Habla un testigo de las tensas noches en las unidades policiales de Arauco: “Estos atentados crean temor”

Cuando el teniente coronel Patricio Gómez (43) fue nombrado - en diciembre 2019- por el mando como jefe de las unidades policiales de Cañete, Tirúa y Quidico, pensó que era afortunado. Venía desde Quilpué, por lo que miró donde estaban emplazadas estas localidades y vio que tenían una linda vista al lago Lanalhue: aire puro y vegetación en todos lados. Creyó que sería una linda zona para invitar a esposa a trasladarse con él y comenzar una vida nueva en la Región del Biobío.

Pero esa ilusión duró poco, pues hace casi dos años, recuerda, que las cosas “se pusieron complejas”, y tras la recomendación de sus colegas, decidió que su familia no lo acompañara. Prefería dejarlos al resguardo en su casa en Valparaíso y no exponerlos a las amenazas constantes de las cuales son víctimas el personal policial.

La comuna de cañete está en lo que se denomina “zona roja” de la Macrozona Sur, pues tienen una de las rutas que une las regiones de La Araucanía y el Biobío, donde los atentados y ataques incendiarios se han multiplicado. Solo en el último mes ya son casi 50 los eventos violentos agrupados en la provincia de Arauco, según estimaciones de Carabineros.

Sin embargo, hace cerca de dos meses, comenzó una tendencia que tiene en alerta y preocupación a los funcionarios policiales emplazados en la zona, los que fueron víctimas de violentos ataques el miércoles y jueves en la noche, y que afectaron a la subcomisaría de Tirúa y el retén Quidico, respectivamente. Este último, incluso, derivó en un atentado al hotel Küref, donde resultaron heridas una mujer y su hija. El edificio es de propiedad de Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación Víctimas de Terrorismo en la Macrozona.

El comandante Gómez relata a La Tercera PM cómo se vive por dentro la función policial en la zona y la manera en que enfrentaron el recrudecimiento de hechos violentos esta semana. “Nos atacaron con escopetas, pistolas y armas de todo tipo. Hemos encontrado balas provenientes de fusiles, en otro ataques. Todo eso se deriva al Ministerio Público”, señala el policía, quien advierte que cuando ocurren este tipo de situaciones actúan de acuerdo a un protocolo validado por la Dirección de Derechos Humanos (DD.HH.).

“Cuando se usan armas de fuego contra la personal de la institución, nosotros debemos usar nuestras armas de servicio. Eso no está en duda, ahora, no es fácil, porque tal como dijo el general director, Ricardo Yáñez, (”tenemos que ir evaluando y sopesando todo eso para que nuestras acciones no sean cuestionadas”), todos los carabineros que trabajamos acá tenemos una preocupación sobre la repercusiones que se pueden generar”.

El ataque al retén Quidico y la subcomisaría de Tirúa, explican en Carabineros, responde a represalias por la acción policial en la zona. En la última semana se detuvo a dos personas que cargaban munición balística y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación. En el caso de la subcomisaría la policía advierte que los disparos iban dirigidos no solo a las murallas del cuartel, sino que también a las cámaras que estaban en el exterior.

Los carabineros de la zona están alerta de lo que ocurre en el entorno de las unidades policiales, pero también en sus círculos familiares.

El día se reparte en tres turnos, donde los carabineros que viven en Cañete, para entrar al primer turno, deben salir de sus casas a las 5:00 de la mañana, sin embargo, cuando hay hechos violentos en las zonas rurales, esto puede variar, despertando más de una preocupación en las familias de los policías.

“Lo que ocurre acá es grave. Este tipo de atentados crea incertidumbre y temor, por lo que nosotros como institución debemos tratar de cubrir todos estos servicios. Ahora, esto también tiene un costo para nuestra familias. Por ejemplo, cuando hay un atentado en Tirúa o Quidico, las familias se enteran por la televisión o redes sociales, y empiezan a tratar de comunicarse con ellos, pero la comunicación es tan mala que no tienen respuesta. Ahí comienzan a llamar a la unidad para saber si volvieron o no. A veces pasan muchas horas para que retornen, y ahí rercién se les avisa. Es complejo”, dice el comandante Gómez.

El jefe policial reconoce que faltan herramientas, pero que trabajan con lo que tienen. “No nos quejamos”, dice, agregando que durante el estado de excepción constaban con un mayor “recurso logístico por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y al tener más recursos podemos hacer una mejor distribución de la presencia uniformada”.