“El precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad Institucional de Fonasa. Por su parte, el precio de estas prestaciones realizadas en atención cerrada, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 40% del referido arancel”.

Así señala, en un artículo único, la moción presentada por los senadores Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Francisco Chahuán (RN) y Rabindranath Quinteros (PS). Hoy está en tabla en la sala del Senado para ser votada tras ser aprobada por la Comisión de Salud del Senado a mediados de junio.

El proyecto de ley, presentado en noviembre pasado, tiene su origen -según han explicado los legisladores- en sucesivos análisis de la Superintendencia de Salud que, incluso, han sido publicados por La Tercera. En el último seguimiento se detectaron diferencias de precios para un mismo examen, en distintos prestadores privados, de hasta 12 veces del valor más bajo.

Sin embargo, a pesar de tener el patrocinio de un parlamentario oficialista, en la minuta elaborada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para este proyecto, y a la que tuvo acceso La Tercera PM, se sugiere rechazarlo en sala. Aunque, en caso de aprobarse, se solicita que el plazo de indicaciones sea amplio, a efecto de poder construir acuerdos y presentar indicaciones.

¿Las razones? En el documento se da cuenta de que este proyecto debió ser considerado de quórum calificado, pues incide en “materias de orden público económico al establecer un mecanismo de regulación de precios”. Asimismo, se argumenta que una moción así es “iniciativa exclusiva del Presidente de la República por otorgarle facultades o competencias adicionales a Fonasa, lo que sería inadmisible”.

En el escenario de que durante esta tarde se apruebe la moción en sala, la minuta sugiere que “lo único razonable es avanzar en un mecanismo tipo observatorio de precios de exámenes, cosa que algunas isapres ya han implementado. Aun así, esta indicación también debiera venir patrocinada por el Presidente de la República, pues se designaría alguna institución para tales funciones y otorgar nuevas funciones a organismos públicos es materia exclusiva del Poder Ejecutivo”.

A renglón seguido, se explica que “las normas de regulación de precios son normas que históricamente han generado escasez, desabastecimiento e incluso, en algunas ocasiones, aparición del mercado negro”.

Allí se expone el ejemplo de España, y el proyecto que buscó regular el precio de insumos médicos -como mascarillas- a inicios de la pandemia.

“Es menester recordar que los exámenes requieren de insumos que provienen del exterior, y cualquier mecanismo de regulación o fijación puede alterar derechamente el suministro de los mismos, por lo demás, no se hace cargo de los costos regionales o locales que implican mantenciones, traslados de insumos para exámenes de distintos tipo”, concluye la minuta.

Entre los sectores aludidos que concurrieron a exponer sobre este proyecto en las distintas sesiones de la comisión donde se abordó, está la Asociación de Clínicas de Chile.

Su vicepresidente ejecutivo, Javier Fuenzalida, explica que si bien comparten la necesidad de que los pacientes cuenten con mayor información al acceder a exámenes y procedimientos en prestadores de su conveniencia, se debe tener en cuenta las diferencias -de tecnologías, complejidad del recinto médico- entre un prestador y otro.

“Los prestadores privados funcionan en un ambiente en el que existe una muy amplia oferta y también distintos costos de funcionamiento en las diversas clínicas, con diferentes costos de especialistas, distintos niveles de infraestructura, servicios, tecnología utilizada y condiciones en las que se otorgan las prestaciones. Por lo tanto, no creemos conveniente un sistema donde debamos operar con precios fijados en una banda, ya que ellos podría ir en desmedro de los propios pacientes. Algunos prestadores pueden verse obligados a dejar de ofrecer la prestación, ya que no cubren sus costos de operación, o tener que optar por tecnología o equipos de menor nivel”, explica Fuenzalida.

El representante del sector hace hincapié en que “actualmente los prestadores privados tienen publicados todos los valores de prestaciones, a lo que se sumó hace pocos meses el comparador de precios implementado por la Superintendencia de Salud. En este sentido, estamos disponibles para mejorar los mecanismos de información que ya existen y estamos trabajando con la superintendencia para enriquecer el comparador de precios, de forma de convertirlo en una herramienta de uso cotidiano y que incluya el gasto de bolsillo real de las personas tras la bonificación de Fonasa, isapres y/o seguros”.

Uno de los autores del proyecto, el senador Girardi (PPD), señala que espera que “estén los votos, que el compromiso de los senadores y senadoras esté con los pacientes y no con los abusos”.

Así, y frente a la postura que adopta el Ejecutivo frente a la moción parlamentaria, lamenta que “el gobierno siga sistemáticamente no entendiendo que el mundo cambió. No puede seguir siendo el principal defensor de los abusos en salud”. Girardi explica que la norma protege, principalmente, a aquellos pacientes hospitalizados que no pueden optar dónde se realiza el procedimiento.

Mientras que la senadora Goic (DC) defiende que en este proyecto “se está hablando de la salud de las personas, no es un mercado donde la oferta y la demanda funciona, además, hay mucha opacidad respecto de los precios. Solo por poner un ejemplo, cuando una persona llega a una urgencia, en horario inhábil, donde es muy difícil que el paciente pueda buscar opciones”.

Si bien la moción establece una fórmula para regular el precio -que no sea superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad Institucional del Fonasa-, de avanzar el proyecto, es probable que el mecanismo que se establezca o los topes sean parte de la negociación con el gobierno y los senadores oficialistas.

El senador Quinteros (PS), en tanto, prevé que este proyecto “se va a aprobar, este es un asunto ciudadano, esto es de interés de las personas. No se pueden seguir pagando sobreprecios y hoy el derecho a la salud está en el centro de las preocupaciones de los chilenos en el proceso constituyente. Ahora, eso no impide que mientras se desarrolle la nueva Constitución desarrollemos estos proyectos”.