Fast track a la multa por no votar: senadores madrugan al gobierno y aceleran reforma que obliga a chilenos y extranjeros

“¿Es común que haya tanta eficiencia?”, preguntó extrañado el senador Fidel Espinoza (PS), quien en la sesión del 4 de diciembre reemplazó a la presidenta socialista, Paulina Vodanovic, en la Comisión de Gobierno del Senado.

Ese día, el senador -si bien dio la unanimidad para que se visara el texto sin mayor discusión, en general y en particular- quedó asombrado que, en tan solo siete minutos, se aprobara esta reforma que establece una multa por no votar en las próximas elecciones.

La iniciativa, de autoría de los senadores Manuel José Ossandón (RN), Matías Walker (Demócratas), Ximena Rincón (Demócratas) y Luz Ebensperger (UDI), considera una sanción de 0,5 a 5 UTM (desde 32 mil a 325 mil pesos aproximadamente).

Esa medida, en la mencionada sesión, contó con el apoyo der Ossandón (presidente de la comisión), Ebensperger, el senador Esteban Velásquez (FRVS) y el mismo Espinoza.

Con este resultado, que no tuvo mayor repercusión pública, el proyecto quedó en condiciones de ser votado por la sala, donde al menos las fuerzas opositoras pretenden darle un pronto despacho, a más tardar en enero. La recomendación es que la norma se vote en general y particular en una misma sesión.

Si bien el gobierno tiene en tramitación una reforma paralela, también en manos de la misma Comisión de Gobierno del Senado, que consagra la multa por no votar (del orden de 200 mil pesos), ese texto incluye otros ajustes electorales, algunos sencillos, como facilitar la declaración de candidaturas mediante sistemas electrónicos, y otros más complicados, como el voto anticipado.

No obstante, para destrabar esta discusión, los senadores de oposición hicieron una jugada legislativa para separar exclusivamente el tema de la multa que consagra el sufragio obligatorio (hoy establecido en la Constitución, pero sin multa aún). Es por ello que presentaron esta moción, en julio de este año, para darle un fast track. El primer paso de ese diseño fue la aprobación unánime en la Comisión de Gobierno.

El hecho, sin embargo, volvía a madrugar a La Moneda, que hace tres semanas ya había sido adelantada por un grupo transversal de senadores (PS, PPD, RN, UDI y Evópoli), que ingresaron una reforma constitucional para combatir la fragmentación del sistema político. A pesar de que ese era un compromiso adquirido por el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública del 1° de junio, los senadores se anticiparon para comenzar a legislar sobre la cesación del cargo de los parlamentarios que renuncien a sus partidos y el umbral (de mínimo de votos o legisladores) para que las colectividades puedan acceder a escaños en la Cámara.

“Eso (la multa) no había quedado legislado y está en un proyecto de ley muy largo del gobierno, pero a nosotros nos parecía prioritario avanzar en la materia y establecer la multa de manera definitiva, por lo que se abordó a través de una ley de artículo único. La iniciativa quedó lista para ser votada en sala”, dijo Ossandón.

No obstante, la nueva jugada legislativa tenía un punto incluso más incómodo para el Ejecutivo.

A petición de la senadora Ebensperger, la multa propuesta por la comisión se aplicaría a los “electores” que no voten, mientras que la propuesta presidencial si bien en el articulado habla de electores, el mensaje, que define el espíritu del texto, se proponía que la sanción fuese dirigida a los “ciudadanos”.

Ese matiz en su momento contaminó la accidentada tramitación de la última reforma electoral, que en forma transitoria fijó una multa y la elección en dos días para cargos municipales y regionales.

La razón es que el concepto “elector” incluye a los extranjeros habilitados para votar. A ellos solo se les exige tener avecindamiento en los últimos cinco años y no tener problemas judiciales. Incluso, la incorporación de los migrantes al padrón de votantes es automática según la legislación electoral chilena, de acuerdo a los registros del Servicio de Extranjería. A diferencia, la palabra “ciudadanos” solo considera a los chilenos mayores de edad y a quienes en su momento se nacionalizaron.

En las fuerzas oficialistas, donde ya existe resistencia al voto obligatorio, temían que al fijar una multa a los extranjeros, ellos podrían tener un efecto favorable para la derecha en los comicios, ya que especialmente la comunidad venezolana es crítica de la izquierda.