Parque Capital: Fiscalía formaliza a Luis Hermosilla y lo acusa de recibir una comisión de 45 mil UF por apurar el proyecto

Por segunda vez, en menos de un año, el abogado Luis Hermosilla se sentó en el banquillo de los imputados en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, durante la audiencia de formalización, ahora, por una de las aristas del caso Audio, la denominada Parque Capital.

Al otrora reputado penalista, en esta oportunidad, se le imputó el delito de tráfico de influencias, toda vez que habría recibido pagos -según formalizó el Ministerio Público- por realizar gestiones en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en favor del proyecto Parque Capital, del Grupo Patio, empresa de propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

Pero esta no será la última formalización de Hermosilla. Y es que para el próximo lunes 13 de enero la Fiscalía Metropolitana Oriente también lo reformalizará -ampliando los cargos en su contra- por el delito de soborno, en el caso Audio. Audiencia en la que también estará con otros 15 imputados de esa misma causa y del caso principal, conocido como Factop.

En ese contexto, poco antes de las 11 de la mañana -hora en la que estaba fijada la audiencia- llegó hasta el Centro de Justicia el abogado del penalista, Juan Pablo Hermosilla, quien además de cuestionar la nueva imputación, también adelantó que pedirían, en la misma audiencia, el sobreseimiento de su hermano en la arista Parque Capital.

Pero no fue lo único, ya que el defensor también planteó: “Aquí están pasando puras cosas raras”, sosteniendo que la tesis que más tarde expondrían es que Hermosilla no era un funcionario público, por ende, que no se le puede imputar el delito de tráfico de influencias -que lo cometen esos trabajadores-. “La Fiscalía está haciendo cosas indebidas. Ellos saben que no es funcionario público”, concluyó Juan Pablo Hermosilla.

Minutos antes de que comenzara la audiencia -que se atrasó 30 minutos- el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, adelantó que el ente persecutor ya tenía acreditados los hechos por los que imputaría a Hermosilla durante esta jornada y que no solicitarían medidas cautelares ya que el imputado está en prisión preventiva por la otra causa en el Anexo Capitán Yáber.

“Tenemos una convicción firme de que los presupuestos materiales y la participación de don Luis en el delito por el que vamos a formalizar está acreditado y el tribunal va a estar de acuerdo con nosotros”, adelantó Orellana en su ingreso a la sala 804 del edificio B del Centro de Justicia.

Ya en la audiencia fue el turno del fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, de formalizar por el presunto delito de tráfico de influencias a Hermosilla, quien estaba sentado al lado de su defensa, con un chaleco amarillo que dice “imputado” y engrillado.

Durante su exposición el fiscal Sepúlveda detalló a la jueza María Carolina Herrera que se formalizaba a Luis Hermosilla en su calidad de funcionario público, toda vez que fue asesor del Ministerio del Interior -y de sus autoridades- durante el gobierno anterior. En ese contexto, el persecutor apuntó que el abogado operó a favor de los intereses, dijo, del Grupo Patio.

Específicamente, Sepúlveda afirmó que Hermosilla tuvo un “rol de consejero incluso en actividades delictivas” de parte de las empresas de los Jalaff, de quienes -además, especificó- tenía una vinculación de amistad y dependencia económica, toda vez que recibía de su parte ayudas económicas, créditos y la entrega de una oficina en Alonso de Córdova.

El persecutor, explicó que precisamente una de las gestiones -y que es la que se imputa- que habría realizado Hermosilla en favor de la empresa de los hermanos Jalaff fue gestionar la autorización del proyecto Parque Capital, para lo que utilizó “su propia influencia o a través de Andrés Chadwick”, sobre las autoridades del Ministerio de Vivienda.

En ese sentido, Sepúlveda detalló las operaciones del entonces asesor de Interior, especificando que en una oportunidad, en junio de 2020, citó al exministro de Vivienda Felipe Ward hasta su oficina para exponer la situación -paralizada- del proyecto de Parque Capital en la comuna de Lampa. Cita que repitió en agosto del mismo año, en la casa del entonces secretario de Estado, quien además estuvo acompañado del seremi de Vivienda de la RM, Manuel José Errázuriz.

Desde entonces, aseguró el fiscal, Hermosilla tuvo comunicación directa con la autoridad regional de Vivienda, logrando que este “se involucrara directamente” en la tramitación. Según señaló el persecutor, el abogado presionaba a través de WhatsApp para conocer el estado de avance de las autorizaciones del proyecto y entregaba documentación necesaria. Errázuriz, a su vez, pedía a sus asesores informe favorable al proyecto, apurando las decisiones, como explicó Sepúlveda.

Por esas gestiones, según el Ministerio Público, Hermosilla recibió una retribución económica de 45 mil UF. Pese a ello, al momento de los descargos, el abogado del otrora influyente penalista descartó dichos pagos de forma tajante.

De todas maneras, Orellana afirmó que esas comisiones se habilitaron vía una “triangulación”, toda vez que los dineros de Parque Capital por las gestiones del abogado fueron a dar una cuenta de Factop, desde donde recibió los dineros Hermosilla.

Tras la comunicación de los hechos, la magistrada Herrera le preguntó a Hermosilla: “¿Entendió los hechos?”. Pregunta ante la que el abogado respondió: “Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente”.

La formalización de cargos, de parte de la Fiscalía, se extendió por poco más de diez minutos. Pese a eso, la audiencia se ha extendido por casi dos horas, luego de que la defensa del abogado Hermosilla pidiera -inmediatamente- el sobreseimiento del penalista.

Tras la exposición de la Fiscalía, que no pidió medidas cautelares en contra del abogado, fue el turno de la defensa, quien pidió “ir a un juicio”. Lo anterior, porque a juicio del abogado de Hermosilla los hechos imputados no constituyen un delito, por lo que se trata de una discusión jurídica que puede ser revisada en un juicio.

La postura de la defensa es que Luis Hermosilla no ostentaba el cargo de funcionario público y que solo era un asesor a honorarios del Ministerio del Interior. En esa línea, el defensor apuntó a que las gestiones hechas por su hermano no son una actividad ilícita y que se trata de trabajos propios de un abogado.

Para plantear aquello, Juan Pablo Hermosilla expuso que Luis Hermosilla era un abogado reputado, con amplia experiencia, por lo que a veces se le contrataba -como a otros profesionales del sector- para realizar gestiones en favor de algo. Esto porque, argumentó, “no solo tenemos el poder intelectual, tenemos el poder simbólico”.

Entrando al fondo de la discusión, Hermosilla apuntó a que si a su hermano la Fiscalía lo considera un funcionario público y por lo que lo formaliza, entonces todo funcionario que se acercó a él para pedir gestiones -nombramientos, por ejemplo- entonces debe ser formalizado.

Respecto a aquello, apuntó nuevamente a la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. “La fiscal Parra, la jefa de los dos colegas aquí, ella misma le pide a Luis que hable con ciertos ministros” durante su postulación a fiscal regional, “entonces tendrían que formalizar a Lorena Parra”.

“Esto es blanco o negro, si Luis es funcionario público, la fiscal Parra, Marta Herrera y todos los que pidieron ayuda cometieron delitos”, dijo Hermosilla, agregando que “no puede decir (la Fiscalía) en esto es funcionario público, pero cuando lo llamaba la fiscal Parra, no”.

En un candente debate jurídico sobre si las gestiones de su hermano eran o no delito, el penalista concluyó: “Si le abriera el teléfono a los abogados del CDE, a los fiscales, se encontraría con cosas similares, magistrada”.

La evidencia desde el Ministerio Público, ante la posición de la defensa de Luis Hermosilla, apuntó a que el abogado sí tenía la calidad requerida para ser imputado por el delito de tráfico de influencia. Para argumentar aquello, los persecutores citaron mensajes del exministro Ward y Francisco Feres, gestor del proyecto Parque Capital, los que declarando que efectivamente, Hermosilla, era funcionario público.

“Había una estrategia plausible de parte de Patio Capital, pero eso lo hacía Francisco Feres por la vía regular, y contándole a todo el mundo que se iba a reunir con todas las personas, no como lo hacía Luis Hermosilla”, expuso el fiscal Orellana. A lo que agregó: “parece ser que la defensa le parece esto algo regular”, destacando a que la tramitación hecha para Parque Capital no era adecuada.

El persecutor, también respondió a los dichos de la defensa de Hermosilla sobre la posibilidad de que se formalice a más personas por el delito de tráfico de influencias. “Es un mal argumento tratar de empatar respecto de circunstancias similares. Porque bajo ese cuestionamiento, se podría generar una critica de determinados organismos. Pero nunca ese argumento de empatar situaciones va a llevarlo de estar eximido de responsabilidad penal”, dijo Orellana.

Cerrado el debate, la magistrada María Carolina Herrera rechazó la solicitud de sobreseimiento solicitada por la defensa del otrora reputado penalista, al considerar -al menos en esta instancia procesal- que Hermosilla sí tenía la condición de funcionario público, tanto por definición como por recibir un pago por sus servicios provenientes de las arcas fiscales.

La magistrada, además, accedió a fijar los 120 días de investigación solicitados por la Fiscalía, la que pidió ese tiempo -pese a que la defensa pedía 30- para hacer más diligencias como citar a declarar a más personas, entre ellos, nuevamente, al exministro Ward.

Tras el término de la audiencia, y consultado sobre una posible formalización de los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward, Sepúlveda sostuvo que “estamos reuniendo los antecedentes necesarios para acabar la investigación y cuando se tengan esos antecedentes probablemente se van a tomar decisiones respecto a otras personas”, concluyendo que en el caso de las exautoridades se debe “precisar el rol de estas personas en este caso”.