Indemnizaciones por colusión del pollo: Pescadores presentan demandas colectivas contra supermercados mientras mesa del Sernac sigue abierta

Las tres principales cadenas de supermercados del país nuevamente enfrentan problemas por la colusión de la carne de pollo. El 28 de mayo, 6.700 pescadores artesanales de Antofagasta, Tocopilla, Caldera, Quintero, Coronel, Puerto Montt y Magallanes presentaron tres demandas colectivas en contra de las tres principales cadenas de supermercados: Walmart Chile, Cencosud y SMU, las cuales fueran condenadas por la Corte Suprema en abril por la colusión que se extendió entre los años 2008 y 2011.

Las tres demandas exigen una indemnización total de $1.340 millones, por lo que cada uno de los pescadores pide un monto de $200.000 por daño moral. Detrás de la nueva arremetida judicial en contra de los supermercados se encuentra el abogado César Barra Rozas, ex gobernador de Quillota durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y presidente regional del Partido Socialista (PS).

El jurista posee amplia experiencia en conflictos entre comunidades y grandes empresas. De hecho, recientemente una publicación de El Mostrador reveló que el mismo abogado y sus socios habrían recibido honorarios por $500 millones, luego de representar a un grupo de pescadores de la zona de Puchuncaví y Quinteros que cerraron un acuerdo de reparación con AES Gener en noviembre del año pasado. Según la misma publicación, la estadounidense que opera cuatro centrales termoeléctricas en dicha zona comprometió millonarios pagos pagaderos en cuotas al 2024 a pescadores por varamientos de carbón.

Si bien las tres demandas presentadas contra las cadenas de supermercados están en curso, solo una de ellas es pública y radica en el 19º Juzgado Civil de Santiago e involucra a 2.388 pescadores. No obstante, en conversación con La Tercera PM, Barra asegura que las tres acciones han sido acogidas a tramitación.

“Nuestra acción civil indemnizatoria se formula a partir de clientes de nuestro estudio jurídico (Lagos y Cía). Si bien los hechos se refieren a los años 2008 y 2011, fechas en las que las empresas Cencosud, SMU y Walmart participaron de un acuerdo o práctica concertada para fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados, recién en abril de 2020 se ratificaron las condenas a dichas empresas por parte de la Corte Suprema”, sostuvo el abogado Barra.

El abogado confirmó a este medio que en el listado de demandantes en contra de las tres cadenas de supermercados figura un sindicato de pescadores que es liderado por Luis Rubilar, que a su vez formó parte de la acción presentada en contra del Puerto Ventanas y AES Gener por daño ambiental.

¿Cómo calcularon los 200 mil pesos por persona por daño moral? “Es una aproximación, dado que el daño moral se determinará a partir de la aflicción emocional de un consumidor cierto y específico, que se vio engañado y perjudicado por el proceder de estas empresas”, respondió el representante de los pescadores.

La arremetida judicial en contra de los supermercados surge en medio de un proceso clave que lleva adelante el Servicio Nacional del Consumidor justamente con las compañías que hoy son demandadas. Esto luego que el 7 de noviembre de 2019, el Sernac abriera una negociación con dichas compañías y las productoras avícolas a fin de evitar un juicio y entregar de manera más expedita una indemnización a los clientes afectados por la colusión en el mercado de la carne de pollo. Bajo la Ley del Consumidor esta instancia se denomina Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), y establece plazos acotados para consensuar un acuerdo entre las partes.

Pero al poco andar, el proceso sufrió complicaciones. El 7 de febrero de este año, el Sernac amplió los plazos de duración del PVC y posteriormente, el 19 de marzo, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19. El 12 de mayo, Sernac acordó la suspensión del cómputo del plazo de duración del procedimiento colectivo por 60 días hábiles. Es decir, la mesa de negociación está suspendida hasta el 24 de julio del presente año.

En medio de todo este proceso, el 8 de abril la Corte Suprema dictó sentencia condenatoria en contra de Cencosud, SMU y Walmart Chile a raíz del requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica que había sido acogido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) el 28 de febrero de 2019.

Pero no es la primera vez que consumidores buscan algún tipo de reparación por la colusión en la carne de pollo. El 26 de diciembre, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) declaró inadmisible la demanda que presentó en junio del año pasado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) y Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (Fojucc) en contra de las tres mayores productoras avícolas del país: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo..

Según trascendió, la ofensiva de los pescadores de inmediato encendió las alarmas entre las cadenas de supermercados. SMU fichó los servicios de los abogados Felipe Bulnes -ex ministro de Justicia y Educación del primer gobierno de Sebastián Piñera- y José Manuel Bustamante. Mientras que Walmart Chile es representada por el estudio Ferrada y Nehme.

En efecto, el pasado 8 de julio, ambas compañías manifestaron reparos a la demanda colectiva que se ventila en el 19ª Juzgado Civil. SMU -matriz de Unimarc- solicitó al tribunal la nula admisibilidad de la demanda y que sea rechazada con expresa condena en costas.

A su parecer, “la interposición de la demanda y su posterior declaración de admisibilidad infringen lo establecido el artículo 30 del DL 211 y en el artículo 51 Nº 10 inciso segundo de la Ley del Consumidor”, puesto debe ser tramitada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Además, aseguró que la demanda de los pescadores infringe la Ley del Consumidor, pues una vez iniciado un Procedimiento Voluntario Colectivo, “no pueden ejercerse acciones para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores”.

Bajo el mismo argumento, para Walmart los pescadores “se encontraban impedidos de presentar la demanda colectiva”, pues la estadounidense se encontraba sometida al PVC seguido ante el Sernac desde el 7 de noviembre de 2019. Es decir, “con más de seis meses de anterioridad a la fecha en que aquella acción fue interpuesta (28 de mayo de 2020), y cuyos hechos fundantes y objeto son exactamente iguales a los que se discuten en el PVC, cual son, la supuesta afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores y la consiguiente indemnización que pudiere proceder a su respecto”, acotó en su presentación la multinacional que opera en Chile los formatos Lider, Express de Lider, Lider MasterCard, Ekono, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista.

Sernac, por su parte, recordó que inició un PVC con ambas empresas y está a la espera de la respuesta Cencosud, “que, en caso de no aceptar participar, arriesgaría una demanda colectiva”, sostuvo la entidad. Igualmente aclaró que la admisibilidad de una de las demandas podría cambiar debido a la existencia de una serie de situaciones no consideradas, entre ellas, que la sentencia del TDLC aún no está firme y ejecutoriada (aún no se ha dictado el cúmplase del fallo de la Corte Suprema por parte del TDLC).

Cencosud, Walmart Chile y SMU declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.