Fuera del Mundial de Fútbol, enredados con usurpaciones y el viaje a China: otra semana en que el gobierno no controló la agenda
Golpeados por la noticia de que Chile no será sede en el evento deportivo, duras críticas de la oposición a la ministra Carolina Tohá por la agenda de seguridad y los cuestionamientos a la titular de la Segegob, Camila Vallejo, fueron algunos de los flancos que tuvo que intentar contener La Moneda.
Apenas se enteró el Presidente Gabriel Boric la mañana del miércoles llamó de inmediato al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y a su par de Argentina, Alberto Fernández. Un rato después habló con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña. En La Moneda no lograban entender cómo, y sin previo aviso, Chile se quedaba fuera de la postulación para ser sede del Mundial 2030, a diferencia de los otros tres países: Argentina, Uruguay y Paraguay.
Los ministros del gobierno aseguran que la noticia empezó a circular entre ellos por un link de X (antes Twitter) y en el instante empezó a crecer la desconfianza contra la Conmebol, pero también contra la ANFP, que lidera Pablo Milad, con quien el gobierno tiene puentes cortados. Incluso, el timonel de la Asociación, al salir a dar explicaciones, desató la rabia del Ejecutivo. “Esto no se trata de una persona, esto se trata también de un gobierno, ya que estamos postulando por un gobierno”, dijo el exintendente.
La noticia pegó fuerte en el La Moneda. “Con el nombre de Chile no se juega”, reclamó Boric. Y agregó: “Nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía, yo lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva”.
En el Ejecutivo no solo sintieron desconfianza por las gestiones de Milad, sino que también, y nuevamente, debieron salir a apagar incendios y ceder el principal objetivo que tenían en la semana: retomar la agenda con los Juegos Panamericanos y el Presupuesto 2024 como prioridad. Además, esta crisis afectó al ministro del Deporte, el mejor evaluado del gabinete según las últimas encuestas, a solo semanas de uno de los hitos más importantes de la historia deportiva del país en el que Boric tiene depositadas todas las expectativas.
Pero la humillación fue tal, que mientras las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo paseaban la antorcha de los Panamericanos -hito en el que el Ministerio del Deporte esperaba hacer lobby para ser sede del Mundial con actividades diplomáticas que involucraban al Presidente en pleno evento- la FIFA tejía las últimas gestiones para dejar fuera a Chile y anunciar la noticia sin previo aviso.
El golpe simbólico del Mundial fue el resumen de una semana en la que los ministros más importantes del gabinete -como Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Mario Marcel (con las cifras económicas presentadas en los últimos días), Nicolás Grau, Luis Cordero, Ximena Aguilera y el mismo Pizarro- debieron salir a aclarar flancos y responder diferentes disputas con la oposición. También el jefe de asesores, Miguel Crispi. Pero, pese a todo, el análisis de los equipos de Estudios en el gobierno no fue del todo negativo. Por ejemplo, en el tema deportivo, la conclusión del Ejecutivo, a través de análisis de redes sociales y medios de comunicación, fue que el fracaso “fue más adjudicado a la ANFP que al gobierno”.
Conflictos en todos lados
El lunes, temprano, la semana comenzó compleja para el gobierno. A las 12:00 la comisión investigadora por el lío de platas entre el Estado y fundaciones esperaba al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), en la sesión, pero media hora antes se ausentó y decidió excusarse.
Nuevamente, pese a los intentos del gobierno por alejar el conflicto lo más posible, la crisis llegaba al palacio presidencial. Y la ausencia del exdiputado estiró el debate, porque la mesa lo volvió a convocar para el próximo jueves 12, mientras el Ejecutivo buscaba todo tipo de estrategias para evitar que recibiera castigos por no presentarse. En la explicación legal ayudó el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a otros abogados, pero solo sirvió para generar aun más malestar en la oposición y entre algunos parlamentarios oficialistas.
Al mismo tiempo, a la misma hora del lunes, los ministros Tohá y Elizalde enfrentaban otro problema en el Congreso, ya que la derecha se opuso tajantemente al veto presidencial en la Ley de Usurpaciones. En el comité político del lunes se discutió la estrategia para enfrentar la postura de la oposición en la discusión sobre las penas para las tomas no violentas de terreno. “Hay un tema de convicciones”, decían en La Moneda, pero la movida no salió como esperaban.
En primer lugar, luego de que la ministra Tohá se viera obligada a rectificar sus dichos donde habló de “tomas pacíficas”. “El término correcto es ‘no violenta’, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió nomás”, explicó la jefa de gabinete, sobre el término que había utilizado en al menos dos ocasiones.
En este caso, los análisis de La Moneda nuevamente tuvieron matices. Por ejemplo, en las minutas de redes sociales que circulaban en el gabinete se detallaba que había errores comunicacionales del senador Felipe Kast (Evópoli), quien preside la Comisión de Seguridad Pública, en la discusión con la ministra Tohá, lo que generaba una disputa entre las dos posiciones.
Además, la lectura del gobierno es que la estrategia de La Moneda se fue afinando y que algunos parlamentarios de oposición han estado de acuerdo con la postura del Ejecutivo, pero se han molestado con las salidas de la ministra. Sobre todo luego de que diera a entender que si no se aprobaba el veto las tomas históricas tenían riesgo de ser penalizadas con cárcel, lo que generó la molestia de la oposición, desde donde la acusaron de “interpretar maliciosamente la norma”.
La postura de Tohá, que también fue defendida por Elizalde, fue respaldada en una minuta que fue enviada este jueves desde la Secom a los parlamentarios oficialistas. “Hemos tenido como Ejecutivo la insistencia de pedir seriedad en el tratamiento de este tema, pedir tomar en cuenta las consecuencias que va a tener en distintos tipos de realidad, y pensamos que es totalmente posible tener una buena ley que funcione adecuadamente en cada una de estas situaciones. Pero eso requiere un cambio en la manera en que se debate del cielo a la tierra respecto al que ha habido en todo este tiempo”, dice el texto.
De todas formas, la jefa de gabinete también tuvo otro fracaso con la aprobación de la ley que penaliza el porte de combustible en manifestaciones. “Con la oposición tuvimos una diferencia respecto a la calificación de penas, pero el Congreso habló y tengo que respetar la voluntad de la mayoría, estoy consciente de que en esto tenemos minoría”, dijo el Presidente.
El rol de Vallejo
Los conflictos en La Moneda no solo se dieron en materia de seguridad. En el Congreso también la oposición criticó la presencia de la ministra Camila Vallejo, junto a otros cinco ministros, en la gira a China que empieza el próximo jueves 12 de octubre.
Los cuestionamientos se deben a que no es usual que los voceros acompañen al Presidente en giras internacionales, lo que gatilló que congresistas de oficialismo y oposición acusaran a la ministra de utilizar el viaje para hacer campaña y de no exponerse a los conflictos.
“Son los republicanos, obviamente. Hay críticas porque no se considera o porque se considera mucho. La verdad es que es un socio estratégico comercial y el Presidente ha pedido incorporar a alguien del comité político, es un gesto a ese país”, respondió Vallejo. La misma respuesta que entregó La Moneda y que defendieron sus ministros.
En este caso también los equipos de Palacio hicieron un análisis de redes sociales y la conclusión fue que al ser planteado el tema varios revivieron el viaje que realizó el expresidente Sebastián Piñera junto a sus hijos al mismo país, lo que generó una defensa a favor de Vallejo. Además, en La Moneda aseguran que se había hecho un control de daños de los ruidos que pudiera generar la presencia de la vocera en la gira y que el valor que tiene su presencia en la gira como ministra del comité político con un socio estratégico como China le dio relevancia.
Otros flancos
Pero no solo en el comité político enfrentó críticas y situaciones complejas. Este jueves el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, difundió que empleadas externas de aseo encontraron osamentas en un contenedor de comida en las oficinas del Programa de Derechos Humanos.
“Hemos tratado de ser particularmente cautos debido a lo que esto implica”, explicó el ministro Cordero, quien añadió que “es difícil que sea alguien de la oficina, por dos motivos. El primero es porque el programa tiene funcionarios que llevan muchos años ahí, es como si usted entrara al edificio de la Vicaría de la Solidaridad, son abogados, asistentes sociales y otros. Por lo tanto, es un grupo de trabajo en el cual circulan muchos familiares”.
En el caso del ministro de Economía, Nicolás Grau, el diputado Diego Schalper (RN) anunció que lo oficiará luego de que se difundiera un video del estand de Chile en una importante feria de Turismo en París.
La Secom difundió una respuesta a sus parlamentarios para explicar el conflicto. “La Subsecretaría de Turismo junto al Servicio Nacional de Turismo aclararon que, respecto al registro de la Feria de Turismo Internacional Top Resa, realizada en París, Francia, entre los días 3 y 5 de octubre, el estand aludido corresponde a una empresa privada y no a la participación oficial del Gobierno de Chile. La empresa Cruceros Australis y Viva Latina Tours gestionó su participación de forma independiente, y no se relaciona a la participación de Chile en dicha instancia”, decía el mensaje.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, también salió al baile luego de que el diputado oficialista Tomás Lagomarsino, del Partido Radical, anunciara que iba a evaluar una acusación en contra de la jefa de cartera por su rol en la crisis de las isapres y también en los despidos de funcionarios de la salud a honorarios que fueron contratados en tiempos de pandemia.
Eso sí, Aguilera recibió un respiro al final de la semana, que también sorprendió al gobierno. La Corte Suprema aprobó la solicitud de prórroga de la Superintendencia de Salud para cumplir el fallo de las isapres, por lo que el gobierno y el ministerio, en particular, tendrán seis meses más para solucionar el conflicto.
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