Jorge Gálvez, el abogado y amigo de Raúl Figueroa que asumirá su defensa en la acusación constitucional

Poco dudó Raúl Figueroa, ministro de Educación, en escoger el nombre del abogado que asumiría su defensa en la acusación constitucional que debe enfrentar. En realidad, en su cabeza el nombre de Jorge Gálvez Santibánez (45) ya estaba hace rato.

¿Por qué? Fueron compañeros mientras estudiaban Derecho en la Pontificia Universidad Católica (generación 1997) y son amigos desde aquella época. Pocos como Gálvez le generan tanta confianza al titular de Educación, quien ha compartido otros problemas jurídicos con su ahora defensor para intercambiar opiniones.

Es profesor de Derecho Penal de la UC, y ha impartido clases en esa materia y en Derecho Procesal Penal en pre y posgrado en las universidades de Chile, Adolfo Ibáñez y Andrés Bello, donde fue director de su departamento de Derecho Penal.

Además, cursó programas de doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Barcelona. También efectuó una pasantía de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional, en Friburgo, Alemania.

A Gálvez fue uno de los primeros a quien Figueroa pidió su opinión respecto de si el propósito del retorno a clases podía infringir la Constitución. Al abogado le pareció que no existía mérito posible para fundar en esto una acusación constitucional y a partir de esto comenzaron a evaluar en conjunto los posibles escenarios legales.

“Este es el único país del mundo en que al ministro de Educación se le acusa constitucionalmente de infringir la ley y la Constitución por cumplir su obligación fundamental, que consiste en proveer las condiciones para que los niños vayan al colegio e insistir en la necesidad de que vayan. Es el mundo al revés”, señala Gálvez a La Tercera.

En ese sentido, sobre el texto acusatorio ahonda que “el conjunto general de la defensa por la acusación constitucional está cruzada por esa idea matriz. La idea de que el ministro infringe la ley y la Constitución y vulnera el derecho a la Educación a través de todos sus esfuerzos al retomar la presencialidad”. Y agrega: “Otro argumento que es muy difícil de entender y sostener es que el ministro habría puesto en funcionamiento un sistema sin previamente haber mandado un proyecto de ley para que esto se discutiera por ambas cámaras con la participación de los gremios y de las entidades técnicas involucradas para que una vez recientemente ahí, una vez existiendo un estatuto legal de educación a distancia recién ahí poder implementarlo. Eso está puesto así. Lo que es un sinsentido”.

Así, añade, “la urgencia de proveer servicios a los alumnos cuando se decretan cuarentenas ante una situación imprevisible e imprevista es súper evidente y la posibilidad de suspender toda actividad de educación remota hasta que se haya discutido una ley que la regule no tiene ningún sentido. Esto muestra la contradicción de la acusación, en el sentido de que se le está acusando al haber hecho lo que tenía que hacer. Hizo todos los esfuerzos respetando las medidas sanitarias para que se pudiera seguir educando”.

Dentro de sus hitos más relevantes como abogado, Gálvez fue miembro de la comisión “Foro Penal” para la elaboración del proyecto de reforma del Código Penal Chileno y desde 2003 es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y Ciencias Penales AIDP , así como también es parte del Instituto de Ciencias Penales. Actualmente es socio fundador de Gana & Gálvez y previamente fundó Gálvez y Cia, además de desempeñarse en Albagli-Zaliasnik, primero como procurador y luego como asociado. Ya fue parte de litigios importantes en la historia de Chile, como los casos Spiniak, La Polar, EFE, SQM, Penta, Inverlink, Prolesur, Luminarias, Pirámides, Pitronello y Agencias de Turismo, entre otros.