La Cámpora, el grupo político detrás de la oposición al mayor proyecto de Cencosud en Argentina
A inicios de octubre en una audiencia pública por el juicio que enfrena a Cencosud y al Estado del país trasandino, 10 agrupaciones opositoras a la iniciativa, que contempla un centro comercial y edificios de departamento en San Isidro, Buenos Aires, solicitaron hacerse parte del proceso. Mientras, el magistrado a cargo del caso reveló que el fracaso de las negociaciones por una conciliación entre las partes.
No sólo en Chile, Cencosud enfrenta problemas. Aquí las masivas protestas y saqueos se han vuelto en un verdadero dolor de cabeza para el retail y en el caso del conglomerado su cadena Santa Isabel es la que ha sufrido los mayores daños. En Argentina, el grupo también afronta dificultades, pero no están vinculadas a su operación, sino que a su mayor proyecto. Se trata de un paño de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, Buenos Aires, en el cual busca levantar un centro comercial con tres torres de departamentos con una inversión superior a los US$600 millones.
Ahora Cencosud no sólo enfrenta al Estado de ese país para llevar adelante la iniciativa, sino que también a una serie de vecinos y agrupaciones, quienes han formalizaron su rechazo al proyecto en la justicia. Detrás de estas últimas se encuentra La Campora. movimiento político de orientación peronista y kirchnerista, se ha mostrado muy interesado en el conflicto.
A inicios de octubre, el magistrado Patricio Maraniello del Juzgado Civil y Comercial N° 5 en el marco de una audiencia pública reveló que no prosperaron las tratativas entre el gobierno y Cencosud para destrabar el proyecto. A la instancia, La Campora concurrió en apoyo a los movimientos que rechazan el proyecto de Cencosud. Para la agrupación, la iniciativa se contrapone con el deseo de los vecinos de contar con un parque público y de carácter familiar.
Todo comenzó el 28 de octubre de 2016. Ese día, la Agencia de Administración de Bienes del Estado demandó a Cencosud, exigiendo la restitución del terreno y acusando incumplimientos del holding. Ello luego que en 1996, el gobierno liderado por aquel entonces por Carlos Menem vendiera el paño por medio de una licitación en US$22 millones, comprometiéndose el conglomerado a realizar mejoras urbanísticas en un plazo de 10 años, la cuales no se realizaron.
Pero de vuelta a la tramitación del caso. En el marco de una audiencia pública, 10 agrupaciones no gubernamentales de vecinos del sector solicitaron hacerse parte del juicio como terceros interesados. Entre agrupaciones contrarias al proyecto están: el "Movimiento de Jóvenes por el Clima Argentina"; el "Movimiento de Jóvenes por el Clima Argentina"; la "Asociación Civil para Todos porque es de Todos" y el "Club Náutico Amarristas".
Todas ellas podrán ahora dar a conocer sus argumentos en una audiencia pública, la cual debe ser convocada por el magistrado en los próximos días. Ello en concordancia –sostuvo este último- con la Constitución Nacional de Argentina y la Declaración Universal de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"La decisión involucra actos de grave trascendencia social y corresponde escuchar las voces de la comunidad", consignó juez en el acta de la audiencia del tribunal.
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El predio fue adquirido por el Estado argentino en 1873.[/caption]
Peritaje pendiente
En el marco del proceso, de la docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, Alina Romero Orue, quien asistió a la audiencia, solicitó que el tribunal realice una inspección in situ del predio en cuestión, la cual fue acogida por el juez Marianello.
En efecto, el plan del tribunal es conocer el estado actual del predio en disputa. Por lo mismo a finales de octubre designó al ingeniero ambiental, Hernán Briano a fin de realizar el reconocimiento del saneamiento y remediación del terreno.
Por medio de una resolución, el tribunal consignó que las partes podrán concurrir a la inspección acompañadas por asesores y consultores en materia ambiental y realizar un informe técnico.
"Estos casi 20 años de silencio"
En abril pasado, a través de un escrito, la defensa de Cencosud liderada por los abogados Ángel Javier Luzzi y Ezequiel Cassagne advirtió que sus accionistas podrían acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). "ese es un derecho de los accionistas de Cencosud S.A., los cuales no forman parte del presente proceso, y a los cuales mi mandante no podría obligar de modo alguno. De allí que la decisión de éstos de concurrir o no ante el CIADI, así como el momento en el cual decidan hacer es completamente independiente de cualquier indicación que la sociedad pudiera realizar".
Más duro en el tono, la defensa del holding, advirtió que los conflictos suscitados entre la Municipalidad de San Isidro y la Provincia de Buenos Aires respecto a la normativa que aplicarían a la iniciativa impidieron a Cencosud obtener las autorizaciones correspondientes. A ellas se suma el trámite municipal de re encuadramiento de las parcelas.
"Esto casi 20 años de silencio, ponen de manifiesto que la actora aceptó, sin reparos, la ajenidad de mi mandante a los obstáculos que hicieron imposible el cumplimiento de la supuesta condición", remató Cencosud.
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