Iglesia en la mira: Ministerio Público instruye a fiscales de todo el país informar casos de abusos sexuales a menores

A través de un correo electrónico, el director de la Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, Luis Torres -quien fue designado como enlace formal con la oficina vaticana de denuncias que se instalará en Chile-, informó ayer a los fiscales regionales de todo el país de la decisión del Ministerio Público de requerir al Estado Vaticano, amparados en la Convención de Palermo de la ONU -que establece la cooperación cuando se trata de delitos trasnacionales-, los expedientes respecto de sacerdotes involucrados en delitos sexuales a menores.

Para ello, les pidió recabar la información disponible en sus zonas respecto de eventuales ilícitos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en que se haya vulnerado la integridad e indemnidad sexual de menores de edad, para incluir estas causas en el requerimiento de cooperación internacional al Vaticano.

La convicción es que, tal como hizo el fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, en relación a las acusaciones en contra del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, existe en otras localidades antecedentes que permitirían abrir investigaciones por oficio. Se menciona, por ejemplo, la situación de Valparaíso.

La idea es contar a la brevedad con los antecedentes disponibles para elaborar el escrito en que formalmente se va a requerir que la Congregación para la Doctrina de la Fe disponga el traslado de los antecedentes de religiosos que fueron sancionados en procesos canónicos al menos desde la década del 2000 a la fecha, que es el periodo en que entró en vigencia la ley de reforma procesal penal en Chile. En paralelo, se requerirá que las Diócesis liberen las investigaciones previas que involucran a menores. Éstas hacen referencia a acusaciones que, tras una indagatoria inicial, fueron descartadas por las autoridades religiosas.

Ambas cosas fueron denegadas a la fiscalía de O'Higgins cuando, como publicó La Tercera PM, el obispo Alejandro Goic informó del requerimiento a la Santa Sede, lo que motivó ayer la ejecución de la histórica orden de entrada, registro e incautación en el Tribunal Eclesiástico, el Arzobispado de Santiago y la Diócesis de Rancagua.

Estos temas fueron abordados durante la tarde del miércoles en la reunión en la Nunciatura que sostuvo el Fiscal Nacional, Jorge Abbott,  junto a los fiscales regionales Raúl Guzmán (Metropolitana Sur), Mauricio Richard (del Maule) y Arias (O'Higgins), y los directores de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, Antonio Segovia, además de Torres, con los enviados especiales del Papa, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote Jordi Bertomeu.

En la instancia, que según sus asistentes fue cordial y en que se reafirmó la decisión de Scicluna de aportar la información requerida para los procesos judiciales, se detalló que se trabajaría intensamente para, en el menor tiempo posible, dar curso a la colaboración comprometida.

¿Una sola investigación?

Aunque ayer Abbott descartó la posibilidad de que, por ahora, se agrupen todas las investigaciones de la Iglesia en una sola causa, aludiendo a que "son indagatorias distintas, con hechos distintos realizados por gente de la Iglesia. Van a seguir, por ahora, a cargo de las investigaciones los fiscales que la están llevando, porque no vemos necesidad de tener una investigación única", esta determinación podría cambiar.

El próximo lunes y martes están convocados los fiscales de todo el país a un consejo en Santiago en el que algunos fiscales, consultados por La Tercera PM, aprovecharían la instancia para plantear a Abbott que, dada la envergadura de las indagatorias y la necesidad de contar con criterios similares de investigación, se puedan unificar las causas, tal como se hizo en el caso del Sename, donde fue designado Marcos Emilfork para indagar eventuales ilícitos en todo el país.

Respecto de la incautación de ayer en Santiago y Rancagua, el material entregado tras el ingreso del OS9 de Carabineros está comenzado a ser analizado. Se trata de muchísimas carpetas, además de discos duros, que contienen antecedentes sobre religiosos sobre los que pesa alguna denuncia.

El requisamiento de este material es clave ya que por vez primera en Chile, la Fiscalía tiene acceso al llamado archivo secreto, amparado por el derecho canónico, que permitió en el caso de la Iglesia de Boston, en Estados Unidos, determinar tras la revisión de antecedentes, que existía una política de encubrimiento de sacerdotes que cometían abusos y que no eran denunciados a la justicia ni recibían sanciones, sino que sólo eran trasladados. Esta posibilidad de establecer la complicidad del clero es una de las hipótesis de investigación.