El domingo 27 de marzo, a eso de las 9:50 horas, el director de Educación de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal (Corpquin), Jaime Romero, recibió un llamado telefónico. Del otro lado de la línea estaba Angélica Olivares, directora del Liceo Industrial Benjamín Franklin de la misma comuna.

En esa conversación, la máxima autoridad del establecimiento le informó a Romero de una delicada situación: en YouTube había un video con más de 2 mil visitas en el que se amenazaba a toda la comunidad educativa de ese colegio, aludiendo al uso de armas de fuego en contra de estudiantes y docentes, con una fecha clara: el lunes 4 de abril. Lo anterior se viralizó entre los miembros de la comunidad mediante WhatsApp, hasta donde llegaron videos y mensajes de voz con otras amenazas.

El hecho causó múltiples reacciones y, sobre todo, mucha preocupación en la comunidad educativa chilena.

De ahí en más, se desataron una serie de sucesos que terminaron con la alcaldesa Karina Delfino, Carabineros de Chile y la PDI encima. El prefecto de dicha institución, de hecho, le sugirió a la edil que la denuncia fuera hecha el mismo día, cosa que ocurrió cerca de las 15:30 horas por intermedio de Jaime Romero. A las 23:00 horas de ese mismo día la PDI le tomó declaraciones a Angélica Olivares en su casa y el director de Educación autorizó suspender las clases al día siguiente. En vez de eso se realizó una reunión en la que participaron unas 50 personas, entre el equipo directivo del establecimiento, docentes, asistentes de la educación y el Departamento Provincial del Mineduc.

Poco antes del mediodía de ese lunes, la Defensoría de la Niñez, a través del abogado Víctor Valenzuela, tomó contacto con el director Romero y a eso de las 16:00 horas, la alcaldesa Delfino convocó a una reunión de coordinación con el equipo de la Corpquin, la Seremi de Educación, la Subsecretaría de Prevención del Delito, las policías y el equipo de educación municipal, donde se acordó mantener con la suspensión de clases hasta nuevo aviso y rondas de Carabineros y seguridad municipal durante todo el día.

“Este liceo sufrió una grave e inédita amenaza la semana pasada y hemos estado durante todos estos días en jornadas de reflexión, hasta que la comunidad educativa resolvió hacer el ingreso de manera presencial”, explica Delfino.

Del 28 de marzo hasta el 5 de abril, las clases estuvieron suspendidas y en jornadas de reflexión, con actividades psicoemocionales de manera telemática y reuniones con apoderados. En medio de esto -el jueves 31 de marzo- la edil y la delegada presidencial, Constanza Martínez, presentaron querellas contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de amenazas y de otros ilícitos contra la comunidad educativa.

“Se generaron jornadas socioemocionales por cursos con las y los estudiantes y los profesores jefes, con un psicólogo y dos trabajadores sociales. Y se generaron jornada con los apoderados, con la Asociación Chilena de Seguridad”, detalla Alejandra Olivares, directora del Liceo Benjamín Franklin.

Así, fue ayer 6 de abril cuando se retomaron las clases en el establecimiento, bajo un estricto y constante resguardo policial y municipal.

El liceo, que tiene 25 cursos de primero a cuarto medio y una matrícula de 900 estudiantes, vio cómo el 57% del alumnado asistió ese primer día tras la crisis: 150 estudiantes en primero medio, 125 en segundo, 129 en tercero y 110 en cuarto.

“Hoy (ayer) retornaron los estudiantes del liceo siguiendo protocolos para la identificación de los estudiantes, utilizando las nóminas de cursos. Y para los otros días creamos una tarjeta de identificación”, señala la directora del establecimiento.

La alcaldesa Delfino aporta otros detalles: “Carabineros revisó todo el perímetro y también el interior del establecimiento antes del ingreso. También hemos pedido la celeridad en la investigación a la PDI y hemos estado coordinados con las diligencias que ha pedido la fiscalía. Estamos muy preocupados, trabajando día a día para que puedan estar seguros en este retorno”.

Las amenazas de Quinta Normal tuvieron un efecto expansivo y originaron otras situaciones. “El caso cero fue el de Quinta Normal. Luego ese mismo mecanismo se ha ido replicando en otros colegios, con algunas diferencias leves, pero es el mismo formato y siempre usando las redes sociales como canal de difusión”, dice al respecto el comisario José Acuña, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI. El policía agrega que están “realizando todas las diligencias tendientes individualizar a los autores para así darle tranquilidad a las comunidades escolares”.

Y añade: “En la región Metropolitana tenemos cinco investigaciones abiertas por estos hechos, en ellas se incluye el caso de Quinta Normal. Hay un solo caso en que ya hay una persona detenida y formalizada. Se trata del caso de un colegio en Valdivia en que el imputado es un adolescente de 15 años”.

Dicho está: aunque con matices, las situaciones tienden a ser similares y otras, solo llegan a réplicas del video que terminaron en una mala broma, como en Estación Central, donde en un establecimiento municipal hicieron una copia del video original, aunque con el nombre del nuevo colegio cambiado manualmente.

Mientras, en la Región de Valparaíso la fiscalía investiga dos amenazas de tiroteo en colegios, emitidas el 29 de marzo, que obligaron la suspensión de clases: una registrada en el Liceo Bicentenario Manuel de Salas de Casablanca y otra en el colegio Lihaona de Quilpué. Para ambas ordenó investigar al departamento OS9 de Carabineros, que mantiene diligencias en curso.

La primera amenaza la envió una cuenta con identidad falsa al correo electrónico del liceo.

Bajo el asunto “Somos una organización de masacre escolar!”, el remitente advirtió de una supuesta acción de ese tipo en el liceo Manuel de Salas de Casablanca, también el 4 de abril.

El alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme (RD), comenta que “entregamos toda la información a la Fiscalía y en paralelo determinamos junto al Ministerio de Educación, Carabineros y el consejo escolar del liceo medidas como informar de lo ocurrido a toda la comunidad y la suspensión de clases el día lunes (4 de abril)” en los colegios Manuel de Salas y Domingo Ortiz de Rosas, que comparten instalaciones momentáneamente.

El jefe comunal agregó que no hubo daños y que hoy el liceo Manuel de Salas funciona con normalidad, no obstante, “se están implementando programas en materia de convivencia escolar y psicosocial para abordar la violencia al interior de este y otros establecimientos”.

Por su parte, el fiscal jefe de Casablanca, Samuel Núñez, busca determinar el origen del correo y ya cuenta con un informe remitido por la policía.

La segunda amenaza, de Quilpué, fue publicada por un usuario en la cuenta de Instagram Confesiones Liahona. Esta advertía de un supuesto tiroteo en el colegio Lihaona, lo que luego se viralizó por redes sociales.

El director del establecimiento presentó una denuncia a Carabineros, que envió personal a resguardar el lugar e informó del hecho al Ministerio Público.

“Seguimos haciendo rondas preventivas y realizando coordinaciones telefónicas con el colegio. Mantenemos línea directa ante eventuales riesgos”, dice el capitán Claudio Ramírez, de la segunda comisaría de Quilpué.

El establecimiento retomó la presencialidad el jueves 31 y, hasta el momento, no se han reportado nuevos incidentes.

En Recoleta, en tanto, hubo apoderados Liceo Rafael Donoso Carrasco que se alarmaron con lo ocurrido en Quinta Normal y algunos pidieron que al menos ese lunes 4 no hubiera clases. “¿Quién sabe qué enfermo pensó en grabar eso?”, se preguntaban algunos padres en grupos de WhatsApp.

Esto derivó, por ejemplo, en que desde el establecimiento derivaran la preocupación a los sostenedores (la Corporación Educacional de la Construcción), quienes facilitaron la decisión a esos apoderados que decidieran no enviar a sus hijos al colegio ese lunes.

“Es primera vez que vemos un fenómeno de estas características en Chile. Sin embargo, este tipo de fenómenos también ocurren en otros países de la región como México o Estados Unidos”, cierra el comisario de la PDI José Acuña.