Es una disputa que está recién comenzando y que es comentario obligado entre algunos abogados que cuentan con oficinas en el exclusivo sector del barrio El Golf, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, una demanda de tutela laboral en contra de Carey presentó el 23 de diciembre la exabogada senior del estudio María José Martabit Sagredo (40).

En su presentación, la jurista denunció una “vulneración de su derecho constitucional a la no discriminación por razón de sexo, a la libertad de expresión y libertad de trabajo”, luego de un fallido proceso de participación en el que la abogada buscó ser socia del bufete más grande de Chile.

En la acción, la abogada -que se desempeñaba hace siete años en el estudio, ubicado en Av. Isidora Goyenechea- exige una indemnización total de $177.009.998 por despido indebido, daño moral y años de servicio.

Todo comenzó -según se lee en el documento- cuando el 25 de agosto de 2021 preguntó a su jefatura cómo podía participar en el proceso de votación de socios de noviembre 2021. Según la demanda, dos de los socios del estudio -Guillermo Carey y Aldo Molinari- apoyaron su postulación a socia, aunque “también le habrían manifestado que se trataba de una jugada arriesgada, sin indicar a qué se referían, salvo que se asumiera que era por su calidad de mujer”.

Sólo faltaba pedir la autorización del Comité Ejecutivo de Carey, instancia encargada de la administración del estudio conformado por Jorge Carey en calidad de presidente, Jaime Carey como socio administrador, Pablo Iacobelli, Salvador Valdés y Lorena Pavic, incorporada al comité en 2019, y del Comité de Búsqueda, que se encargaba de buscar a futuros candidatos a socios.

Para su sorpresa, posteriormente, se le informó que no podría postular porque ambos comités habían recomendado que no postulara porque ella iba a perder la elección. Diecinueve días después de la petición de competir para ser socia -el 13 de septiembre de 2021- la citaron a una reunión online para despedirla.

“¿Cuál fue el motivo de su despido? Le informaron que ella había planteado la solicitud de participar en la elección de socios de un modo perentorio que hacía inviable que ella siguiera en Carey. Ella fue enfática al señalar que si la consecuencia de haber querido crecer en Carey y estar en la papeleta de postulación a socia fue la causa de su despido, debía quedar esto bien claro para evitar “rumores” sobre su salida”, consignó la demanda a la que tuvo acceso La Tercera PM.

“En Carey se perpetúa la discriminación de las mujeres en lo que atañe al ascenso a la calidad de socias”, acotó la misma acción.

María José Martabit actualmente se desempeña como profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con un máster de especialización de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Entre noviembre de 2014 y octubre de 2021 formó parte de Carey, como miembro del grupo de propiedad intelectual y del grupo publicidad & derecho de consumo.

Mientras que la demandada es el estudio más grande de Chile. Tiene en sus filas casi a 300 abogados, los que se categorizan en cuatro tipos: los socios (máximo rango), los directores (abogados que tienen un rango superior a los asociados senior e inferior a los socios con más de 12 años de experiencia profesional), asociados senior (abogados con más de cinco años de experiencia) y asociados junior (recién titulados o prontos a titularse).

Actualmente, Carey está compuesto por 41 socios, de los cuales casi un 90% corresponde a hombres: solo existen cinco socias. Por otra parte, solamente tiene directores hombres en la actualidad. Es decir, no hay mujeres abogadas que detenten el cargo de directora.

El 27 de septiembre de 2021, Martabit recibió un finiquito en el cual se le ofreció a pago la suma de $24.282.507. Al no estar de acuerdo en los montos, la demandante no firmó dicho documento, “por ser lesivas de su derecho de libertad de expresión, entre otros derechos”.

“Llamó la atención a María José, más allá de su profunda disconformidad con su despido, que en el ofrecimiento indemnizatorio se ofreciera una indemnización en la que aplicaban el tope de las 90 UF del Artículo 172 del Código del Trabajo, en circunstancias que lo usual de quienes eran invitados a salir de Carey eran indemnizados sin tope con aplicación de causal mutuo acuerdo de las partes”, acotó.

El 1 de octubre del presente año, el estudio ofreció a la abogada otro finiquito, en el que aplicaba un pago de $43.044.672, compuesto en $35.919.904 por indemnización total y $7.124.768 por feriado legal y proporcional, esto es, más de $20.000.000 adicionales a la oferta original de su indemnización, pero solo bajo la condición de que firmara una “salida de común acuerdo”, sin reserva de derechos y con absoluta reserva del pago recibido.

La abogada rechazó la última propuesta y envió una carta en la que señaló: “Todos sabemos que siempre existen varias versiones de una misma historia. Sin embargo, escuchar a todas las partes, que es lo esencial y primordial en cualquier situación, en mi caso no ocurrió”.

Por medio de una declaración pública, Carey sostuvo que a la fecha, no ha sido notificada de la demanda presentada por Martabit. “Entendemos que hasta su notificación las únicas personas que tienen legítimo acceso a ella son el tribunal y la propia demandante. No obstante, estamos en conocimiento de que este documento circula públicamente, incluso por redes sociales”, afirmaron.

“Frente a su consulta podemos señalar que la salida de María José Martabit no tiene relación alguna con discriminación por género ni con libertad de expresión, ni se le han vulnerado otras garantías legales. Las razones que motivaron su salida serán informadas cuando corresponda y ante la instancia judicial competente”, añadió el estudio.

“Carey se ha distinguido en Chile y Latinoamérica por ser un estudio que fomenta la diversidad y trabaja activamente en pro de la igualdad de género. Fue uno de los primeros estudios en Chile en nombrar socias mujeres hace más de una década en áreas estratégicas como tributario y libre competencia; ha elegido tres socias mujeres más en los últimos cuatro años y organiza y participa activamente en mentorías, seminarios y conferencias sobre el tema internamente, en Chile, en la región y en el mundo. El estudio siempre ha tenido una política no discriminatoria y de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, tanto socios como asociados”, concluyó.