Fiscalía activa diligencias por eventual malversación en contrato de abogado privado de Boric en causa por fallida compra de la casa de Allende

Tres semanas han transcurrido desde que la Fundación Fuerza Ciudadana estampó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una nueva querella que pone en la mira al Presidente Gabriel Boric.

Se trata de una acción judicial donde acusan al Mandatario de “dañar las arcas fiscales”, responsabilizándolo del delito de malversación de caudales públicos. Esto, a raíz del millonario contrato que suscribió el Jefe del Estado con el abogado Jonatan Valenzuela para que lo represente en la causa que aperturó el Ministerio Público en torno a la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Y luego de que la querella fuera admitida a trámite por parte del tribunal y la Fiscalía analizara los antecedentes expuestos, el equipo de casos complejos de la Fiscalía Regional de Coquimbo ya activó pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas, el ente persecutor acogió diligencias solicitadas por el mandamás de la mencionada ONG y querellante, Raimundo Palamara, quien entre otras cuestiones requirió se oficie al gobierno a fin de que acompañe la resolución que sustentó la contratación vía trato del profesional por más de $13 millones, “y toda la documentación que sirvió de antecedente para dicho decreto, así como para que informe sobre el pago al defensor penal privado”.

De la misma forma, el equipo de investigadores comunicó que se encuentra analizando detalles del caso para así definir si se cita a declarar al Presidente Boric, si se le requiere acceso a su celular y a otros documentos y antecedentes. Y lo mismo respecto de Valenzuela.

Para todo ello, eso sí, desde el Ministerio Público transmitieron que “previamente se recabarán mayores antecedentes”.

Por ahora, desde la Fiscalía han descartado agrupar esta indagatoria con la referente al presunto fraude al Fisco en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Frente a las determinaciones del Ministerio Público, Palamara insistió en que no corresponde que el Fisco costee la defensa privada del Mandatario si el propio gobierno reconoció que había un error tras el intento de transacción.

“Lo que hizo Presidencia, particularmente el Presidente Gabriel Boric, de atreverse a recurrir al presupuesto general para costear su defensa penal privada configura el delito de malversación de caudales públicos, por lo que se encuentra penado por la Ley. Si el mismo gobierno parte reconociendo que fue un error comprarle la casa a su ministra y su tía, quien a la sazón es senadora de la república, reconocen que no fue un acto que se encuentre legitimado por el derecho, de lo contrario hubieren insistido con la transferencia del inmueble, y no lo hicieron”, indicó.

En el mismo sentido, recalcó que justamente con ese reconocimiento Palacio da cuenta que el hecho a indagar “no se encuentra enmarcado en lo que excepcionalmente permite el artículo 90 del Estatuto Administrativo”, que permitiría costear la defensa de funcionarios públicos cuando se ven indagados por hechos relacionados con la función del cargo que ostenta.

“En consecuencia, por donde se mire aquí se incurrió en un delito que es necesario esclarecer lo antes posible, para lo cual es necesario que el fiscal cuente con todos los antecedentes, entre ellos la información de la Resolución Presidencial N° 75 junto a los documentos que le sirvieron de base para realizar el acto que mediante la querella se reprocha como delictual, quedando expectante sobre qué sucederá con la diligencia que se le tome declaración a los imputados, tanto al Presidente Gabriel Boric como a su abogado defensor penal privado, con recursos públicos para la defensa por un delito de fraude al Fisco contra el mismo Presidente”, remarcó el abogado querellante.