Fiscalía acusa en la arista principal del caso LED: pide 28 años de cárcel para ex gerente de Itelecom y lleva a juicio a otras 14 personas

A casi dos años de haber tomado la principal arista de la indagatoria que develó los millonarios sobornos que habría pagado la empresa Itelecom para adjudicarse licitaciones de recambio de luminarias led, la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, resolvió formular acusación en contra de 15 involucrados. Entre ellos, uno de los socios originales de la empresa y gerente general, León Marcelo Lefort, para quien se solicitan 28 años de cárcel por los delitos de soborno, lavado de activos, por delitos tributarios y asociación ilícita.

De acuerdo con la indagatoria, una vez iniciado el “Programa de recambio de alumbrado público para municipios”, en 2016, los imputados “de manera concertada decidieron, como política de la empresa, ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones”. La iniciativa era del Ministerio de Energía y tenía como propósito el ahorro de luz en las comunas más vulnerables.

“Se acordó, en particular, pagar sobornos directamente o a través de operadores intermediarios, y que el monto de dichos sobornos se calcularía a partir de un porcentaje del valor de los contratos respectivos, en los casos de licitaciones de corto plazo, y en montos fijos por luminaria instalada, en los casos de proyectos a largo plazo”, sostiene Mansilla en el escrito ingresado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tras haber cerrado la causa. En la acusación se pretende llevar a juicio a 216 testigos y 2.109 pruebas documentales.

¿Cómo operaba la máquina de Itelecom y quién los contactaba? Según el escrito Lefort, y excepcionalmente Ricardo Rodríguez Bizama, que además de ser accionista de la firma se desempeñaba como su gerente comercial, eran los hombres encargados de visar los sobornos. Pero como no podían dejar rastros de esas transacciones, se menciona, debieron fijar un plan de acción. Debían generar dinero en efectivo y así fue cuando los dos imputados mencionados, más Leonardo Heriberto Bustos Abarzúa, accionista y gerente de administración y finanzas, comenzaron a hacer retiro de utilidades para cumplir con su cometido, según detalla la fiscal.

De acuerdo con lo descrito en la acusación, también comenzaron a emitir facturas por servicios prestados a Itelecom por empresas que operaban como intermediarias. Emitían un documento tributario por servicios efectivamente prestados por dichas empresas, pero agregaban un extra que iba dirigido al pago de la coima a funcionarios públicos. Una de las empresas que cumplió ese rol, según el documento, habría sido “Asesorías e Inversiones Panal SPA”, cuyo dueño es Alex Fuenzalida Villalobos. Así, Cristián Ureta, un denominado operador e intermediario, liquidaba la factura y hacía los pagos.

Dos años después, Lefort habría establecido como otra forma de generar dinero efectivo la utilización de facturas ideológicamente falsas emitidas a las empresas GLH Ingeniería & Consultorías SPA, cuyo dueño es el imputado George Latrille, y la empresa José David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking E.I.R., cuyo dueño es Hidalgo Abarzúa.

Contra Rodríguez Bizama y Bustos Abarzúa, se solicitan 11 años de cárcel, por los delitos de soborno, lavado de activos y asociación ilícita.

En mayo de 2016, la Subsecretaría de Energía aprobó las bases de licitación del programa, designando a finales de ese año a la comisión que evaluaría la misma, nombrando a Paul Pacheco Quintanilla como presidente. Durante ese proceso, y según ha sostenido el Ministerio Público, Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra Guerrero, que se desempeñaba como gerente general de ventas, ofrecieron a Pacheco pagar $5.000 por cada luminaria adjudicada a la empresa, buscando salir favorecidos en el proceso. A este último, quien durante la investigación se transformó en un colaborador sustancial, el Ministerio Público le reconoció la atenuante como muy calificada. Es representado por el abogado César Ramos.

Pacheco accedió a esta oferta y, según la Fiscalía, entregó información reservada sobre el avance del proceso licitatorio a los ejecutivos. Así como también, revisó las ofertas técnicas de otras empresas postulantes, realizando acciones “tendientes a dejarlas fuera de competencia”. Finalmente, en su calidad de presidente de la comisión que evaluaba esta licitación, firmó el acta que entregaba a las empresas del grupo dos grupos de comunas licitadas, sabiendo que recibiría un pago a cambio de adjudicar esos tratos.

La acusación establece que el funcionario de Energía se reunió previamente con Rodríguez y Guerra, en conocimiento de Lefort, en distintos restaurantes de la capital. Lo mismo ocurrió en seis ocasiones posteriores para recibir los pagos una vez que fueron adjudicados los concursos y firmados los contratos. Como indica la persecutoras, entre 2017 y 2020, Pacheco recibió $108 millones provenientes del grupo de empresas. Además, por medio de transferencias, entre 2019 y 2020 le habrían pagado más de $63 millones.

Dado que esos dineros buscaban ser “blanqueados”, Pacheco recurrió a su pareja Javiera Correa Neira, a quien le realizó diferentes transferencias bancarias. Por estos hechos, se la formalizó en diciembre de 2021 por lavado de activos. Además de eso, quien fuera funcionario de Gobierno compró dólares, invirtió en fondos mutuos, compró acciones y “triángulo dineros”.

Durante 2018 ambos imputados compraron un auto de lujo de la marca Porsche, el que fue pagado con una tarjeta de crédito por $46 millones y meses más tardes se realizó un abono de $24 millones. En abril del mismo año, Pacheco compró a nombre de una expareja un vehículo Mazda nuevo, pagando $13 millones. Además, el 2019 exfuncionario público junto a Correa Neira, adquirieron por partes iguales un bien raíz en la comuna de Colina, pagando el pie de esta con dinero en efectivo. En septiembre de ese mismo año, Pacheco volvió a adquirir un automóvil Porsche, esta vez por $80 millones.

En el cierre de este juicio, el Ministerio Público solicita que por el delito reiterado de cohecho, Pacheco pague con tres años de reclusión menor en su grado medio, 5 años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo, 10 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos, multa por el doble del provecho aceptado y una multa de 30 UTM. Por el delito de lavado de activos, la fiscalía solicita cinco años de presidio menor, multa de 500 UTM. Mientras que por el delito “facilitación maliciosa de facturas falsas”, tres años de presidio menor y una multa de 30 UTM.

Como es conocido, el caso también llegó directamente a los municipios. Y como se puedo establecer, una de estas es la Municipalidad de Negrete, según el Ministerio Público el 2017 el alcalde de esa comuna, Francisco Javier Melo, recibió dineros provenientes del grupo Itelecom, junto con el secretario comunal de planificación, David Encina. Contactados por Rogers Mariangel Oviedo, intermediario enviado por los controladores de la empresa, ambos habrían recibido 15 millones de pesos por asegurarle la adjudicaciones a la empresa, ejerciendo, además, influencias en los concejales para que se alinearan.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita 8 años de presidio contra del alcalde Melo, así como también la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Además de una multa de 30 UTM y otra que duplique el provecho aceptado. Para Encina, en tanto, el ente persecutor solicita más de siete años de reclusión, 10 años de inhabilitación en cargos públicos, además de dos multas por 30 UTM y por el doble de lo defraudado.

En el caso de Mariangel Oviedo, se piden 541 días de reclusión menor en su grado medio. b) 5 años de inhabilitación absoluta a temporal para cargos u oficios públicos en su grado mínimo y una multa por el doble del provecho ofrecido.

Las redes de la empresa también llegaron hasta Iquique, donde el 14 de septiembre de 2018, suscribieron el acuerdo que autorizaba al alcalde a adjudicar y contratar la licitación de reposición de luminarias LED, pero antes de eso, la funcionaria municipal Daniela Vargas, aceptó recibir de parte del imputado Gustavo Proby, quien actuaba como intermediario del imputado Cristián Ureta, el que a su vez actuaba en nombre de los imputados Guerra y Lefort, un beneficio económico a cambio de proporcionar información reservada de los procesos. Además, accedieron a entregar fondos al abogado del departamento de control de la Municipalidad, Rubén Guisa, y pagaron a diferentes concejales.

Asimismo, en el caso de Coyhaique, se busca imputar a quien fuera el alcalde durante el 2016, Alejandro Huala y Julio Villarroel, secretario comunal de planificación. Ambos, según el Ministerio Público, recibieron pagos por favorecer a las empresas Itelecom, a quienes incluso le hicieron entrega de las bases de licitación previamente.

En Chillán, en tanto, el Ministerio Público solicita 15 años de presidio, más 20 años de inhabilitación para cargos públicos, además de multas en contra de Marcelo Campos, quien el 2019 se desempeñaba como abogado de la dirección jurídica de la Municipalidad de Chillán. Campos, habría incluido los requerimientos de la empresa para poder adjudicarse la licitación.

En contra de Campos se piden 15 años de precisión, 20 años de inhabilitación para cargos públicos, una multa por el doble de los dineros aceptados y el pago de 30 UTM. Además, los ejecutivos de Itelecom ofrecieron dinero al concejal Víctor Hugo Sepúlveda. Por este último, la fiscalía solicita 10 años de reclusión y 20 años de inhabilitación en cargos públicos. En su solicitud, la fiscal también pide condenar a Ricardo Vallejos, a 10 años de presión, 20 años de inhabilitación y multa por el doble de los dineros recibidos.

El intermediario enviado por la empresa, en este caso, Víctor Hugo Amado, se pide la pena de 5 años de reclusión y 14 años de inhabilitación.

Cabe hacer presente que en este caso aún quedan abiertas las indagaciones referentes a las municipalidades de Recoleta, Las Condes y Puente Alto.