Futuro del jefe de la PDI complica a La Moneda y pone en jaque al general Yáñez

La ministra del Interior, Carolina Tohá, esperaba que este viernes fuera un día de conmemoración, ya que a las 15.45 se realizará un homenaje por los 50 años del asesinato de su padre, el exministro José Tohá, pero una noticia en la mañana enredó los planes de la jefa de gabinete: a primera hora fueron allanadas la oficina y la casa del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en medio de la investigación del caso audios en que está involucrado el abogado Luis Hermosilla.

Además, la Fiscalía confirmó que el jefe de la policía será formalizado el próximo martes a las 9.00. La noticia movió el ambiente de inmediato en La Moneda. Tohá se comunicó con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y los ministros del comité político para ver cómo proceder.

La primera definición fue que la primera vocería estaría en manos de la ministra del Interior, luego de una presentación de un libro del senador Juan Antonio Coloma (UDI). Las conclusiones de los secretarios de Estado, al revisar los antecedentes que tenían a la vista, expuestos en el comunicado del Ministerio Público, eran lo suficientemente graves como para actuar con celeridad.

El documento que difundió la Fiscalía dice que las diligencias “se enmarcan en la investigación conocida como caso Audios y se fundamenta en las pericias del celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI”.

Con esos antecedentes sobre la mesa, Boric, en conjunto al comité político, decidió citar para las 14.00 de este viernes a Muñoz a La Moneda, junto a Claudio González, inspector general de la PDI. Pese a que en un principio desde el gobierno y la policía confirmaron que el Mandatario sería parte de la reunión, finalmente será la ministra Tohá quien lo reciba en su despacho.

La filtración de la noticia, además de no exponer a Boric -quien estuvo en varias llamadas telefónicas durante la mañana-, fueron parte de los argumentos para retroceder en la citación.

Desde la sede del Congreso en Santiago, la ministra Tohá aseguró que “si bien al gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, en ninguna dirección, es una causa que lleva la Fiscalía y actúa con plena autonomía, al gobierno sí le corresponde, y de eso sí nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad, y en definitiva no termine perjudicando a las personas”.

Precisamente esos argumentos de la ministra del Interior son los que se repitieron durante esta mañana en La Moneda para argumentar que la suerte de Muñoz estaba echada.

En el Ejecutivo aseguran “que no puede existir una autoridad policial formalizada” y que los delitos en los que estaría involucrado son muy graves para sostenerse en su cargo, ya que dañan la confianza con el gobierno, en un escenario en que Muñoz participa activamente de reuniones en la sede presidencial. De hecho, este jueves estuvo en el Palacio.

Pero la decisión que deberá tomar el Presidente en las próximas hora sobre el futuro de Muñoz en su cargo, le abrió otro dilema a La Moneda: qué hacer con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también será formalizado en mayo por omisiones en delitos ocurridos en el marco del estallido social de octubre de 2019, lo que también ha generado presión de algunos sectores del oficialismo para que no continúe en el cargo.

Eso sí, a diferencia de Muñoz, Yáñez sí ha sido respaldado por otras fuerzas políticas que defienden su continuidad al mando de la institución policial.

Así las cosas, uno de los escenarios que se conversó en La Moneda, es que sea Muñoz quien renuncie a su puesto para facilitar la acción del gobierno. De todas formas, tienen claro que el futuro de Yáñez, tras lo ocurrido en esta jornada, se ve aún más difícil.

El anuncio de la formalización de Muñoz reabrió un debate que desde hace tiempo se desarrolla al interior del oficialismo: si Yáñez debe o no dar un paso al costado.

Los parlamentarios del Partido Comunista fueron de los primeros en reaccionar. Y es que, en todo caso, ellos ya habían solicitado la renuncia de la principal autoridad de Carabineros cuando se anunció que él sería formalizado por responsabilidad de mando en el estallido social.

El diputado comunista Matías Ramírez señaló a La Tercera que “la pronta formalización del general Yáñez de Carabineros por responsabilidad de mando en la revuelta popular y ahora la de Muñoz, en el marco del caso Hermosilla, requiere un posición clara del gobierno en solicitar la salida de ambos. En estos casos, sin discutir la presunción de inocencia de ambos, se pone en cuestionamiento el funcionamiento de las dos instituciones”.

En relación a Muñoz, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) dijo que “resulta paradójico que sea justamente quien debe investigar, el que le ponga trabas a dicho trabajo, filtrando información sensible en diversas causas. Su salida debe ser inminente”. Además, consultada por este medio con respecto a la situación de Yáñez, sostuvo que “en caso de concretarse nuevas formalizaciones, el camino debe ser el mismo, dado que no hay nadie por encima de la ley”.

Más allá del PC, el diputado Jaime Sáez (RD) dijo a La Tercera que “en un momento tan crítico para la seguridad del país (...), me parece delicado y grave que las máximas autoridades de las instituciones policiales se vean formalizadas por distintas situaciones (...). Espero que el gobierno pueda tomar las más enérgicas medidas a la brevedad posible para fortalecer el rol de la PDI”.

Y agregó: “En la medida que los delitos que se les imputan se vean corroborados, evidentemente la permanencia de ambos es insostenible”.

El jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo, aseveró que “junto con la salida del director de la PDI, creo que a esta altura también la salida del general director de Carabineros es imprescindible. Las fuerzas de orden y seguridad no pueden estar cuestionadas de la forma que hoy día están, menos sus directores. Aquí está en juego la estabilidad de la democracia”.

Por su parte, el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) anunció que citarán al fiscal nacional a la comisión investigadora del “caso Audios”. Junto con eso, el parlamentario enfatizó que “se hace insostenible tener a las dos principales policías con sus directores y altos mandos cuestionados y formalizados por la justicia”.

Sin embargo, la posición de Soto no es compartida en todo el Socialismo Democrático. El senador Gastón Saavedra dijo que “con todo lo que se sabe, claramente el jefe de la PDI no puede continuar en el cargo. La decisión tiene que ser tomada ahora ya, en esas condiciones no puede seguir al mando de la policía”. En referencia a Yáñez, el legislador afirmó que “son causas distintas: uno es por una situación particular de una revuelta, tiene que ver con el actuar de las policías. Esto otro es una acusación gravísima que tiene que ver con coimas”.

En esa misma línea, y consultado sobre si es necesaria la salida de Muñoz, el senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo que “depende de cuál sea la imputación. Si es del tipo de traspaso de investigación, eso habrá que investigarlo. Pero si hay acusaciones graves, graves, yo creo que es mejor que esté fuera del cargo cuando se le procese”.

Y sobre el pie en que queda Yáñez en caso de que salga, el senador señaló que “en ese caso se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Nadie niega los hechos, la discusión es si el general dio o no las órdenes y qué órdenes dio. Además, el gobierno lleva todo este tiempo con el general Yáñez. En el caso del señor Muñoz, es mucho más reciente. Por lo tanto, su salida no causaría un daño irreparable en la institución”.

El presidente de Convergencia Social (partido de Boric), Diego Ibáñez, dijo a La Tercera que el caso “será competencia de Fiscalía y los tribunales, pero Chile necesita policías que estén con todas las capacidades puestas en el combate al crimen organizado. No puede haber cabezas cuestionadas por crímenes tributarios, por delitos tributarios, de cuellos y corbata. Eso es bastante grave”.

Con ello, el diputado agregó que “aquí hay que llegar hasta el final de la investigación, que salga a la luz toda la verdad y que las policías las dirijan personas que no estén cuestionadas por este tipo de delitos. Es importante, una señal a la ciudadanía que quienes nos dirijan estén abocados plenamente al trabajo hacia la comunidad y que no estén cuestionados por la justicia. Es algo básico”.