Jueza se va contra el Poder Judicial: presentó demanda y acusa red de protección a magistrado denunciado por acoso sexual

En octubre del 2020, la fiscal judicial Natalia Rencoret firmó un documento que remecería la interna de la Corte de Apelaciones de Rancagua: el magistrado, Luis Barría Alarcón, había sido acusado de acoso sexual contra tres funcionarias del organismo. Meses después, el juez fue suspendido de sus labores.

Contra Barría se resolvió que había “acosado sexualmente a las funcionarias del Juzgado de Garantías de Rancagua”, con “tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, lógicamente generaban una relación abusiva de poder que repercutían, primero en el ambiente laboral y segundo en el bienestar de las ofendidas”.

Sin embargo, el caso también tuvo otra implicancia administrativa. Una jueza de un tribunal de Santiago -quien pidió no revelar su nombre- presentó una demanda laboral contra el Poder Judicial, el 19 de agosto por “vulneración derechos fundamentales” al no tomarse medidas de “mitigación” de los funcionarios que habrían “protegido” al juez Barría durante los acosos.

La jueza, señala en su demanda, que el 19 de mayo la Superintendencia de Seguridad Social había ordenado al Poder Judicial tomar medidas “para eliminar los factores de riesgo” en los tribunales para evitar que denunciantes del magistrado, tanto las afectadas como quienes colaboraron como testigos en el caso, compartieran los mismo espacios que quienes actuaban como cómplices del juez.

La superintendencia, en su resolución, indicó que los agresores de la víctima debían ser trasladados y cambiados de sus funciones para no tener más contacto con la jueza que interpuso la demanda. Sin embargo, acusa, ellos continúan en sus puestos de trabajo, “a metros de la víctima” quien, por ahora se mantiene con teletrabajo sólo por la alerta sanitaria, modalidad que terminará a finales de septiembre, lo que la obligará a compartir espacio y funciones con sus agresores.

La magistrada denunciante, además, participó de un tratamiento en Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), pues acusó hostigamientos por parte de quienes seguían colaborando con el juez Barría. Cercanos a la magistrada, además, advirtieron que ella debía delegarle tareas a estas personas, pero no acogían sus instrucciones.

Para Francisca Millán, abogada de AML Defensa de Mujeres “este es otro caso donde una víctima de acoso sexual y laboral, es abandonada por quien debería protegerla, su empleador, lo que envía una grave señal al resto de las funcionarias del Poder Judicial y a la sociedad, porque demuestra que la institución encargada de administrar justicia, no es capaz de generar espacios seguros y libres de violencia y acoso en el lugar de trabajo”.

Según Millán, la resolución de la Superintendencia “es clara y llama la atención que a pesar de la existencia de una Comisión de Prevención de Riesgos Psicosociales, no se estén tomando las medidas necesarias para cuidar la salud integral de una persona que ha sido víctima de acosos en su lugar de trabajo de manera permanente desde su ingreso al tribunal, y a la fecha, mediante acciones tendientes a mantener la vulneración de garantías fundamentales, sin la debida protección”

Desde la Asociación de Magistradas Chilenas (MACHI), entidad que está asesorando y acompañando a la víctima, se advirtió la “inobservancia a la propia reglamentación y obligaciones que el Poder Judicial se ha autoimpuesto para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual dentro de sus espacios de trabajo”. Consultado el Poder Judicial, declinaron referirse al caso.

Carola Rivas, ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, y presidenta del gremio, sostuvo que “en este caso en concreto, y en todos los que se promuevan, hacemos un llamado a todos los integrantes del Poder Judicial a comprometerse en la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos tanto de quienes integran el Poder Judicial como de aquellos y aquellas que acuden a tribunales exigiendo justicia, orientando su actuar a generar ambientes laborales libres de violencia y discriminación, con especial énfasis en la prevención y atención del acoso sexual”.