General Motors reflota antigua disputa con Davis Autos por terreno en Huechuraba

¿Se acuerda de Davis Autos? Ocho años después de la quiebra a la ex concesionaria de Chevrolet, ligada al ex socio de la corredora VanTrust, Víctor Larraguibel, en tribunales se vuelve a ventilar el caso de la automotora, que terminó por cerrar la cortina tras un bullado litigio con General Motors (GM).

En el año 2009, la fallida firma nacional presentó una demanda arbitral ante el otrora juez árbitro Nelson Pozo, -actual ministro del Tribunal Constitucional- para discutir los efectos y alcances de un contrato de venta y post venta automotriz. En su demanda exigió ser indemnizada en $9.000 millones. En dicho proceso si bien fue acogida la demanda arbitral, posteriormente la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo de primera instancia y rechazó la demanda en marzo de 2013.

El caso pasó a la Corte Suprema, luego que Davis Autos presentara un recurso de casación. Sin embargo, nuevamente el 19 de junio de 2014 fue desestimada la demanda contra la estadounidense.

Y es que si bien para GM el proceso "se encuentra terminado por sentencia firme y ejecutoriada", el pasado lunes a través de sus abogados del estudio jurídico Nelson Contador & Cia volvió a reflotar el proceso ante el 23º Juzgado Civil de Santiago. La defensa de GM en el proceso de arbitraje fue liderada por el abogado Luis Felipe Castañeda, ex socio de Contador, que actualmente se desempeña de manera independiente.

¿La razón? Revocar la prohibición de celebrar actos y contratos que pesa sobre el terreno en Avenida Américo Vespucio Norte Nº811, comuna de Huechuraba y cuyo dueño es justamente la gigante automotriz. Ello luego que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el pasado 10 de julio denegó la petición de alzamiento de la medida cautelar.

La automotora en su presentación ante el tribunal el pasado lunes admitió que el caso no ha sido nada fácil y el problema radica básicamente en dos motivos. Por un lado, el actual cargo que ocupa el ex juez árbitro le resulta "imposible que dicte una resolución fuera de su judicatura, pues tienen prohibición expresa de ejercer la profesión de abogado en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional".

La otra complejidad surge luego que el plazo de duración del arbitraje ha excedido los dos años establecidos en el inciso 3º del artículo 235 del Código Orgánico de Tribunales y por lo tanto, aun cuando no se encontrare inhabilitado el árbitro, de igual forma no podría pronunciarse por haber expirado.

Más aún. Luego que se decretara la quiebra en 2010, a la fecha su representante legal sigue siendo el síndico Patricio Jamarme, puesto que a la fecha no se he cerrado dicho proceso.

Desde GM resaltaron que la acción se trata de un acto meramente administrativo, que no se moverán de su actual ubicación en Huechuraba y que no buscan vender el terreno. Esto fue analizado en una reunión interna en el área legal y el objetivo es terminar de saldar este proceso.