir ningún delito. Lo que veo es imprudencia y poca consideración con la víctima, incluso un poco de egocentrismo. Desde el caso Monsalve se habla del delito de obstrucción a la justicia, pero este es un delito bien específico”.

Por último, la exfiscal Patricia Muñoz afirma que el mensaje que la diputada envió a Parra “no corresponde, porque ella no tiene por qué estar preguntando lo que la fiscalía va a hacer respecto a las investigaciones”. Sin embargo, dice que si la fiscal “hubiese notado, en la conversación con ella, de alguna situación que a su juicio era un intento por influenciar su decisión, podría eventualmente considerar aquello algo a investigar. Pero imagino que si eso no pasó, es porque no es el caso”.

Desde la fiscalía Oriente señalan que “para nada” hay un delito en la última comunicación de Orsini y que esta se produjo debido a que la fiscal regional dejó su número a la parlamentaria.