El próximo martes es un día clave.

Después de tres años y medio desde el inicio de la indagatoria, la jueza del Tribunal Garantía de Viña del Mar, Yesica Hidalgo, fijó para el 14 de septiembre la audiencia para debatir el cierre y sobreseimiento definitivo de la causa conocida como “Horas extra”, que investiga el presunto pago irregular de horas extraordinarias en la Municipalidad de Viña del Mar durante el segundo semestre de 2014.

Vía Zoom, la fiscalía se opondrá al sobreseimiento definitivo de la causa, que se presume solicitará la defensa de los imputados por fraude al fisco y exdirectivos de la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI): Pablo Staig, Manuel Echeverría y Javier Garrido.

En el periodo investigado, el Ministerio Público habría logrado acreditar que Staig -quien ejercía como administrador municipal y director (s) de Administración y Finanzas-, Echeverría -exdirector del departamento de Finanzas- y Garrido -exfuncionario de la sección Remuneraciones- autorizaron el pago de horas extra a trabajadores que estaban de vacaciones o con licencias médicas, por un monto total avaluado en $ 56 millones.

Por eso, el ente persecutor trabaja en la acusación que presentará contra los tres imputados por fraude al fisco, una vez el juzgado dictamine el cierre de la causa.

Según establece el artículo 239 del Código Penal, el delito de fraude al fisco es el que comete un empleado público que defrauda o consiente en que se defraude al Estado, originando una pérdida o privando a la institución (el municipio, en este caso) de un lucro legítimo, en operaciones en que interviene por razón de su cargo.

En este caso, la fiscalía acusará por el “mal pago” de horas extra, pero no por una apropiación de dinero público. Asimismo, está analizando qué penas solicitará para cada funcionario por una conducta que era reiterativa al interior de la municipalidad. Además pedirá las típicas penas accesorias asociadas a la defraudación, como inhabilitación de cargos de oficio público y multas.

Al respecto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, señaló que “atendido a que la defensa solicitó discutir el sobreseimiento definitivo de la causa, sin indicar la causal respectiva, el Consejo de Defensa del Estado, en su rol de querellante en esta causa, planteará su oposición a dicha petición, sea cual fuere la causal que se indique o invocada por la defensa, en base a los argumentos que se entregarán durante la audiencia”.

El abogado Javier Gómez, también querellante, agregó que “en derecho debe rechazarse (el sobreseimiento) por falta de investigación. Los delitos son manifiestos. De lo contrario, una vez más el Ministerio Público fracasará y se obtendrá impunidad ante la corrupción en Viña Del Mar”.

La causa “Horas extra” está siendo dirigida desde hace un mes por el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, José Uribe, y el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade.

Anteriormente, fue el persecutor Patricio Toro quien llevó adelante la indagatoria y logró la formalización de los imputados.

En junio de este año, Toro obtuvo un permiso especial para formarse en la Academia Judicial por un plazo de seis meses. Por lo que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, instruyó a Uribe y Andrade la investigación sobre los pagos irregulares que se habrían concretado durante la administración de Reginato.

Ambos fiscales tienen experiencia en causas relativas a delitos económicos. Uribe llevó la indagatoria sobre fraude al fisco en la Intendencia de Valparaíso -causas 1 y 2-, donde logró condenas por diez años para los imputados. Por su parte, Andrade encabezó la investigación contra el exdirector de Chiledeportes de Valparaíso, también condenado por este delito.

Por ahora, junto con impulsar la arista “Horas extra” -con apoyo de la PDI y el Consejo de Defensa del Estado como querellante- también tienen asignada la investigación sobre la eventual falsificación de balances y cuentas públicas -conocida como “Déficit presupuestario”-, y la denuncia por presuntas irregularidades contra Javier Aravena, exdirector de la Casa del Deporte de la Corporación Municipal, presentada por la actual administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD). Ambas están en curso.

Una cuarta arista, denominada “Pago de proveedores”, sigue a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

En paralelo, la fiscalía impulsa otras tres investigaciones vinculadas al municipio: una por eventuales delitos de exhumación o traslado de cadáveres y hurto agravado en el cementerio municipal Santa Inés; otra por la eventual comisión de delitos de espionaje, sabotaje informático y de malversación de caudales públicos, a partir de pagos realizados a distintos funcionarios de la Corporación Municipal; y una tercera -de oficio- por posible cohecho en licitaciones.

En consecuencia, la compleja indagatoria que recae sobre el municipio de Viña del Mar ha supuesto -y supondrá- la apertura de nuevas aristas. En un “mar de papeles” -de entre 80 y 100 tomos- se investiga toda la estructura de poder del municipio, incluida a la exalcaldesa -que declaró como imputada por “Horas extra” en febrero pasado- y su exjefa de gabinete, María Angélica Maldonado, abogada y esposa de Javier Aravena.

El 20 de julio, Virginia Reginato fue inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años tras una sentencia del Tricel que recogió el requerimiento de cese en el cargo por la causal de “notable abandono de deberes”, que la sacó del concejo municipal, donde había obtenido la primera mayoría.