Francisco Peña Riveros, el último frentista que Francia se negó a extraditar

La planificación del escape duró más de un año. Cuando el 30 de enero de 1990, el exfrentista Francisco Peña Riveros, se fugó junto a otros 48 prisioneros vinculados a delitos políticos de la Cárcel Pública de Santiago -demolida en 1994-, el túnel de 60 metros de largo y 50 centímetros de diámetro llevaba varios meses en construcción. Los subversivos que idearon la huida partieron cavando con tenedores y cucharas, escondiendo la tierra sobrante en un entretecho; construyeron luego sistema de ventilación artesanal con botellas de plástico y, finalmente un sistema eléctrico que les permitió continuar avanzando.

La noche en que Peña Riveros recuperó la libertad, dejando atrás los seis años en que permaneció en el recinto que operaban entre la Estación Mapocho y el Mercado Central, se encontró con un grupo de ayudistas que los trasladó en una micro a casas de seguridad y que le dejó boletos de metro, algo de ropa y dinero para locomoción. Tras un año en la clandestinidad, Peña Riveros, al igual que otros frentistas como Jorge Angulo González, Juan Carlos Cancino, Ricardo Campos, Víctor Díaz Caro y Juan Carlos Caro, eligió Francia como lugar de residencia. Desde allí, la Corte Suprema solicitó extraditarlo en 2014, sin tener éxito. Es el precedente más directo de lo que probablemente ocurra con Ricardo Palma Salamanca el próximo 12 de diciembre, cuando la Corte de Apelaciones de Paris revise la petición hecha por Chile y que se prevé sea compleja tras la resolución de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) de concederle la calidad de refugiado a él y su familia.

Peña Riveros había sido condenado en Chile en ausencia a presidio perpetuo en la causa por la sustracción del  entonces menor Gonzalo Cruzat en 1984. Se trata de uno de los primeros secuestros del Frente: El miércoles 11 de abril de 1984, mientras Gonzalo, de 11 años, esperaba locomoción colectiva en la esquina de su casa, en Charles Hamilton con Lo Fontecilla, fue forzado a subir a un vehículo y trasladado a un sótano que medía 1.90 por 1.50 metros. Allí estuvo durante cuatro días y medio, hasta que su padre, el empresario Manuel Cruzat, entregó los $ 30 millones y US$ 200 mil que se exigió como rescate. Además, el exguerrillero tenía otras sentencias por asociación ilícita por la irrupción a una armería y a una agencia italiana de noticias, que sumaban otros 18 años de presidio y dos penas de 541 días.

En un libro publicado en 2006, titulado "La gran evasión", Peña Riveros aseveró que "yo hago parte de las personas que no creyeron en el cambio de gobierno, del cambio democrático entre comillas y por esa razón decidimos fugarnos de la cárcel. El trabajo en la cárcel que permitió que recobrásemos nuestra libertad duró prácticamente un año y durante este tiempo, siempre nos interrogamos y analizamos si era o no correcta la evasión, pensando que se avecinaba un cambio de gobierno. Nuestra conclusión fue que el gobierno que venía, la Concertación, no nos iba a permitir la libertad, que íbamos a continuar en la prisión y que lógicamente nuestro derecho era continuar la lucha en la que nos habíamos comprometido, por lo cual la cárcel se convierte en una nueva trinchera. Es por esto que decidimos lograr la libertad por nuestros propios medios".

Cuando se activó, por fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte Suprema, el trámite de extradición, Peña Riveros y su familia contaba con la condición de asilo a través de un visado especial que concedió François Mitterrand a los presos políticos y que fue clave para denegar el requerimiento del máximo tribunal chileno.

Ello, además, no es extraño. Según cifras del Poder Judicial publicadas por La Tercera en febrero de este año, entre 2007 y 2017 Chile ha solicitado la extradición de 86 personas desde el extranjero en el sistema de la justicia antigua, que indaga delitos anteriores a 2005. Sólo en ocho casos esta petición ha tenido buenos resultados.

Si bien tampoco ha habido éxito en otras peticiones sobre exfrentistas, como las hechas a Suiza por Patricio Ortiz o a Argentina por Galvarino Apablaza, Francia, en particular, es especialmente reticente a este tipo de procedimientos.

Francisco Brzovic, -hermano de Silvia, la expareja de Palma Salamanca que se encuentra en París con él y sus hijos- asevera que Francia " tiene una tradición de solidaridad y fraternidad muy grandes, su historia está ligada a estos valores. No hay que olvidar que el golpe de estado de Chile fue durante el gobierno de Giscard d'Estaing, que es de derecha, sin embargo no escatimaron en ayudar y apoyar con todos los medios posibles a las víctimas de la dictadura".

Francisco, quien es cineasta y reside en París, recalca que en el caso de su hermana, él está "muy contento que hayan obtenido el refugio, me parece muy lógico, y la mejor prueba de ello es las reacciones desmedidas, desaforadas y completamente viscerales de parlamentarios y responsables políticos, es espeluznante saber que son esas personas que tienen el poder y dirigen el país".

Agrega que "falta mucha cordura y objetividad en el tratamiento de este tema, ya que como bien lo dijo el abogado en la conferencia de prensa de ayer, Chile no da garantías de nada. A modo de ejemplo, el caso Pinochet fue una burla y un brazo de honor que le hicieron al mundo entero, y se supone que eso también ocurrió en 'democracia' y en pleno estado de derecho, que mas decir, sino que Francia es un país a años luz de Chile en cuanto a democracia e independencia de las instituciones, por lo que me da risa las pataletas de estos señores que pretenden pedir cuentas y ser ejemplo de sobriedad, seriedad y responsabilidad".