“Fiscalía supraterritorial”: el proyecto que crea “superinvestigadores” que pesquisarán los más graves delitos en todo el país

En medio de una conferencia organizada por la Fundación Paz Ciudadana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó el ingreso al Congreso de un mensaje presidencial que plantea una reforma constitucional que tiene por objetivo crear una Fiscalía supraterritorial al interior del Ministerio Público. Una especie de unidad de “superinvestigadores” que indagarán los más graves delitos en todo el territorio nacional.

La idea, como se lee en el texto de nueve carillas, es hacer frente a los cambios que ha experimentado la criminalidad que opera en Chile, la que, como se ha insistido, se ha complejizado, presenta mayores niveles de violencia y ciertamente no respeta las divisiones territoriales que el país se ha dado.

De esta forma, se cumple con un anhelo planteado por las autoridades del Ministerio Público, y se comienza a trazar el camino para establecer una unidad que tendrá atribuciones para investigar delitos complejos vinculados a asociaciones criminales que operan en distintas zonas del país. El diseño de la misma, en todo caso, dependerá de lo que se establezca en la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que se ingresará una vez se apruebe esta reforma.

La idea, de todas maneras, es que sea un mismo fiscal el que instruya órdenes unificadas respecto de asociaciones pesquisadas, más allá de la región donde esta opere, como sucede en el caso de los delitos federales en Estados Unidos.

Experiencia comparada da cuenta, además, de que esta Fiscalía supraterritorial -que será encabezada por un fiscal designado por el máximo persecutor y de su exclusiva confianza- podría tener aparejado un catálogo de delitos de su incumbencia. Entre ellos, quienes conocen de la materia plantean: delitos de corrupción, actos terroristas, tráfico de drogas, lavado de activos, ciberdelitos, delitos ambientales, entre otros.

Asimismo, las mismas fuentes adelantan que se podrá requerir, tal como en otros países, la creación de una unidad policial especializada que trabaje coordinadamente con la nueva institucionalidad, pero que seguirá dependiendo de Carabineros o de la PDI.

Como se indicó, en el Ministerio Público existe desde hace años interés en que se cree esta nueva entidad y, por lo mismo, al ser consultado por el anuncio, el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró a La Tercera que se trata de “una muy buena noticia”.

“Al postular al cargo planteamos que era necesario poder contar con una Fiscalía que pudiese llevar adelante investigaciones en todo el territorio nacional. Y esta propuesta del gobierno es uno de los pasos necesarios para poder contar con esa instancia. Una vez que se apruebe esta reforma constitucional, podrá modificarse la ley orgánica del Ministerio Público, que permita entonces que esa Fiscalía opere. Esa reforma es necesaria”, sostuvo.

Eso sí, Valencia fue claro en que para que el plan funcione se requerirán recursos y disposición.

“También tendrán que estudiarse los recursos que se requieren para que esa Fiscalía funcione. No cabe duda que no basta una reforma constitucional. Se requiere luego la ley orgánica, se necesitan los recursos para que esa Fiscalía supraterritorial opere adecuadamente, los refuerzos para las policías. Pero para que podamos llegar a esa situación final en la cual una Fiscalía supraterritorial trabaje efectivamente en el país, este primer paso es necesario y por lo tanto es muy positivo”, dijo el fiscal nacional.

En los mismos términos, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, sostuvo: “Buena noticia. Hemos insistido en la necesidad de crear esta Fiscalía supraterritorial para que vea crimen organizado y también corrupción compleja”. Insistió, eso sí, en que para que esto tenga el efecto deseado se debe avanzar en un fortalecimiento más integral del Ministerio Público y que permita contar con mayor número de fiscales.

Como se indica en el texto de la reforma ingresada por el Ejecutivo, la Fiscalía supraterritorial tendrá por objeto única y exclusivamente la investigación y persecución de delitos particularmente complejos respecto de los cuales concurran las siguientes dos circunstancias: “que se trate de ilícitos en los que exista presencia de asociaciones delictivas o criminales y que los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorial o transnacionalmente”.

Esta no es la primera vez que se busca generar este cambio, pues tanto en 2012 como en 2014, en los gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, respectivamente, se presentaron iniciativas en esta línea, aunque no prosperaron.

Desde el gobierno destacaron, además, que esta iniciativa “se enmarca en un conjunto de esfuerzos que han buscado hacer frente al crimen organizado dotando de más y mejores herramientas al ente persecutor”.