Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados; Sergio Tapia Ojeda, profesor de Magallanes, y Tomás Jocelyn-Holt, ex diputado DC entre los años 1994-2002, presentaron tres recursos de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Los dos primeros buscan volver a estar en la contienda presidencial, luego de que el Servel declarara nulas sus postulaciones. Mientras que el ex parlamentario pide revocar la resolución del Sevel que aceptó las candidaturas de Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi, líder del Partido Progresista (PRO) y del Partido de La Gente (PDG), respectivamente.

Para Jocelyn-Holt la aceptación de las postulaciones de MEO y Parisi afectan “la igualdad ante la ley, el acceso a la jurisdicción y comprometen tratados internacionales suscritos por Chile de un modo que violan el artículo 5° de la Constitución Política del Estado”. En esa misma lógica explicó que el Servel incumple la denominada Ley Antidíscolos al aceptar la candidatura del líder del PDG, la cual establece que se requerirá estar afiliado al correspondiente partido con a lo menos dos meses de anticipación al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas y no haber sido afiliado de otro partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento de dicho plazo.

Asimismo, sostuvo que con la resolución que acepta la candidatura de Parisi, el Servel se contradice con lo que había determinado en el caso del constitucionalista Fernando Atria y el rechazo a la candidatura presidencial de Gino Lorenzini. “La subdirección de partidos del Servel entregó un certificado a Gino Lorenzini cerciorando que no lo tenía por militante del PDG al momento de la consulta. ¿Cómo puede el Servel considerar a la misma persona militante y descalificarle su candidatura si días antes no lo tuvo por tal y le despachó un certificado en ese sentido?

“Para validar la candidatura de Fernando Atria y evitar la inhabilidad, se sometió los 9 meses previos a una condición de que el partido finalmente estuviera perfeccionado. En caso, contrario (como ocurrió con el partido que intentó formar Atria) se le tendría como inexistente y se le reputaría independiente durante todo ese lapso. En la práctica se derogó la Ley Antidísolos para ese solo caso ya que contrariaba una práctica invariable del SERVEL que se hizo aplicable a múltiples candidatos a distintos niveles”, consignó el mismo documento.

Sobre Marco Enríquez-Ominami, sostuvo que “está acusado y formalizado por delitos que merecen pena aflictiva, no en uno sino en dos tribunales penales del país”. “Al momento de su inscripción como candidato el lunes, 23 de agosto pasado, estaba en esa condición y nunca se debió admitir, ni menos aceptar su postulación”, señaló ex parlamentario en su presentación.

Sin embargo el caso de MEO es distinto, luego que el pasado sábado se conociera la decisión del Primer Tribunal Electoral (TER) que determinó dejarlo fuera del padrón electoral, por lo que no podría participar como candidato en las próximas elecciones presidenciales. Su defensa estudia ir al Tricel para impugnar lo resuelto e incluso no descartan ir a instancias internacionales para denunciar el hecho.

“Se quiere convencer que Marco Enríquez Ominami está sobreseído cuando no lo está, que candidatos presidenciales cuentan con partidos que han cumplido con la ley, cuando eso no es cierto; o que el SERVEL no puede hacer más que lo que hizo cuando eso tampoco es cierto”, acotó.

En tanto, el fundador de Felices y Forrados Gino Lorenzini también acudió al Tricel. En su presentación que consta de 20 hojas acusó a Alfredo Joignant, miembro del Consejo Directivo del Servel, por “faltar a la prudencia y al mínimo decoro”, al usar sus redes sociales para anunciar que su candidatura sería rechazada por tener militancia política.

Lorenzini sostuvo que el Servicio Electoral se ha vuelto “poco prolijo y poco confiable” e insistió en que no cuenta con militancia política. “Nunca quise engañar al Servicio Electoral y al contrario, el suscrito, antes de la petición de que me habilitara la plataforma para la recolección de firmas, 10 de agosto del año en curso, notifique al Servel, el día anterior, es decir el día 9, mi intención de no incorporación al Partido de la Gente”, acotó en su reclamación.

“Debo señalar que nunca he requerido al Servicio Electoral que se me incorporé como afiliado o adherente al Partido de la Gente, por ende, no ejercí el derecho que me otorga la parte final del artículo recientemente citado. Al contrario, el requerimiento que efectué es precisamente el inverso, esto es, que no se tomara en cuenta mi solicitud de afiliación y en consecuencia no forme nunca parte de los afiliados a ese partido”, añadió el escrito patrocinado por el abogado Pablo Berwart Tudela.

“La situación recientemente relatada es idéntica a la del señor Jorge Felipe Sepúlveda Haugen quien su postulación a CORE, fue aceptada, siendo que también había solicitado su anulación al proceso de inscripción al partido de la Gente. Es decir, el señor Sepúlveda al igual que el infrascrito, solicito en su oportunidad la incorporación al Partido de la Gente, partido que estaba en proceso de formación y antes de que el Servel actualizara sus registros, pidió de manera expresa al citado organismo la suspensión del proceso en comento”, remató la reclamación de Lorenzini.

Por su parte, el profesor de matemáticas y candidato independiente, Sergio Tapia Ojeda -quien indujo a engaño al llegar al Servel asegurando que tenía las 35 mil firmas para inscribirse pero solo tenía 73- también presentó una reclamación ante el Tricel. A su parecer, el presidente del Servel, Andrés Tagle y su director Raúl García incurrieron en “errores irrefutables, discriminación y trato vejatorio” al rechazar su candidatura independiente.

Tapia Ojeda recordó que la Ley Nº 18.700 en su artículo 19, inciso primero establece un plazo de 10 días a contar del 24 de agosto y hasta el 1 de septiembre de 2021 para definir si aprobaba o rechazaba su postulación.

“En un acto indecoroso e irresponsable lo hicieron contraviniendo dicho precepto, sometiéndome a las mofas, al escarnio público y daño moral y perjurios con publicidad en los medios y redes sociales”, sostuvo el docente en un escrito que cuenta con sólo cuatro páginas.