La advertencia de la Fiscalía ante seguidilla de “bombazos”: un 45% de los atentados de los últimos cinco años ocurrió entre 2022 y 2023

La explosión registrada el 9 de junio, en el sector de Placilla, en Valparaíso, y que afectó a una torre de alta tensión, comenzó siendo un hecho policial grave, pero que aún estaba lejos de mover la agenda del gobierno. Eso duró cuatro jornadas, pues, a partir de ese día ocurrieron otros dos hechos -en Biobío y Ñuble-, en menos de 120 horas.

Hoy, el tema ya está instalado en La Moneda, hasta donde llegarán a las 15.45 de la tarde, representantes de la ANI, del Senado, de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Carabineros y de la PDI, quienes se reunirán con el Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El gobierno ha sostenido ya dos reuniones, en dos días, con los fiscales, a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien pidió un fiscal exclusivo para indagar los atentados que se vayan registrando en el país. Así se lo pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien le explicó que la Fiscalía Sur era la jurisdicción que tenía esos casos, salvo los ocurridos en la Macrozona Sur.

Pues, bien, a partir de esa respuesta se tomaron las primeras decisiones. Valencia solicitó al fiscal regional Sur, Héctor Barros, incorporar, ahora, a la Macrozona Sur en sus investigaciones relativas a la colocación de elementos explosivos ¿Fiscal exlclusivo? “Nosotros ya contamos con un fiscal a cargo de esas causas, que es el fiscal Claudio Orellana, quien trabaja con un equipo especial dedicado a eso”, explicó Barros.

¿Dónde radica la preocupación de las autoridades? Claramente, no sólo en los hechos de la contingencia, sino que también en un dato estadístico que destacó el propio persecutor Barros, luego de reunirse en la Fiscalía Sur con el subsecretario Monsalve, y el general de Investigación de Carabineros, Álex Chavan.

“Son 22 hechos desde el 2019 a la fecha”, explicó Barros, quien agregó que “durante el 2023 tenemos la misma cantidad de explosivos colocados en el año 2022″.

Según señalaron a La Tercera PM desde la Fiscalía Sur, son cinco los casos en 2023 “con características de atentados explosivos a nivel país que investigamos como equipo especializado en bombas”. Si se suman a los del año pasado, suman diez hechos de este tipo, lo que revela que un 45% del total de atentados -desde el 2019 en adelante- se concentra entre el último año y medio.

El subsecretario Monsalve, en tanto, señaló que “se ha constituido un equipo mixto de trabajo, que va a trabajar durante los próximos 30 días. En segundo lugar, el mensaje que hemos transmitido es que todos aquellos recursos que se requieran para fortalecer las capacidades del Ministerio Público, de los fiscales que están investigando y recursos que requieran las policías, van a ser dispuestos por el gobierno”.

Además, dijo que se trabaja en la modificación de la Ley Antiterrorista, proyecto que debería ser presentado durante los próximos meses. “Hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguir este acto terrorista. Hemos reiterado que la Ley Antiterrorista no es la mejor herramienta, porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales para condenar a una persona, muchas veces no se puede alcanzar (…) normalmente se ha aplicado la Ley de Control de Armas, el gobierno se va a querellar por la ley que permite perseguir de manera más eficaz a los responsables de delitos tan graves”, dijo.

El miércoles a medio día fue que un grupo se adjudicó los tres atentados de esta semana. Lo hicieron, a través de un comunicado -enviado al medio El Ciudadano- y se denominaron como “Movimiento 18 de Octubre”.

La agrupación señala, entre sus supuestas motivaciones, lo relaciona con la aprobación de normativas que según sostienen, afectarían el medioambiente. “Es aquí donde se reivindican los sabotajes a una torre de alta tensión en Valparaíso por el Comando Mauricio Arenas Bejas y por el Comando Luisa Toledo a la línea férrea en el Itata, por donde circulan sólo materias primas de la planta de la Celulosa Nueva Aldea (...). Por estas vías no se moviliza el pueblo ni la ciudadanía, sólo los eucaliptos de esta empresa forestal que tanto daño han ocasionado al ecosistema, al río Itata y comunidades rurales aledañas”.

Sin embargo, en la Fiscalía lo toman con cautela, pues deben analizar la veracidad del comunicado y si tienen o no una conexión con los hechos que se adjudican. Todo eso está siendo analizado por el OS-9 de Carabineros.

El fiscal Barros, además, precisó que durante el último tiempo han identificado la aparición de otros grupos anarquistas que apuntan a la colocación de bombas. Se trata de una vertiente denominada: “Ecoterroristas”.

“Son grupos vinculados al tema ecologista que ponen artefactos en empresas que afectan temas de esa naturaleza”, detalló, agregando que su composición no responde a una lógica de agrupación criminal, sino que “cuando armamos de anarquismo no hablamos de una estructura. Es todo lo contrario, sino que son horizontales, compuestos por una o dos personas”.

Estas agrupaciones estarían en el radar del Ministerio Público hace un año y medio, lo que calza con el incremento en la colocación de artefactos explosivos. Todo lo relativo en este tipo de investigaciones será una de las prioridades del ente persecutor y el gobierno, dado el impacto y peligro que generan en la población.