Jesuitas trasladan a dos sacerdotes sancionados por abuso a menores que residían al costado de colegio Alonso de Ovalle

A través de un comunicado interno a la comunidad ignaciana se informó ayer de un acuerdo entre la Dirección del Colegio Alonso de Ovalle, el Centro de Padres y la Compañía de Jesús, que permitió el traslado de los dos jesuitas sancionados canónicamente por abuso a menores que habitaban en la Residencia San Ignacio.

La medida se adoptó por la presión de los apoderados luego de que la entidad informara que tres de sus sacerdotes habían sido investigados y declarados culpables de abuso y transgresión de conciencia. Se trata del sacerdote Jaime Guzmán, quien cumple una sanción canónica desde 2012 y que enfrenta además otra causa que ya ha sido derivada al Vaticano. Otro involucrado es Raúl González acusado en 2012. Juan Pablo Cárcamo, en tanto, fue denunciado en 2016 por hechos que no guardan relación con menores de edad y no ha sido apartado de la comunidad.

Luego de recibir esta información, través de un comunicado, el directorio del centro de padres sostuvo el martes 5 de junio una reunieron con el rector del colegio, Marcelo Mackenney, y el capellán Gonzalo Contreras. En la ocasión, las autoridades explicaron que el provincial de la compañía, Cristián del Campo, debía definir la conveniencia o no de la estadía de los sacerdotes.

Finalmente, se optó por alejarlos del recinto escolar.

La determinación se da en medio de la fuerte crisis que enfrenta la iglesia católica chilena precisamente por temas de vulneración de la indemnidad sexual de menores. A la intervención del Papa, que envió al obispo maltés Charles Scicluna -que encabeza desde 2015 el equipo doctrinal a cargo de las denuncias presentadas contra religiosos acusados de abuso dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe- en misión especial a Chile, se suman la serie de investigaciones penales por parte del Ministerio Público.

Una de ellas, la que dirige el persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en contra del excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo mantiene en alerta a los obispos ya que se indaga el posible encubrimiento por parte del clero, toda vez que las denuncias recibidas no fueron derivadas al Ministerio Público.