La “autogestión” de Ávila y las soterradas conversaciones de Elizalde que desmoronaron la acusación constitucional

Un par de videos subió el lunes a su cuenta de Instagram el diputado Miguel Ángel Calisto (ex DC, hoy representante de la bancada Centro Democrático Unido) desde la sede del Ministerio de Educación (Mineduc).

En uno de ellos, con música de Coldplay de fondo, el parlamentario dio cuenta de una reunión con el ministro Marco Antonio Ávila para buscar una solución al déficit de recursos para el Departamento de Educación de Puerto Aysén y para pagar la Beca Patagonia, que favorece a estudiantes de la Undécima Región.

En el otro video, en el que usaba como telón de fondo la tradicional fotografía gigante que adorna el hall de las oficinas del ministro, Calisto informó que finalmente había salido humo blanco para suplir los recursos.

Ese mismo día, coincidentemente, el diputado por Aysén dio la primera señal a algunos medios de comunicación de que él y su bancada no apoyarían la acusación constitucional contra Ávila por no haberse formado una convicción de sus méritos jurídicos.

Implícitamente el hecho daba cuenta del esfuerzo personal que realizó el ministro Ávila para satisfacer demandas y mantener en una disposición favorable a parlamentarios de sectores no alineados (ni con el gobierno ni la oposición), que en la práctica iban a definir el desenlace del libelo.

El voto del grupo CDU era particularmente decisivo. Esta bancada (integrada por exmilitantes DC, algunos de ellos hoy afiliados al recién creado Partido Demócrata) había roto sus relaciones con el oficialismo en el proceso para elegir a la actual mesa de la Cámara, en el cual el liberal Vlado Mirosevic se impuso, en noviembre de 2022, en una estrecha votación al mismo Calisto (quien fue el candidato levantado por la derecha).

Los CDU (Calisto, Joanna Pérez, Jorge Saffirio y Érika Olivera) también habían sido gravitantes en el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria en marzo pasado. Por lo tanto, sin este grupo parlamentario, la oposición difícilmente podría aspirar a construir una mayoría en la Cámara, ya sea para imponer una agenda legislativa o aprobar una acusación constitucional.

Sin embargo, las gestiones de Ávila -que tenían más bien un efecto indirecto en la votación del libelo en su contra- eran una maniobra arriesgada y muy poco usual que realizan los ministros que están sometidos a un juicio constitucional. Por lo general, son parlamentarios aliados u otros ministros los que salen en busca de los votos para rechazar las acusaciones. De hecho, incidir personalmente a veces tiene efectos adversos, como sucedió con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a quien se le criticó desde la oposición haber enviado mensajes de WhatsApp a diputados que tenían que decidir sobre el libelo en su contra que se rechazó en enero pasado.

Pese a ello, Ávila y sus asesores directos tomaron un rol protagónico para persuadir a legisladores o al menos limar asperezas con quienes criticaban su gestión.

Como parte de esa misma estrategia, el titular del Mineduc también se juntó con la diputada Viviana Delgado (independiente exmilitante ecologista), con quien protagonizó un bullado incidente el 7 de marzo pasado. En esa ocasión, la legisladora que representa a la zona poniente de Santiago le pidió tomar acciones por el Liceo Reino de Dinamarca, de Maipú, que debió cerrar por los altos niveles de cuarzo en el aire derivados de faenas de una empresa minera. Según la versión de Delgado, en su momento Ávila le respondió en malos términos, lo que la dejó afectada. Al final, la parlamentaria sufrió una descompensación y terminó en la enfermería del Congreso.

Superado el incidente, la misma legisladora subió a sus redes sociales una foto con Ávila, con quien abordó la problemática de los Colegios Artísticos.

Ávila y sus asesores también tomaron el teléfono para contactarse directamente con otros diputados que hasta el final mantuvieron su suspenso, como Andrés Jouannet (Amarillos) y Rubén Oyarzo (PDG), quienes, en todo caso, prefirieron no contestar las llamadas del Mineduc.

Con aquellos sectores más distantes de Ávila, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia entró a reforzar los puentes. La cartera que encabeza el ministro Álvaro Elizalde (PS), por ejemplo, mantuvo una comunicación constante con los principales referentes de la bancada DC, los diputados Eric Aedo y Alberto Undurraga, quien, además, es presidente de la Falange.

Si bien Aedo y Undurraga han dicho que la acusación era un tema que no estaba vinculado a otras negociaciones políticas, era un hecho evidente que a la DC le interesaba que el oficialismo le cediera a un militante falangista la presidencia de la Cámara en el próximo período. Estas elecciones se realizarán el lunes 24 de julio.

Ante el riesgo de que los diputados democratacristianos terminaran aprobando el libelo, Elizalde debió involucrarse personalmente en la búsqueda de una solución a la inminente renovación de la mesa.

Aquellas gestiones de Elizalde tuvieron una respuesta parcial. Undurraga afirmó el lunes que, en lo personal, rechazaría el libelo, anticipándose incluso a la decisión final de su bancada. Después de la definición del CDU, el anuncio de Undurraga ya era una suerte de tiro de gracia para la acusación.

Además, anoche, el ministro secretario general de la Presidencia se reunió a solas con el diputado Oyarzo. Si bien la temática del encuentro no era la votación del libelo, al igual que la tensión que se dio con la DC, nuevamente había una materia entrelazada. El asunto en discusión eran los problemas que está presentando el acuerdo administrativo de la Cámara (que además de la rotación en la presidencia, implica una distribución de cupos en comisiones). Desde el PDG, y particularmente Oyarzo, se vienen quejando de que aún no se les entrega un asiento en la Comisión de Economía.

Precisamente ese reclamo fue uno de los factores por los que el PDG prefirió no anticipar cuál sería su postura ante la acusación contra Ávila.

En el gobierno admiten que en los últimos días Elizalde sostuvo conversaciones con todas las bancadas, incluyendo las de oposición. Sin embargo, desde la Segpres prefieren mantener en reserva esas reuniones.