El miércoles a medianoche es la fecha límite que se fijaron los integrantes de la Comisión de Sistema Político, considerada la instancia madre de la Convención Constitucional, para lograr un acuerdo amplio respecto de la forma que tendrá el Congreso.

Ese día vence el plazo para presentar indicaciones que no fueron incluidas en el primer informe. Si bien en votación dividida la comisión había aprobado un Parlamento unicameral, existe el riesgo de que en el pleno no haya el mínimo de 103 votos (dos tercios de la asamblea) para que quede en la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito.

El problema es que hoy existe un empate técnico que quedó gráficamente demostrado en las votaciones de la Comisión de Sistema Político, donde los unicameralistas (postura defendida por el Frente Amplio, el PC, Movimientos Sociales, algunos Pueblos Originarios e independientes) se impusieron por un solo voto de diferencia a quienes propugnaban por un esquema bicameral (Senado y Cámara).

Si no se llega a un acuerdo en la noche del miércoles, cada grupo presentará sus propuestas por separado, con el alto riesgo de que sean rechazadas. Incluso, si las proposiciones no logran ni siquiera la mayoría simple cuando sea la discusión en particular, morirían en el acto. Ese escenario generaría una situación imposible del punto de vista reglamentario, ya que obligaría a buscar un acuerdo adicional para no aplicar el reglamento y recién generar una nueva ventana de negociaciones.

En todo caso, si alguna iniciativa sobre el Congreso es rechazada (por no reunir los dos tercios), pero al menos llega a la mayoría simple en la discusión en particular, la propuesta volvería a la Comisión de Sistema Político para tratar de lograr un consenso en un plazo “perentorio” (dice el reglamento) no mayor a 15 días. Sin embargo, si en esta nueva ortunidad no hay acuerdo, el resultado sería una suerte de apocalipsis legislativo: no habría Congreso en la Constitución.

El fin de semana y este lunes hubo varias conversaciones en búsqueda de un consenso. De hecho, el viernes y el domingo en la tarde hubo encuentros telemáticos entre representantes de todos los sectores de la Convención (de derecha a izquierda, independientes y de escaños reservados) para tratar de consensuar algunos criterios.

Lo sorpresivo de esos contactos es que los representantes de Pueblos Originarios y del Frente Amplio, entre ellos el exvicepresidente de la Convención Jaime Bassa, que habían sido férreos defensores de la unicameralidad, debido a sus críticas al rol histórico que ha tenido el Senado, se abrieron a una fórmula de Parlamento bicameral, es decir, con dos ramas elegidas de forma distinta.

“Son conversaciones preliminares”, advirtió un convencional de los escaños reservados, que pidió anonimato, pero que confirmó que una de las ideas es que exista una Cámara Alta con menores facultades en el trámite legislativo.

La academia define ello como un Parlamento “asimétrico”. No obstante, algunos detractores han apodado esa idea como un “Senado sin dientes”.

La constituyente de Convergencia Social, Constanza Schönhaut, señaló que hay una “responsabilidad” en juego y explicó que están haciendo “esfuerzos para buscar una solución que pueda dar cuenta de la idea central de la demanda unicameral, pero que logre sumar a colectivos que están por la bicameralidad”.

“Creemos que eso puede lograrse en el marco de un diseño asimétrico, que no replique el rol revisor del Senado actual, pero sí que dé cuenta de una representación territorial y plurinacional”, explicó la dirigenta frenteamplista.

Las tratativas, sin embargo, hasta hoy al mediodía seguían trabadas. Incluso se complejizaron, porque si bien el Frente Amplio se abrió a mantener el Senado con menos poder, también está pidiendo a cambio que prospere la idea de la Comisión de Forma de Estado, impulsada por las convencionales Amaya Álvez (RD) y Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales), para que existan asambleas legislativas regionales.

Esa fórmula fue rechazada particularmente por convencionales de derecha, porque generaba, a juicio de ellos, un modelo tricameral (la actual Cámara, un Senado reformado y, además, estas instancias regionales) e instalaba un sistema federal encubierto (similar al de EE.UU., donde los estados pueden tener leyes propias).

La idea de esta suerte de parlamentos regionales tampoco le gusta al PC, dicen algunos negociadores.

El independiente Renato Garín, además, presentó un reclamo a la mesa directiva, alegando que la Comisión de Forma de Estado se excedió en sus atribuciones reglamentarias al plantear estas asambleas legislativas regionales, pues, a su juicio, era una materia propia de la Comisión de Sistema Político (que hoy está negociando la fórmula del Congreso).

El constituyente de Evópoli Hernán Larraín dijo que “nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a buscar un acuerdo, en la convicción de que el bicameralismo es una fórmula que genera contrapesos y, a su vez, da representación a los territorios, pero hasta ahora ese acuerdo no se ha producido”.

“El día jueves o viernes veremos las indicaciones que presenten los distintos colectivos, y ahí veremos las coincidencias. Es de esperar que el bicameralismo se discuta con altura de miras, y no se llegue con el tema cocinado”, señaló la convencional de la UDI Constanza Hube.

Actualmente, la bicameralidad es defendida por los cuatro grupos de la derecha, por la fuerzas de la ex Concertación (Colectivo del Apruebo), el Colectivo Socialista (PS e independientes afines) y mayoritariamente los Independientes No Neutrales.

Al hacer una proyección gruesa de sus votos sumarían cerca de 73, es decir, un poco menos de la mitad de la Convención estaría en contra de convertir al Congreso en una sola cámara.

Si a ello se le suma el ruido que generó en algunos convencionales el efecto de subrepresentación que tendría la unicameralidad en regiones extremas (según la evidencia técnica que han presentado académicos, juristas y politólogos), el cuadro podría estrecharse aún más.

También hay otro factor de incertidumbre. Algunos representantes de Pueblos Originarios, que son parte del sector más dialogante (Elisa Loncon, Adolfo Millabur y Rosa Catrileo) están abiertos a la idea de mantener el Senado, siempre que se incorporen algunos escaños indígenas.

Los socialistas, en tanto, representados por Ricardo Montero y Pedro Muñoz, si bien asumieron una defensa activa del bicameralismo para mantener el equilibrio de la representación regional, tampoco están por mantener el Congreso tal como lo conocemos hoy. Además de algunos ajustes de fondo, respecto de las atribuciones de ambas ramas legislativas, plantean que el Senado pase a llamarse “Cámara Territorial” para enfatizar su carácter regionalista.

El convencional de Independientes No Neutrales Guillermo Namor también señaló que por ahora no hay acuerdo y que su colectivo es partidario de un bicameralismo asimétrico e incongruente (es decir, que se elige de forma distinta)”. “Es asimétrico en relación a las atribuciones distintas que tendría la Cámara Política y la Cámara Territorial. La Cámara Territorial (lo que hoy se conoce como Senado) tendría atribuciones restringidas y solo un rol de revisión y no de iniciación de proyectos”, señaló.