Juan Santana (PS) y crisis en Atacama: “A todos los parlamentarios siempre nos piden recomendaciones de nombres, quien diga lo contrario cae en una hipocresía”

En los 58 días que lleva el paro de profesores en la Región de Atacama el diputado Juan Santana (PS) ha debido enfrentar críticas de los gremios y también desde el resto de los parlamentarios de la zona, que han apuntado al congresista de promover la contratación de funcionarios de su partido en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), los que están siendo investigados por irregularidades en las que incluso el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), ha apuntado a hechos de corrupción.

“Es inevitable pensar que hay un provecho político de una crisis que es real y grave. Algunos parlamentarios prefieren ignorar la gravedad de la situación y apuntar al rival político de turno en vez de abordar lo más importante: que niños y niñas están perdiendo clases“, responde Santana.

Si es que mediante auditorías y en las visitas del Presidente Gabriel Boric, en mayo de este año, ya se advertían irregularidades, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno?

Lo que pasa es que acá hay múltiples responsabilidades, que tienen que ver con la voluntad y convicción política de hacer las modificaciones a la Ley de Educación, que se vienen haciendo desde que el Consejo Evaluativo le entregó la propuesta al gobierno de Piñera el 2021.

Pero eso es yendo hacia atrás. Las advertencias también se le hicieron al Presidente Boric cuando llegó.

Hay responsabilidad en ambas administraciones, porque el diagnóstico y modificaciones se habían realizado. Pero, posteriormente, y ahí uno hace autocrítica como bloque, nuestro gobierno debió haber dimensionado la gravedad del asunto y haber llevado con más convicción las modificaciones a la ley. Eso no se hizo. Espero que la Segpres sea más proactiva y no tenga temor de enfrentar el escenario que se viene, que es la arremetida de la derecha por retrotraer la reforma educacional.

Cuando se habla de su responsabilidad, lo acusan de recomendar a dos nombres en el SLEP, militantes de su partido, que hoy son investigados: Claudio Álvarez y Miguel Carvajal. ¿Qué responde a esa acusación, que incluso plantea la presidenta del Colegio de Profesores?

Son dos personas que son conocidas en el Partido Socialista y yo las conozco desde hace años. El PS es importante en la Región de Atacama, todos nos conocemos, y, por lo tanto, yo no eludo el vínculo que tengo con esas dos personas, pero de la misma forma hemos manifestado de forma muy transparente que vamos a respaldar toda investigación que se lleve adelante en el ánimo de identificar anomalías o irregularidades. Lamentablemente se optó por la deshonestidad intelectual de silenciar la evidente responsabilidad de los directores ejecutivos en la gestión de los SLEP. A ellos no se los menciona. Peor aun, dan pie a algo muy delicado: que salga un coro de voces a pedir que se revierta la ley de Educación Publica de la Presidenta Bachelet y que se aprobó con votos oficialistas, de parlamentarios de la región incluidos.

¿Pero los recomendó?

El SLEP es el que hace de sostenedor, por lo tanto, difícilmente la responsabilidad recae en un parlamentario, eso es darle una connotación que no existe.

¿Lo descarta, entonces?

Lo que pasa es que en el gobierno a uno le piden opiniones siempre. La otra vez me preguntaban por la militancia del seremi, pero todos los seremis tienen militancia. La pregunta que hay que hacerse es si la militancia te inhabilita para ser funcionario público. Pero uno tiene que respaldar las investigaciones que se llevan adelante, sobre todo si son militantes.

O sea no descarta que fueron sus recomendaciones, pero sí condena su actuar.

A todos los parlamentarios, a todos los dirigentes políticos, siempre se nos piden recomendaciones de nombres, quien diga lo contrario cae en una hipocresía, pero distinto es que uno avale ciertas prácticas que se producen en un servicio público por el solo hecho de ser compañeros de partido.

Imagino que los otros parlamentarios de la región también han hecho recomendaciones.

Es que mire… ahora hace poco acá en Atacama se condenó, no se está investigando, a la exseremi de Educación del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet por robarse 20 cajas de la Junaeb. Esa exseremi es militante DC, yo podría hacer un festín respecto a eso, pero sabe que yo no podría decir que todos los militantes DC, que son funcionarios, son corruptos porque uno incurrió en hechos graves.

Los mismos parlamentarios oficialistas plantean las críticas, incluso lo han dejado fuera de algunas iniciativas. Habla de rivales, pero son de su propio sector. ¿Cómo recibe los cuestionamientos?

Hay cosas que me llaman la atención de esta movilización. Una de ellas es el veto que se ha instalado contra mi persona en circunstancias y con el argumento del vínculo que existe con dos funcionarios que fueron objeto de investigación, cuestión que no ha ocurrido con parlamentarias que respaldaron la aprobación de la ley que habilita la creación de los SLEP.

¿Los diputados oficialistas lo han vetado?

Se nos vetó de algunas reuniones que se han realizado. La actitud de los parlamentarios oficialistas la cuestiono por el tipo de comentarios que han hecho y por politizar una situación que tiene afectados a 30 mil estudiantes.

¿Y cuál es su responsabilidad en todo esto?

Llama la atención que los parlamentarios ni los gremios cuestionen ni mencionen a los directores ejecutivos de los servicios.

¿Lo dice por el director Luis Adasme, quien milita en la DC? ¿O por la senadora Provoste?

Voy a hacer una cronología. Esto empezó con la implementación del SLEP en el gobierno de Piñera. Nosotros mismos hemos pedido que se fiscalice desde marzo y advertido esto antes de que se iniciara el paro. Aun sabiendo esto algunos parlamentarios prefieren ignorarlo y prefieren apuntar una discusión que atenta contra el aprendizaje. Y el actual director del servicio también tiene una responsabilidad en todo esto.

¿Cómo solucionar el problema si es que ni siquiera en el oficialismo están unidos? Ni en su mismo partido.

No puedo hablar por terceros, pero en la vida y en la política intento hablar con coherencia. Estos servicios locales son parte de una reforma que se empujó en nuestro gobierno. Por años y décadas los gremios levantaron como bandera la desmunicipalizacion, porque desde que la educación pública pasó a manos de las municipalidades en la dictadura, la educación sufrió el mayor deterioro en su historia. Y eso tenía que cambiar. Es cierto que los profesores apelaban a que fuera administrada por el Mineduc, eso no ocurrió, lo que se creó fueron los SLEP, y hay que hacer todo lo posible porque funcionen bien. Pero lo que uno no puede hacer, ni pretender, más aun cuando es oficialista, es que por sacar réditos electorales uno pretenda retrotraer lo mismo que uno firmó.

¿Esta tensión está afectando al ministro Cataldo?

Insisto en que quien pretenda politizar con críticas a parlamentarios, al ministro o al gobierno, en el fondo no tiene la real voluntad de resolver los problemas de los estudiantes.

¿Ha hablado con él?

No desde su visita a Atacama (13 de septiembre).