La declaración de Brahm por presunta corrupción en el TC: Había un manejo “poco prolijo” que “generaba un ambiente propicio para ese aprovechamiento"

Seis personas han declarado en calidad de testigos, en el marco de una causa que se abrió por presunta corrupción en el Tribunal Constitucional (TC), luego de que la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, denunciara prevaricación y cohecho por la dilación de casos de derechos humanos.

Tres de ellos son ministros del TC: su presidenta María Luisa Brahm y los ministros Gonzalo García y Rodrigo Pica. A ellos se suman los testimonios del diputado PC Hugo Gutiérrez (querellante en el caso) y de los abogados de DD.HH. Francisco Bustos y Francisco Ugas.

Estas declaraciones, además de una serie de oficios enviados a la Corte Suprema, al TC y a la Cámara de Diputados, son parte de las piezas clave de la investigación por presunta corrupción al interior del TC que lleva la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte Ximena Chong.

La causa se abrió luego de que Brahm dijera en una entrevista a La Tercera Domingo que “antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”, apuntando al periodo en que Iván Aróstica lideró la institución.

A raíz de esto, la diputada Hertz presentó la denuncia. Diez días después de esa entrevista, el 28 de abril pasado, la presidenta del TC declaró ante Chong. Su testimonio se vio plasmó en ocho carillas.

Entre los temas que tocó Brahm en su declaración están: cómo funcionaba el orden de los asuntos que se iban a revisar en el pleno del TC, el retraso de las causas por violaciones a los derechos humanos y el rol que tenía Aróstica cuando era presidente del TC en dirimir en ciertos casos.

Sobre el primer punto, la abogada señaló que "previo a que yo asumiera como presidenta, no había un orden en que los asuntos que ingresaban a la tabla del pleno”. Dijo desconocer "qué criterio se usaba para proponer las tablas; la ley dispone que debe haber un orden cronológico, sin perjuicio de las preferencias”.

La fiscal le preguntó en relación a las causas sobre derechos humanos: "¿qué demoras habían sido detectadas y cuáles eran sus causas?”. La abogada contestó que “ahora uno tiene el cuadro final. Las causas empezaron a ingresar el 2010, ese año y el 2020 son muy menores. En el total del período son alrededor de alrededor de 70 causas”.

Sobre este punto, añadió que “la demora no es exclusiva en casos de DD.HH. Ya a esa altura, el presidente (Aróstica) había tomado un par de medidas, a fines de 2018 e inicios de 2019, producto de la presión. Se nota una disminución en el tiempo de tramitación, tanto en la etapa previa a la vista, como en el plazo de redacción de la sentencia. A veces confluyen dos redactores: mayoría y minoría, y en algunos casos la minoría detenía la decisión del asunto”.

Sobre si hay registros de las fechas en que los redactores entregan sus partes, Brahm indicó que “yo creo que hay, son registros que tenemos los ministros porque mensualmente se revisan, antes no con mucha regularidad. Se pueden reconstituir esos hitos”.

Además, señaló que “ahora, con esos resultados, mayoritariamente rechazados, una sola (causa) acogida en 10 años, uno se pregunta ¿por qué vienen, no?”.

Según Brahm, “las causas de DD.HH. generalmente llegaban a la sala dónde estaba él, me refiero a Iván Aróstica. Cuando estaba de presidente de la segunda sala, todas llegaban a esa sala, o una gran mayoría, y cuando se cambia a la primera sala, pasan a esa sala. Yo asumo que él tomaba esa decisión”.

El TC cuenta con dos salas. Una es la primera sala, la que durante la presidencia de Aróstica estaba presidida por él en conjunto con los ministros José Ignacio Vásquéz, Juan José Romero, María Paz Silva y Domingo Hernández (quien cesó de su cargo y fue reemplazado por Rodrigo Pica). Y la segunda sala estaba compuesta en esa época por Brahm y los ministros Cristián Letelier, Nelson Pozo, Miguel Ángel Fernández y Gonzalo García.

Respecto de los casos de DD.HH. Brahm declaró que “yo diría que estos requerimientos en general desde un inicio venían con pocas posibilidades de éxito en el fondo, pero la suspensión siempre es atractiva”.

En relación a lo que dijo sobre las demoras de las causas, Brahm aseguró que “no estoy atribuyendo ningún delito. Obedece a lo que yo le he explicado durante esta declaración; hacer una situación propicia para que personas que no tuvieran reales conflictos de constitucionalidad, vinieran al tribunal buscando sólo demora o tiempo”.

En ese sentido, indicó que “a mí me parece que el manejo de las causas que he referido, poco prolijo en la gestión, en los tiempos de tramitación, en el voto dirimente, etc., generaba un ambiente propicio para ese aprovechamiento. Y somos nosotros entonces, no los privados que no tienen ninguna obligación, los que debemos hacer lo posible por enmendarlo”.

Sobre cómo funcionaba el voto dirimente (en caso de un empate en una resolución), Brahm declaró que “la primera sala (...) desde Marisol Peña tiene el criterio de que el presidente sí dirime en caso de empate. La ministra Peña lo utilizó muy restrictivamente. El ministro Aróstica usó el criterio de dirimir de modo permanente en casos de admisión a trámite, admisibilidad, suspensiones, etc”.

Además, declaró no recordar que Iván Aróstica cuando era presidente del TC “hubiera dado alguna vez explicación por las demoras en estos casos”.

Sostuvo, también, que en las sesiones de pleno no queda registro de audio.

El 5 de mayo declaró Gonzalo García, ministro más antiguo del TC después de Aróstica y quien votó a favor de la elección de Brahm como presidenta. De hecho, según quienes conocen su relación, señalan que ambos son cercanos entre ellos, pese a las diferencias políticas ya que García es considerado cercano a la DC y Brahm de RN (fue la jefa del segundo piso del primer gobierno de Sebastián Piñera).

La fiscal le preguntó si eran transparentes para los ministros los criterios de asignación de los casos que llegaban a cada sala. A respecto, García le contestó que "el tribunal no tiene configurada una regla de pre asignación por materia o especialidad. Eso es tan así que en cuanto a mí me tocó presidir la segunda sala, al cabo de muy corto tiempo, pasó a ser una sala en que sistemáticamente veíamos casos de tramitación masiva. Esto llevó a que lo planteáramos ante el pleno”.

Según García esto pasaba durante la presidencia del ministro Aróstica. "Hasta mayo del 2018, época que coincide con la salida de la ministra (Marisol) Peña, la asignación a ambas salas era pareja yo diría. Cuando el ministro Aróstica se va a la primera, comienza este desbalance cualitativo y cuantitativo al que me he referido”, declaró.

Indicó que la explicación que dio Aróstica “es que se había asignado una especialidad a la sala; esto no fue aceptado por la sala, ya que no obedeció a una decisión colegiada. Tampoco era plausible una hipótesis de especialidad penal porque las causas de derechos humanos tienen tal carácter. Hoy esto está totalmente corregido”.

Al día siguiente, el 6 de mayo fue el turno de Pica, cercano a la centro izquierda y quien llegó hace poco al cargo de ministro del TC. Sin embargo, conoce su funcionamiento al detalle ya que según el mismo explicó a Chong tiene una larga historia en el tribunal.

“Entré en mayo o junio de 2006 como abogado asistente. Fui nombrado relator en mayo de 2010. Luego postulé al concurso de la secretaría y fui nombrado secretario en junio de 2015. Como abogado asistente me desempeñé subrogando como oficial primero y como secretario también me tocó relatar bastante en 2017 y 2018. Los tres cargos fueron por concurso”, explicó Pica.

Sobre la lentitud en la tramitación de causas, el ministro dijo que “en septiembre de 2017 el (entonces) presidente Aróstica en una reunión de coordinación con los relatores observó que había causas con retraso en la tramitación y me pidió a mí revisar una vez al mes causas en estado de tramitación y enviar una alerta a los relatores sobre las que tuvieran retrasadas. Con posterioridad a ello Pilar Arrellano (relatora) salió con licencia, provocando un retraso”.

Por esto, Pica dijo que Aróstica puso a su disposición a un abogado que prestaba servicios a honorarios en el tribunal para que dentro de su trabajo colaborara con sacar resoluciones pendientes en causas en tramitación. "Tuvimos que hacer un arqueo de causas y había un retraso de dos a tres meses en algunas causas de Pilar Arellano atribuibles a esta situación médica, en el período inmediatamente anterior a sus licencias y durante ellas”, indicó.

Además, declaró que la demora no era solo de causas de DD.HH. “A mí me tocaba mandar todos los viernes listado de causas pendientes en estado de sentencia. Y el taco se producía en la dictación de las sentencias. Recuerdo el rol n° 3205, causa penal que no es de DD.HH. y que desde el acuerdo demoró más de 500 días. El rol n° 3227 sobre isapres, 500 días en acuerdo también”, sostuvo Pica.

En este punto indicó que al revisar la duración de causas entre 2016 y 2019 era común que demoraran entre uno o dos años, “por el problema de los relatores y el engrosamiento del rol de asuntos, además de los tiempos de redacción de sentencia”.

El 25 de mayo entregó su testimonio el diputado Gutiérrez en su calidad de querellante. El parlamentario presentó la acción legal por presunto cohecho en contra de los ministros Aróstica y Vásquez.

En el documento, pidió que se investigaran eventuales reuniones periódicas que sostenían en el Club de la Unión los querellados con el abogado Enrique Navarro quien, dice la querella, presenta gran cantidad de informes en derecho en casos que luego son resueltos por ambos jueces.

Sobre esto, Gutiérrez declaró que “con respecto a Aróstica se me mencionaron reuniones semanales entre los ministros y el abogado (Enrique) Navarro, que se materializarían en almuerzos semanales los viernes en el Club de la Unión. Esta información me fue corroborada por otra fuente, que corresponde al señor que está a cargo de ese club. No obtuvimos un documento que lo certificase y no tuve información sobre el contenido de la reunión. Creo que la persona con la que se habló, administrador del Club de la Unión era de apellido Echeñique, pero no lo recuerdo bien”.

Según el diputado “tuve conocimiento de un eventual mal manejo de dinero por Aróstica en el TC, solo tuve conocimiento y no profundicé en ello. Además de eso, Aróstica tenía cierto fanatismo militarista, era vox populi en el ámbito jurídico. Sobre Vásquez no tenía mucho conocimiento".

El legislador señaló que además cuenta con más información que aún no ha podido corroborar. “Es el caso puntual de la ex ministra Marisol Peña, quien votaba constantemente a favor de los trabajadores, estableciendo que sí era aplicable el artículo 4 inciso primero, parte final, de ley 19.886, a las empresas condenadas por tutela (...). Permanentemente votó a favor de los trabajadores, hasta causa rol 3570 (19 marzo, 2018) del TC donde concurre con su voto al acuerdo en favor de la empresa. Ese empleador era la Universidad Católica, en donde Peña y (Juan José) Romero eran, a la fecha del acuerdo, académicos. Cuando Peña termina su mandato en el TC, y aún pendiente el acuerdo de la causa aludida, es nombrada secretaria general de la PUC. Ese es un tema, de los que me entrega este periodistas, a raíz de eso hago esta indagaciones y luego veo la acción judicial que presento”, dijo Gutiérrez.

Respecto a si verificó esa información, Gutiérrez indicó a la fiscal que el periodista Patricio Mery Bell le entregó un listado de causas "y en ellas en cinco había coincidencia. La revisión la hizo mi abogado Fernando Monsalve”. Y añadió que “en el tema de Marisol Peña he avanzado bastante y creo que no se ve bien su conducta, por lo que eventualmente lo materializaré en una denuncia criminal”.