Jueces de alta gama III: las explicaciones del Poder Judicial sobre cómo se aprobaron los Lexus de la discordia

“Aquí no hay ninguna polémica, esa compra no está visada”.

Así de enfática enfrentó la jornada de este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, las consultas respecto de la millonaria compra que pretende concretar la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para la renovación de la flota de vehículos que utilizan los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial del organismo.

Lo anterior, porque luego de que La Tercera revelara que el máximo tribunal aprobó la adquisición de 22 Lexus por un monto que superará los $1.200 millones, desde el gobierno han insistido en que, en el marco del erario fiscal de este año, no se han aprobado recursos para dicho ítem.

Pese a ello, en tribunales son tajantes en sostener que la materia sí fue expuesta por los representantes del Consejo Superior de la Corporación Administrativa ante las autoridades de Hacienda y que sí recibieron luz verde para disponer de un presupuesto de $1.380 millones para el ahora polémico recambio.

De acuerdo con fuentes del organismo, lo que se hizo antes de que finalizara 2023 fue pedir a la cartera liderada por Mario Marcel disponer del saldo inicial de caja de ese año para 2024. Y fue ahí, como indican los mismos personeros, que se expusieron las razones para renovar los automóviles.

Aquello era factible, según expusieron, porque conforme a la ejecución presupuestaria que acumulaban, registraban un saldo inicial de caja que superaba con creces los $20 mil millones, y por lo mismo tenían un amplio margen para ejecutar el recambio de vehículos.

Fruto de esas reuniones, como recalcan ministros consultados y representantes de la Corporación, recibieron luz verde y, por lo mismo, a finales de diciembre les comunicaron a los titulares del máximo tribunal que ya había presupuesto para cambiar los autos que venían utilizando desde 2014.

De esta forma fue que en el pleno del 2 de febrero, como comentan supremos en privado, se inclinaron por aprobar la propuesta relativa a los autos marca Lexus.

Sin embargo, desde el Ejecutivo también descartan que se haya aprobado formalmente la utilización del mencionado saldo inicial de caja del año pasado.

Prueba de ello, subrayan, es que no se ha incorporado en el subtítulo 29° del Presupuesto asignado a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un apartado referente a la renovación de autos. De hecho, las mismas fuentes oficialistas comentan que sí hubo una petición al respecto en medio de la discusión, pero que el Presupuesto de 2024 no lo consideró.

Pese a la insistencia de este medio, hasta el cierre de esta edición la Corporación Administrativa del Poder Judicial no había entregado los respaldos de la aprobación que habrían recibido desde Hacienda.

Considerando la tensión que ha generado la adquisición, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, citó a un nuevo pleno extraordinario para esta tarde.

A diferencia de la jornada de ayer, para esta ocasión se resolvió convocar al director de la Corporación Administrativa, Ricardo Guzmán, a fin de que detalle cómo se realizó todo el proceso.

Esto, además, se da luego de que el Consejo Superior de la citada instancia también se reuniera la tarde de ayer martes.

De todas maneras, y aun cuando las recriminaciones han ido aumentando, el acuerdo de los ministros es no detener la compra ni congelar el proceso. Esto, porque aún la mayoría del pleno es de la idea de que no hay que retroceder en una determinación que ya fue adoptada por ellos mismos.

Aquello, eso sí, no es una máxima que todos compartan, dado que en la votación donde aprobaron la compra, el 2 de febrero, hubo varios ausentes.

No estaban presentes los ministros Sergio Muñoz, Eduardo Fuentes, Gloria Ana Chevesich, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus.

Los que estuvieron a favor, en tanto, fueron Manuel Valderrama, Arturo Prado, Ángela Vivanco, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, Mario Carroza, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, Diego Simpertigue y María Soledad Melo. Y en contra, Mauricio Silva, Ricardo Blanco y Andrea Muñoz.

Durante la jornada, el propio Presidente Gabriel Boric se sumó a la polémica, y en medio de la presentación de nuevos vehículos para Gendarmería apuntó: “Todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública puedan contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera, de manera austera pero segura”.

Por su parte, el ministro de Justicia (S), Jaime Gajardo, remarcó lo expuesto por Tohá en cuanto a que no hay formulación presupuestaria para renovación de vehículos de los ministros, pero también expuso que el Poder Judicial tiene autonomía para ejecutar sus recursos.

“El Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto y, por ende, si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra”, aseguró.

Eso sí, fue enfático en que “lo importante acá es que desde la formulación presupuestaria no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular. Y es el Poder Judicial el que tiene que responder respecto a la ejecución misma del presupuesto, ellos son autónomos e independientes en la ejecución del presupuesto, porque son otro poder del Estado”.

“Lo que nosotros consideramos relevante es que en esta materia hay instrucciones de austeridad de parte del gobierno en cuanto al monto máximo o tope que tienen los autos que se van a renovar y también el plazo que se requiere para la renovación”, complementó.