Jorge “Pino” Sola, vocero de la CGT de Argentina: “Nos preocupa que el Ejecutivo se pretende arrogar la potestad legislativa en temas muy sensibles durante los próximos dos años”

La decisión de la Cámara del Trabajo de Argentina, que frenó el segmento de reforma laboral incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), fue motivo de celebración en las filas de la poderosa Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT). La masiva reforma para la desregulación de la economía impulsada por el presidente Javier Milei, mediante el DNU y la ley ómnibus, ha evidenciado las diferencias entre el sindicalismo y el Ejecutivo, lo que incluso llegó a la justicia luego de que la agrupación gremial reclamara por los efectos del decreto que desde el viernes pasado está en vigencia.

Sin embargo, según el vocero de la histórica central sindical, Jorge “Pino” Sola, este es solo un paso más. Es el Congreso, cree el secretario general del Sindicato de Seguros y secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, el que debe cerrar el asunto. En conversación con La Tercera, el dirigente transandino señaló que el primer paro general, convocado para el miércoles 24 de enero, tiene como objetivo justamente eso: el recordar al Parlamento que su función es la de legislar, y que el Ejecutivo no se debe tomar esas potestades como, argumentan, está haciendo con el megadecreto.

Desde la CGT, ¿cómo se toman la decisión de la cautelar de la Justicia que suspendió la aplicación del paquete de reforma laboral del decreto presidencial vigente desde el viernes pasado?

Nos parece un gran paso, sobre todo centrándonos en los argumentos que la propia Cámara utiliza sobre el porqué tiene que entrar en una cautelar hasta cuando se resuelva la cuestión del fondo. Me parece central eso porque uno de los jueces plantea la necesidad de respetar la Constitución y cita, por ejemplo, a uno de los artífices de nuestra Carta Magna de 1853, que fue (Juan Bautista) Alberdi, solicitándole al Poder Ejecutivo que puede utilizar todo el poder, pero siempre dentro de la Constitución. La Justicia le entrega un mensaje al Ejecutivo diciéndole que tiene que respetar todos los resortes de una República, y eso también implica someterse al diálogo y al debate con el Poder Legislativo y con el control del Judicial.

¿Sigue en pie el llamado al paro nacional del miércoles 24 de este mes?

Sigue en pie. Tenemos desde hace bastante tiempo una agenda que no solo incluye esa actividad, sino que estamos dialogando con todos los bloques de diputados y senadores del Parlamento para tratar de llevar adelante nuestra postura a este respecto. Tenemos el próximo 10 de enero, la semana que viene, un plenario con las delegaciones de nuestra Confederación General del Trabajo de todo el país para que los propios representantes tengan reuniones con los diputados y senadores de cada jurisdicción y llevar nuestra postura. Y el 24 tenemos el cese de actividades y la movilización al Congreso, una movilización que tiene como sentido justamente empoderar la política para que resuelva la problemática de la gobernabilidad en el ámbito del debate parlamentario que el proyecto de ley ómnibus parece querer evitar, porque nos preocupa que el Ejecutivo se pretende arrogar la potestad legislativa en temas muy sensibles durante los próximos dos años, prorrogables por otros dos. Entonces, efectivamente, eso para nosotros es lo más importante.

Sobre este avance hacia el Congreso y con la experiencia de las semanas previas sobre el protocolo antipiquetero de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿cómo anticipan que será la movilización en las calles?

La semana pasada, cuando hicimos una movilización solamente con dirigentes gremiales, con alrededor de 20.000 personas en la calle, el protocolo no se aplicó porque fue una marcha pacífica, donde nosotros ejercimos nuestro derecho a pedir, a reclamar, a protestar. Lo hemos hecho de una manera muy ordenada, y esto tiene que ver también con la cantidad de gente que haya en la calle. Entendemos que el gobierno debe respetar la posibilidad de que los trabajadores y los ciudadanos puedan protestar, y no creo que el camino del amedrentamiento y la represión sea la forma. Lo haremos del modo que lo hemos hecho siempre, cuidados, ordenados, prolijos y con la posibilidad de juntar una cantidad de gente que siempre es significativa cada vez que se moviliza la CGT.

En un principio parecía que había un diálogo abierto entre el gobierno de Javier Milei y la CGT. ¿Cuál fue el detonante del quiebre que llevó al anuncio del paro nacional?

No sé si hubo un detonante o un quiebre. El diálogo, en principio, no fue lo suficientemente fluido ni continuo como para llegar a la posibilidad de advertir, primero, el Decreto de Necesidad y Urgencia y luego la ley ómnibus, en donde no hemos sido consultados en temas muy sensibles que competen al sector trabajador. Seguridad social, salud, leyes laborales, derecho a la protesta, etc. Hemos planteado la posibilidad de establecer espacios de diálogos, no los hemos encontrado, y, en cambio, enfrentamos a un Decreto de Necesidad y Urgencia primero, y una ley ómnibus después, lo que altera muchos derechos, sobre todo poniendo énfasis en la criminalización de la protesta. Para nosotros ha significado la necesidad de pedirle al Congreso que actúe, porque eso es lo que estamos solicitando a la política, no solamente al poder gobernante, sino a quienes tienen representación en el Congreso. Nosotros no podemos resolver asuntos de gobierno, solamente podemos llevar adelante la demanda de quienes representamos, que son los trabajadores.

¿Hubo diálogo entre ustedes y Guillermo Francos, ministro del Interior?

Sí, lo hemos tenido, pero no ha dado resultados. Por supuesto, este es un proyecto de gobierno que, más allá de que tengamos diferencias, ellas quedaron zanjadas en una elección de balotaje (el 19 de noviembre pasado) en donde la gente decidió que sea este el proyecto de gobierno que se lleve adelante. En muchas de esas acciones sobre cómo gobernar el país hay una gran cantidad que afecta a los trabajadores y que nosotros estábamos dispuestos a establecer un diálogo para mostrarles que en cada problema que ellos veían, nosotros teníamos soluciones diferentes o miradas diferentes. Bueno, vuelvo a insistir con esto, ese espacio de diálogo no fue lo suficientemente profundo, ni maduró lo suficiente como para que pudiéramos llegar a convencerlos de alguna otra mirada. La respuesta fue un Decreto de Necesidad y Urgencia y luego una ley ómnibus.

¿Y sigue abierto el puente con Francos, o se acabó luego de la decisión de la Justicia?

Somos suficientemente conscientes de que este gobierno fue electo legalmente y con legitimidad, y, por lo tanto, nosotros también tenemos la legalidad y legitimidad de haber sido elegidos por nuestros trabajadores. Siempre estamos dispuestos al diálogo. Es así como se transita en una República y en una democracia, pero no estamos encontrando los canales para eso.

En declaraciones de la mañana del miércoles, Javier Milei dijo: “Estamos confiados en que va a salir adelante”, con relación a la suspensión del capítulo del DNU sobre su reforma laboral. Si se llegara a revertir el fallo, ¿cómo actuará la CGT?

Vuelvo a insistir en que acá la solución no está en la Justicia. Lo que ha hecho es detener la sección laboral del DNU porque se alteraban intereses individuales y colectivos que, de suceder, no tenían marcha atrás, con lo cual fue una decisión muy clara. Acá, el que tiene que resolver esto es el Parlamento, que le tiene que decir y rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia, porque tiene la potestad para hacerlo, tiene los números para hacerlo y arrogarse la autoridad que tienen como Poder Legislativo de decirle al Ejecutivo: “miren, ustedes no pueden decidir todas las cosas como si fuera una monarquía. Tienen que ejercer los mecanismos de la República”. Vuelvo a insistir con esto, el paso que sigue no es si se gana o se pierde en la Justicia. Lo que viene lo tiene que resolver el Congreso y tiene que hacerlo cuanto antes.

Al inicio de un gobierno se suele hablar de la luna de miel o período de gracia para el mandatario entrante. ¿Cree que los movimientos sindicales le darán ese tiempo a Milei, luego del anuncio del DNU y la ley ómnibus?

Para eso se necesita diálogo, y no lo tenemos. ¿Somos nosotros los culpables? No. Quien tiene que convocar al diálogo es el que tiene la responsabilidad de conducir el país y, en este caso, es el Presidente y sus ministros. Luego, con una inflación que va a terminar en diciembre alrededor del 30%, que se prevé que para los meses de enero y febrero van a tener iguales valores; con aumentos que se han disparado; con caída del poder adquisitivo del salario; la verdad es que el humor social no parece ser el de una luna de miel, y estamos transitando apenas los primeros 25 días del gobierno. Definitivamente, no hay una sola medida dentro del decreto y dentro de la ley ómnibus que vaya en favor de parar esta escalada inflacionaria que ya venía siendo alta, estábamos en una escalada del 180% anual, pero que va a terminar en diciembre arriba del 210%. No hay una sola medida que sea en favor de los sectores más desprotegidos, que son los ciudadanos a pie, trabajadores regulares, trabajadores “en negro”, jubilados, etc. Creo que ahí está el tester del humor social.

Sobre la relación de la CGT con los distintos gobiernos, los datos indican que cada vez que un gobierno de derecha llega al poder en Argentina, crece el número de paros y movilizaciones. ¿A qué se debe esta diferencia, considerando que el Polo Obrero ya hizo una protesta y que, por ejemplo, en la administración de Alberto Fernández no hubo paros pese a los malos indicadores económicos que tuvo?

Primero, el Polo Obrero no es un movimiento sindical, es un partido político que tiene otros intereses que los que representamos en la CGT. Nosotros pertenecemos al campo de lo que se denomina como nacional y popular, y a veces tenemos cercanías ideológicas con los gobiernos de turno. Otras veces, con esas mismas cercanías, planteamos nuestras decisiones. En el gobierno de Alberto Fernández no hubo paro, pero hubo tres movilizaciones, además de la gran cantidad de conflictos que hubo en un montón de actividades, que también tuvieron movilizaciones. Es decir, la conflictividad laboral en el gobierno anterior también la hubo. Nosotros somos garantes, de algún modo, de la paz social y también reguladores del conflicto social. Y en ese sentido, lo que pedimos siempre es diálogo. Es lo primero que necesitábamos para saber para qué lado iba un gobierno al que decididamente desconocíamos, por lo menos hasta la presentación del DNU y de la ley ómnibus. Y segundo, porque defendemos los intereses de nuestros representados. Si a los pocos días hay una liberación de precios que hace que la canasta básica suba un 60, 70 u 80%, que el combustible suba el 100%, que el poder adquisitivo caiga abruptamente, que necesitemos en menos de 90 días llegar a duplicar el salario para poder alcanzar la inflación, definitivamente tenemos que ejercer nuestra responsabilidad de decirle al gobierno: “mire, las cosas por acá no van. Ustedes tienen un proyecto de país, pero se está llevando puesto un montón de gente. Por favor, presten atención a esto”. Bueno, ese es el motivo por el cual estamos aquí.