Fracasa segundo intento de Piñera por catastrar tierras indígenas: Contraloría declaró ilegal licitación por errores técnicos

Era un compromiso presidencial que había que cumplir. Así resumían en La Moneda lo relevante que era dejar andando la licitación de la Conadi para catastrar las tierras indígenas en base a los títulos de merced. El objetivo de eso implicaba licitar, por más de $ 5 mil millones, un análisis con la intención de tener claridad de cuál era el universo total de terrenos a restituir, cuánto ya se había devuelto y qué es lo que faltaba por comprar.

La licitación llevaba por nombre “Catastro Títulos de Merced para las Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos” y sus bases técnicas ingresaron a la Contraloría, para su toma de razón, el 6 de diciembre. El asunto estuvo en revisión por más de dos meses y, testigos del proceso comentan que fue materia de debate jurídico y técnico profundo. Tal como había adelantado La Tercera, el escenario más probable era que la Contraloría Regional de La Araucanía se inclinara por no dar luz verde a la toma de razón.

El resultado de eso se supo hoy a primera hora. El organismo que dirige el contralor Jorge Bermúdez representó las bases, es decir, las rechazó al considerarlas ilegales. El oficio de representación, al que tuvo acceso La Tercera PM, contiene más de 30 observaciones. El rechazo del ente contralor fue estrictamente por razones técnicas.

En el documento, que ya fue notificado al gobierno, se puede leer el tenor de los reparos hechos por Contraloría. “Primeramente, se debe señalar que el resuelvo primero de la resolución en estudio hace referencia a un proceso licitatorio distinto al que se pretende convocar”, plantea el oficio. Luego se reprocha que no se respetaran los criterios fijados por el propio Ministerio de Hacienda: “En el punto N° 6, deberán especificarse los plazos de las etapas de la licitación, según se exige en el artículo 22, N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886″.

Esto mismo luego se repite en otro aspecto: “En el punto 10 de las bases técnicas, se debe observar que varios de los criterios de evaluación carecen de la objetividad exigida en el artículo 22, N° 7, del referido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda”.

Otra de las observaciones apuntó a que “en el sub factor ‘Plan de Trabajo para la Ejecución del Catastro’, se contemplan varios términos o frases de carácter subjetivo que no se especifican en su contenido, como, por ejemplo ‘asegurar el cumplimiento de los objetivos’, ‘poco detallado’, ‘claramente’, ‘general y poco organizado’, ‘sin mayor detalle’, ‘coherente’, ‘forma minuciosa y detallada’, entre otras”.

El documento, de hecho, termina así: “Finalmente, se hace presente que en el instrumento de la especie se ha omitido consignar el imperativo final ‘tómese razón’”.

El Presidente Sebastián Piñera siempre ha querido contar con un catastro de las tierras indígenas. Quienes saben del análisis que se ha hecho en Palacio sobre este tema aseguran que, a juicio del Ejecutivo, la única forma de poner fin a la compra de tierras indígenas es sabiendo cuál es el universo de terreno que se debe devolver para, según eso, marcar lo que ya se compró y así poder planificar lo que falta por restituir.

Sin ese insumo el gobierno estima que nunca será posible ponerle fin a esta demanda, ya que siempre se estará ante un problema infinito, pero con recursos finitos.

Por eso cuando Piñera asumió su segundo mandato, el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quiso ser el encargado de solucionar este problema. Justo antes de que ocurriera el homicidio de Camilo Catrillanca, comunero asesinado a manos de personal del GOPE de Carabineros en medio de un operativo policial, Moreno estaba en plenas gestiones para su plan de acción en La Araucanía. Iba bien encaminado. De hecho, estuvo a punto de conseguir el ansiado catastro.

En ese momento surgió la idea de encargarle la misión al contralor Bermúdez. Se descartó a la Conadi, ya que a juicio de algunos no tenía suficiente legitimidad. El análisis de esa época apuntaba a que si ese órgano catastraba las tierras, de inmediato iba a tener la oposición de las comunidades mapuche, las que interpretarían el hecho como una forma de limitar las restituciones territoriales.

Bermúdez analizó el tema, solicitó información a la Conadi, pero a poco andar le comunicó su rechazo a Moreno. El contralor se dio cuenta del desorden administrativo que existía en la Conadi, pero sobre todo, de una serie de compras realizadas hace décadas atrás que no tenían respaldo legal. Haberse involucrado en esto habría implicado “blanquear”, sostienen algunos, lo realizado en administraciones pasadas.

El tema quedó muerto, hasta que Piñera lo revivió en su última Cuenta Pública cuando dijo que era necesario “resolver la situación de tierras”, y para eso hay que “realizar un catastro global de la situación de las tierras, que contenga las ya entregadas, su estado de producción y los compromisos pendientes del Estado”.

Ahora nuevamente su idea se ve truncada y de nuevo por Bermúdez, esta vez en un oficio firmado por la Contraloría Regional de La Araucanía. Conocedores del proceso dicen que la Conadi podría volver a ingresar las bases luego de hacer todas las correcciones solicitadas por la Contraloría. Sin embargo, hacer eso en temporada de vacaciones y a menos de un mes de que se termine el gobierno es complejo.

Los expertos dicen que ahora habrá que ver qué decisión toma la Conadi. Sea cual sea el escenario, es probable que de dejar esto pendiente, el Presidente electo Gabriel Boric lo suspenda. El futuro Mandatario quiere reformar la política de restituciones territoriales. Además hay diferencias relevantes de enfoques. Mientras el actual gobierno se basa únicamente en las tierras documentadas en los títulos de merced, el próximo Jefe de Estado ha deslizado que esto se hará en base a lo que los mapuche llaman las “tierras antiguas”, es decir, los territorios ancestrales antes de que pasaran a manos de privados, lo que había previamente a la división, reducción territorial y remates.