Juan Eduardo Fuenzalida, superior jesuita en Tirúa: “Preocupa que como país nos acostumbremos a encauzar las demandas sociales a través de la fuerza”

“Lo que está muy presente en la conciencia del pueblo mapuche es el racismo que han sufrido ayer y hoy, y la fuerza que se ha ejercido para asimilarlos al pueblo chileno”, dice el sacerdote Juan Eduardo Fuenzalida, superior de la comunidad jesuita de Tirúa, en la Región del Biobío.

El religioso de la Compañía de Jesús analiza el complejo escenario tras la huelga de hambre de 27 comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova, condenado por el crimen Luchsinger-Mackay, y una serie de incidentes relacionados a esta movilización. Uno de los incidentes fue la toma de la Municipalidad de Tirúa, ocurrida hace una semana, donde fue detenido el también jesuita Carlos Bresciani.

Los jesuitas llevan más de dos décadas de intenso trabajo social y pastoral en las comunidades mapuche de la zona. Conocen sus detalles, su historia, su día da día. Para Fuenzalida, el tema de fondo en medio de la crisis actual, es otro.

¿Cómo ve la actitud y ánimo de las comunidades? ¿Apoyan todos la huelga de hambre?

El pueblo mapuche que vive en comunidad se extiende en una amplia zona entre las regiones del Biobío y Los Lagos; y tienen varias identidades territoriales. Y como es lógico, no hay una voz ni una misma opinión en ellos. Así también, las demandas de los comuneros en huelga de hambre son bastante técnicas, y probablemente los ciudadanos tampoco las entienden, y por lo tanto, difícilmente las apoya. Están basadas en compromisos que ha tomado el Estado chileno como parte del Convenio 169 de la OIT, particularmente en sus artículos 4, 8 y 10 (...) En ellos, las demandas por derechos políticos tales como el reconocimiento constitucional, la plurinacionalidad, la autonomía y los derechos colectivos al territorio son demandas transversales. Así aparece en las conclusiones del Proceso Constituyente Indígena 2017, donde participaron 17 mil personas de distintos territorios e identidades.

¿Cómo evalúa la forma en que se está enfrentando de parte de la autoridad esta crisis en la llamada Macrozona Sur?

Seguimos llegando tarde y con una respuesta que se reduce a la seguridad y militarización. Una respuesta ya probada y que nunca ha tenido buenos resultados. No estamos enfrentando directamente la situación desde el punto de vista político y estructural, y cuando lo hemos hecho, instalando una mesa de conversación, esta queda en las letras de los documentos, pero sin concreciones en lo real. La falta de atención al problema político genera desazón y hace escalar episodios de violencia y contraviolencia, en ciclos cada vez más intensos y más reiterados.

Respecto de lo ocurrido la semana pasada en la Municipalidad de Tirúa, y el desalojo pedido por el gobierno regional, el jesuita Carlos Bresciani señaló que el actuar policial fue “desproporcionado” y que “no hubo diálogo”. ¿Usted está de acuerdo con eso?

Es un buen ejemplo de una mala respuesta. Frente a los hechos descaradamente racistas ocurridos en Curacautín, comunidades se movilizan a través de la toma de la Municipalidad. Hechos que transcurrieron en calma, sin daños a personas ni a los bienes municipales. El pueblo funcionó casi normalmente, excepto los servicios municipales concentrados en ese edificio, el banco ubicado en el mismo edificio pero con entrada lateral funcionó normalmente ese día, la autoridad municipal estaba confiada en que esta toma podía enfrentarse equilibrando el diálogo con la pronta normalización de los servicios. A pesar de la opinión de la autoridad local, el gobierno central envía un gran contingente policial, tanto en medios humanos como físicos (aviones, drones, carros lanzaagua, lanzagases, buses). Absolutamente desproporcionado a mi entender, porque no existía ningún indicio en contra de los ocupantes de uso de fuerza en contra de las personas o destrucción de bienes. Temprano en la mañana, se procede al desalojo. A partir de ahí comienza un espiral: se llena el lugar con gases, las noches se sienten balaceras en el pueblo, hay quema de casas, cortes de caminos, manifestaciones, daños en las ya sensibles relaciones entre la población local, encendiendo los ánimos de todos. Lo que era una toma con un sentido de protesta y reclamo por la indolencia del Estado frente al problema ameritaba el diálogo y no el uso de la fuerza por parte de la autoridad chilena.

¿Considera usted que el hecho de que un grupo de personas se tome un edificio público, como una municipalidad, en demanda por algún petitorio concreto, sea un acto pacífico? ¿Eso no transgrede también los derechos de otros residentes, de otras personas?

Por supuesto que la toma de un edificio, cualquiera que sea, es un acto de fuerza. Pero hay diferentes tipos de tomas, tanto en sus medios y grados de fuerza como en los reclamos que las motivan, así como hay distintas maneras de enfrentarlas por parte del Estado. Los métodos que emplee el Estado para abordar una toma importan, sobre todo en el contexto actual. Esta toma no era en absoluto equivalente a un ataque armado y pienso que, desde la mirada de los comuneros, expresaba una desazón por la falta de atención del Estado y del gobierno a peticiones muy sentidas para sus comunidades en términos de reconocimiento. Tampoco es un acto conducente a la paz en esta tierra que la autoridad nacional pase por arriba de la autoridad comunal, que había pedido no hacer desalojo. Este desacierto estatal confirma que una importante dimensión del problema es la enorme distancia entre la mirada del Estado central y la realidad local. Cuando se necesita diálogo, las medidas de fuerza borran con el codo lo dicho con la palabra. En un contexto como el que estamos viviendo es preocupante que como país nos acostumbremos a encauzar las demandas sociales exclusivamente a través de la fuerza de los actos, cansando a todo quien intenta hacerlo entender con las palabras. Eso lo hemos visto en distintos territorios y con distintos temas. Es lo que ha pasado en Aysén hace algunos años, en Chiloé, en Puchuncavi, entre otros.

En medio del actual escenario, los jesuitas han expresado que “es necesario hacernos cargo de las heridas del territorio”. ¿Se ha avanzado en este tema?

A nivel político no hemos avanzado nada en los últimos 27 años. Miremos algunas de las acciones que han ocurrido en este gobierno: nuevo Plan Araucanía con planes de inversión y modificación de la ley indígena para flexibilizar la propiedad de la tierra –idea que sale desde las paredes de Santiago, sin apoyo de las comunidades, y que termina rebotando en la consulta que se vieron obligados a parar-, los proyectos del Ministerio de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos que duermen en el Senado; el escándalo de la Operación Huracán, dejando en evidencia la implantación de pruebas por parte de carabineros a líderes mapuche; el Comando Jungla que ahonda en la militarización, y termina con la muerte de Camilo Catrillanca; el proyecto de ley que protege el negocio forestal, blindando a esta industria conflictiva para el territorio. Eso ha ocurrido en estos años y nos puede ayudar a entender el por qué del escenario actual. Los gobiernos anteriores no tienen algo mejor que mostrar en el ámbito de política mapuche.. En el tema mapuche el único avance visible que ha habido es a nivel de conciencia ciudadana. Si se lee parte de la prensa de los últimos días, se aprecia una mayor conciencia de la necesidad imperiosa de abordar el problema político de fondo, y no solo concentrarse en la necesidad de orden y respeto aparente de la ley.

¿Cómo ha sido la relación de ustedes, como comunidad jesuita en la zona, con las autoridades políticas y policiales?

Nosotros estamos presentes desde el año 2000 en el territorio de Tirúa. Durante los distintos conflictos, con diferentes gobiernos, a lo largo de todos estos años, ha habido acercamientos con las autoridades políticas. Sin embargo, en estos 20 años hemos visto buenas intenciones y malas medidas, poco interés en solucionar el conflicto en su vertiente política, y poca sensibilidad al diálogo intercultural que implica. La mirada centralista (‘Santiagocéntrica’) y mandatos presidenciales de cuatro años han hecho fracasar cualquier intento por enfrentar de fondo el tema mapuche. El abordaje intercultural y político son fundamentales y se hacen urgentes. Y eso necesita tiempos e intenciones que hasta ahora no han sido considerados.