Jueces de Rancagua: Fiscalía Nacional analiza petición de que Jorge Abbott asuma personalmente la investigación

El 24 de febrero de 2015, en un hecho inédito desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, el entonces fiscal nacional Sabas Chahúan Sarrás asumió la totalidad de la investigación del Caso Penta, luego de una serie de conflictos que tuvieron a un paso de la renuncia al persecutor que había destapado el caso, Carlos Gajardo Pinto, hoy fuera del Ministerio Público. La crisis se había acentuado por la desagrupación de la causa por delitos tributarios e irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. En particular, la arista Soquimich había quedado en manos de quien era la máxima autoridad de la regional Centro Norte, Andrés Montes Cruz.

"La trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han surgido, hacen necesario dar un paso más allá para garantizar la persecución penal con absoluta independencia y autonomía", aseveró Chahuán Sarrás en aquel verano. Con posterioridad ese año, determinó también tomar personalmente la indagatoria en Corpesca. Ambos casos posteriormente fueron derivados.

Hoy la directora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel analiza una solicitud presentada el lunes por la abogada Paula Vial Reynal en la que requiere que se replique el modelo acogido en 2015 y sea la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott Charme, quien dirija las dos causas penales en contra de los tres jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Así lo confirman desde la Fiscalía, donde detallan que el tema está en revisión.

Vial Reyna representa a Marcelo Vásquez Hernández quien junto a los ministros Emilio Elgueta Torres y Marcelo Albornoz Troncoso conformaban la primera sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Los magistrados tienen tres procesos abiertos: nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias en la Fiscalía Sur; cohecho, prevaricación y enriquecimiento ilícito, en la de O'Higgins; y un sumario administrativo seguido en la Corte Suprema.

La abogada invoca respecto de este caso el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Publico que establece que "el Fiscal Nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía" o en subsidio el artículo 19 que le permite derivarlo a otro fiscal regional.

Vial Reyna explica que su requerimiento se sustenta en que "resulta fundamental que la investigación se siga con garantías de imparcialidad y autonomía, para poder demostrar la inocencia del ministro Vásquez".

No es la primera vez que se busca que el caso sea sacado de O'Higgins donde está en manos del fiscal regional, Emiliano Arias Madariaga y el fiscal de Alta Complejidad, Sergio Moya Domke.

Cuando La Tercera PM publicó en octubre del año pasado que se había iniciado una indagatoria sobre el nombramiento ilegal en cargos del poder judicial en la región de la hija de Vásquez Hernández, y que los antecedentes habían sido entregados a la Corte Suprema, los ministros Elgueta Torres y Vásquez Hernández presentaron una denuncia administrativa contra Arias Madariaga en la que solicitaban además su remoción ante la Corte Suprema. En este marco, Abbott Charme solicitó un informe al fiscal, que en paralelo interpuso una recusación ante la Corte Suprema, en contra de los ministros que lo acusaban -y a los que a la vez investigaba- por la tener causa pendiente de enemistad o resentimiento.

En este escenario, se produjo el 19 de noviembre de 2018 la polémica reunión entre Abbott Charme y el senador PS Juan Pablo Letelier Morel en que éste, según ha explicado, le fue a exponer su preocupación por los "dimes y diretes" entre los personeros judiciales de la zona. Horas más tardes, el Fiscal Nacional ordenó que las pesquisas por nombramiento ilegal fueran derivadas al fiscal del Maule, Julio Contardo Escobar, quien se inhabilitó por amistad con los jueces. Finalmente, el tema recayó en el saliente persecutor de la zona Sur, Raúl Guzmán Uribe, recientemente nombrado en un cargo en el Senado.

Abbott Charme ha precisado que esta decisión estaba tomada con antelación y que no tiene vínculo alguno con la cita con el legislador PS.

En paralelo, por oficio, Arias Madariaga y Moya Domke abrieron meses atrás otra investigación por una serie de delitos vinculados al trío judicial. Aquí es donde se han conocido los vínculos de Elgueta Torres con un médico condenado por tráfico y los vínculos sospechosos con abogados de la plaza.

Esta semana, además, Arias Madariaga ingresó un escrito, que también está en estudio, en que pide que se le devuelva la causa original contra Vásquez Hernández para agrupar las indagatorias.