Fact Checking Político V: El Simce según González; Adriana Muñoz y el cobro de servicios básicos, y la inmunidad de rebaño según Rubilar

Fue el miércoles 17 de junio, en el marco de la discusión en el Senado de la admisibilidad de una moción para extender el posnatal durante la pandemia por el coronavirus; iniciativa que terminó siendo rechazada ese mismo día por la Cámara Alta.

Durante su intervención, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), que en las semanas previas había abierto una polémica al afirmar que prefería “cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”, volvió a poner sobre la mesa el tema de la constitucionalidad de algunas iniciativas que se discuten en el Congreso. Esta vez, aludiendo al proyecto que suspende el cobro de servicios básicos durante la emergencia sanitaria, que fue despachado por el Parlamento y sobre el cual el Ejecutivo había hecho reserva de constitucionalidad, pese a lo cual no acudió al Tribunal Constitucional (TC).

“Quiero recordar que en el marco del debate del proyecto de ley de servicios básicos muchos de los senadores oficialistas plantearon que era un proyecto inadmisible e inconstitucional. Igualmente conocimos una declaración de la Segpres hace pocos días que dijo que era inconstitucional. Y hoy el Presidente lo ha promulgado como ley”, dijo la senadora.

La afirmación sobre la promulgación de la iniciativa parte de Sebastián Piñera era falsa. De hecho, ese mismo día, horas antes, La Tercera PM había dado a conocer que La Moneda exploraba, entre otras vías, un veto sobre ese proyecto.

Ese camino cobró fuerza en medio de los cuestionamientos al gobierno por parte de su propio sector -Chile Vamos-, por no haber acudido al TC. Esto, bajo la premisa de algunos oficialistas de que se corre el riesgo de generar un precedente en que la oposición impulse medidas consideradas inconstitucionales o inadmisibles.

Para presentar un veto el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días desde que el Congreso despachó el proyecto.

La ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, sorprendió ayer al decir en Canal 13 que el gobierno nunca trabajó en base al concepto de inmunidad de rebaño, es decir, dejar que las personas adquieran el virus para generar inmunidad. “Uno tiene que reconocer errores, pero también tiene que decir las cosas con convicción. Y yo tengo la tranquilidad espiritual de decir que nunca, nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño”, fue la frase exacta de la ministra.

Luego, Rubilar agregó una segunda declaración: “Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta de que la inmunidad era algo que estaba bastante poco certificada, no sabíamos ni siquiera cuánto tiempo iba a durar. Por lo tanto, la posibilidad real de plantearse la inmunidad de rebaño, en una enfermedad como esta, era casi nula”.

Sin embargo, las palabras de la ministra no calzan con la estrategia que el mismo exministro Jaime Mañalich explicó en reiteradas ocasiones, así como tampoco a lo que la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza aseguró y menos con las conversaciones que se llegó a tener en La Moneda.

El primer antecedente se remonta al 2 de abril. En una entrevista con Canal 13, Mañalich afirmó que “el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta, para que no ocurra un momento en que haya tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarlas adelante. Esa es la línea que tenemos que ir siguiendo”.

Luego, el 9 de abril, Mañalich anunció que se entregaría un “carnet de alta de coronavirus” para distinguir a quienes terminaron su proceso de cuarentena y superaron la enfermedad. “Estas personas con ese carnet van a quedar liberadas de todo tipo de cuarentena o restricción, porque ellas pueden ayudar enormemente a la comunidad”, dijo Mañalich ese día. En la noche de ese jueves, Rubilar en una entrevista en CNN Chile reafirmó ese anuncio diciendo que “vamos a entregar un carnet de alta a quienes sanaron de Covid-19. Cuando los demos de alta no van a contagiar a nadie, de hecho, tendrán y serán muy relevantes para enfrentar la pandemia”.

Cinco días después, en una entrevista con La Tercera, Daza reveló cuál iba a ser el trasfondo de la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia. “No es que queramos no tener casos, porque estaríamos cinco años esperando contagiarnos todos”, dijo Daza. La subsecretaria luego agregó: “Tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente”.

El 16 de abril Mañalich volvió a reiterar su punto. "El carnet Covid es un instrumento que identifica a las personas que con altísima probabilidad, eso es lo que nos permite decir el conocimiento actual, ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse, y también no son capaces de transmitir esta enfermedad a otros", comentó el extitular de Salud. Ese día explicó que el carnet comenzaría a entregarse el 20 de abril.

Su convencimiento fue tan grande -contrario a la versión que entregó ayer Rubilar- que Mañalich agregó: “A partir de la evidencia que hasta el día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad que produce la infección por Coronavirus es una inmunidad que dura por mucho tiempo, por lo menos en el mínimo lo que podemos proyectar es un año”.

El 21 de abril el extitular del Minsal matizó sus propios dichos y por Twitter señaló lo siguiente, en respuesta al periodista Rafael Cavada: “Quienes tienen IgG elevado al día 21 desde el contacto, inmunidad al menos por tres meses, y probablemente por 1 año, como mínimo. No se puede determinar aún si será más que ese tiempo. SIEMPRE QUE EL VIRUS NO MUTE”. Dos días después, volvió a rectificar sus propias palabras y dijo que la inmunidad es “en al menos un tiempo de varios meses, no podemos extenderlo a años porque todavía falta información, pero al menos durante varios meses”.

La convicción del gobierno de que la inmunidad estaba certificada llevó a que el 8 de mayo Mañalich dijera que el carnet Covid “efectivamente, se va empezar a entregar este fin de semana en algunas regiones”. La primera fecha de entrega de estos carnets había sido el 20 de abril. Luego lo retrasaron para el 27 de ese mismo mes. Pero finalmente la presión fue tan grande, que dos días después el exministro suspendió su proyecto estrella diciendo que “se nos ha hecho ver que podría desencadenarse una discriminación bastante severa”. Nada dijo sobre las dudas que persisten en la comunidad científica sobre la inmunidad que genera el virus Sars-Cov-2.

Toda la seguridad de Mañalich para empujar el carnet Covid tenía como telón de fondo su apuesta por la hipótesis de la inmunidad colectiva o “de rebaño”, es decir, en la que quienes ya han superado la enfermedad, produzcan anticuerpos suficientes como para no contagiarse de nuevo y contribuyan a sacar de circulación el virus, al no transmitirlo.

Tan entusiasta era Mañalich de este camino que -en medio de la polémica por la entrega o no del carnet- el 22 de abril en una de las reuniones de emergencia usual de las mañanas, le entregó copias a Piñera y a la vocera de gobierno, Karla Rubilar, también médica, de tres artículos académicos que apoyaban la idea sobre la inmunidad “a largo plazo” que produciría el Sars-Cov-2 y los distintos estudios que se realizaban en torno a ella. Estaba convencido y su evidencia dejó conforme, además, a la misma Rubilar. “Quedamos súper convencidos”, comentaron en privado en el gobierno.

El hecho que podría ser más claro, ocurrió el 30 de abril. En el reporte oficial de ese día Mañalich dijo que en la medida en que más personas desarrollan inmunidad, el número reproductivo del virus caería violentamente: “¿Por qué? Porque el virus se encuentra con personas que son capaces de defenderse y por lo tanto nosotros hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva, cuando al menos el 60% de una población determinada alcanza esta inmunidad, ya sea por vacunas en el futuro, o por tener contacto con el virus y desarrollan anticuerpos con o sin síntomas”.

Pese a todo esto, el gobierno reitera que nunca buscaron la inmunidad de rebaño. Como uno de sus argumentos Rubilar detalló, en un hilo de Twitter, que Chile decretó tempranamente la suspensión de clases. Esto mismo fue reforzado hoy por el propio ministro Enrique Paris. “Las declaraciones no se pueden borrar, pero la verdad es que la estrategia que se implementó no avala la estrategia de rebaño”, dijo el titular de Salud haciendo alusión, entre otras razones, al cierre temprano de los colegios.

Pero también los hechos demuestran que el cierre de colegios se decretó en gran medida por la presión de los alcaldes que se adelantaron y empezaron a cancelar las clases de sus colegios. Y si aún quedan dudas de esto, el mismo Mañalich lo confesó ante la Cámara: “Nunca quisimos, nunca compartimos como ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error”.

Como había que conseguir inmunidad colectiva, es decir, que las personas se contagiaran progresivamente, el gobierno siempre descartó las propuestas más estrictas como por ejemplo el cierre total de ciudades. Y así fue como se llegó al concepto de cuarentenas “dinámicas y estrategias”, para ir “apretando y soltando”. Mañalich dijo que eso era “administrar la pandemia” o, en otras palabras, gestionar los contagios.

De hecho en una nota de este medio del 11 de abril se analizó este punto, el de incentivar el contagio de la población, pero de forma controlada para generar inmunización y evitar un colapso de la red. La infectóloga clínica de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, explicó en ese momento que eso se llama “inmunidad colectiva” o “inmunidad de rebaño”, pero que no es algo que se pueda aplicar cuando apenas se conocen los efectos que tiene este nuevo virus. “Cerca del 70% de la población se podría enfermar, pero a lo largo del tiempo, en dos o tres años. El problema es que si la gente se enferma ahora, el 20% terminaría hospitalizada y el 5% en cuidados intensivos”, comentó la profesional quien agregó que eso podría ser fatal.

El epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, explica a La Tercera PM que la inmunidad de rebaño surge como una estrategia cuando aparece una enfermedad transmisible: “La estrategia es dejar que la gente se te contagie, porque mientras más gente se contagia, estás inmunizando a más personas; es como tener una vacuna natural”.

“Inicialmente la autoridad de salud no fue explícita al decir que no se estaba probando la inmunidad de rebaño. Porque si nunca estuvo en sus planes, nunca lo dijeron. El mensaje que mandaron fue confuso y hace concluir que sí era parte de la estrategia. De hecho, la tardanza de las medidas para decretar cuarentenas, por ejemplo, hacen pensar y concluir que sí estuvieron tratando de probarla”, dice Cavada.

El 11 de junio, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados hizo una sesión especial para debatir el proyecto de ley que suspende el Simce y la Evaluación Docente durante este año, debido a la crisis sanitaria y sus efectos en el año escolar.

Dos horas duró el debate, en la cual el diputado PPD Rodrigo González -también vicepresidente de la Cámara- afirmó lo siguiente para argumentar su apoyo a la iniciativa:

“Lo que hay detrás es que hay contratos que el Ministerio quiere continuar desarrollando y que, probablemente, tengan situaciones irregulares porque el ministerio de Educación no ha dado a conocer los recursos en juego ni los procedimientos que se han utilizado. Los 38 mil millones de pesos de estos contratos debieran ser entregados para actividades de entrega de canastas a los niños, para mejorar los sistemas informáticos, problemas de salud mental....”.

La cifra entregada por González -quien era autor de la moción- es falsa. Consultados por La Tercera PM, desde la Agencia de Calidad de Educación -entidad que está a cargo del Simce- afirmaron que “la Ley de Presupuestos del Sector Público asignó en 2020 a la evaluación de logros de aprendizaje 13.401 millones de pesos. Hacer esta evaluación con carácter de diagnóstico sin consecuencia para las escuelas, tiene el propósito de conocer cuáles son los establecimientos educacionales que requerirán mayor apoyo del Ministerio de Educación y diseñar políticas públicas focalizadas”.

En la misma sesión, la también diputada PPD Cristina Girardi -al respaldar el proyecto, que fue aprobado y pasado a la sala de la Cámara- detalló que “el costo económico del Simce serían 18 mil millones de pesos”.

Esta semana, el Mineduc anunció que suspenderá el Simce y que realizará sólo una prueba muestral para evaluar el impacto de la pandemia.