La difícil decisión en caso Ascar: los costos de sacar o dejar a Emilfork

Al interior del Ministerio Público la pregunta suena y suena: ¿Qué irá a decidir la máxima autoridad de la institución, Jorge Abbott, frente a la embestida de Javiera Blanco en contra el fiscal que la indaga a partir del programa Ascar, Marcos Emilfork?

Un consenso es que cualquiera sea la respuesta -que estaría tomada y sería inminente su transmisión a la defensa de la ex ministra de Justicia-, esta traerá costos para una ya debilitada figura del fiscal nacional.

De hecho, muchos esperan que esta decisión no empalme con la audiencia en la Corte Suprema –fijada para el miércoles  17 de octubre próximo- cuyo fin es alegar respecto del requerimiento de destitución que interpuso un grupo de diputados del Frente Amplio en contra de Abbott.

La controversia con Emilfork se genera a partir de que el 11 de septiembre pasado, cuando los abogados de Blanco –Paula Vial y Rodrigo Molina-, presentaron una denuncia contra el regional, acusando la supuesta violación de secreto luego de que se filtrara un documento que señalaba a la exministra como imputada. Blanco solicitó que Emilfork fuera removido del caso.

La ofensiva se suma a las acciones del otro exmninistro de Justicia, José Antonio Gómez, también imputado en la causa, quien presentó  ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección señalando que el fiscal nacional "no ejerció sus funciones constitucionales", luego que el 8 de agosto pasado se le solicitara iniciar una investigación penal contra el persecutor regional, también por filtraciones.

Así, quienes conocen la trama interna que ha generado las dudas que posee el fiscal nacional respecto a mantener a Emilfork al mando de la arista Ascar, señalan que la tensión se genera principalmente con el resto de los fiscales regionales, afirmándose que, de sacar a Emilfork, el fiscal nacional aumentaría las fricciones internas.

Varios recuerdan como ejemplo que, cuando se realizó el consejo extraordinario de fiscales regionales cuyo fin era tratar asignar a un fiscal para la investigación por filtraciones –y que recayó en el titular de La Araucanía Cristián Paredes-, Emilfok estuvo siempre flanqueado por su par de la Metropolitana Oriente, Manuel Guerra. La escena, leída por la mayoría como una señal explicita de apoyo, refleja además una amistad de tiempo entre ambos regionales, que se suma a una distancia evidente entre Abbott y Guerra.

Del mismo modo, quienes conocen a Emilfork destacan que posee una personalidad extrovertida, rasgo que influiría en que, de ser apartado del caso, podría tomar un camino reactivo.

En paralelo se describe otra difícil decisión: qué postura tomaría la asociación de fiscales respecto a la salida de un regional de un caso, producto del reclamo de una imputada.

Históricamente la gremial ha criticado que se cuestione la labor de los fiscales. Sin embargo, notorio ha sido la buena relación que la asociación ha tenido con Abbott. Reflejo de ello fue el hecho de que la presidenta de  asociación, Trinidad Steinert, estuviera en primera fila en la Corte Suprema cuando Abbott debió declarar respecto al requerimiento en su contra. Es por ello, señalan, que se hará difícil para la gremial romper la armonía con Abbott, como también, cambiar su histórica postura de pronunciarse en caso de que se saque a un regional de un caso.

Por otra parte, en la situación  de que Abbott mantenga al regional, significaría  desoír la preocupación de una influyente integrante de la exNueva Mayoría, que a su vez, es actual autoridad del Consejo de Defensa del Estado.  Abbott ha señalado en reiteradas ocasiones que no le gusta que los fiscales hablen públicamente en entrevistas, impartiendo instrucciones exactas al respecto. Desestimar el reclamo de Blanco, no solamente lo enfrentaría a un sector político activo, sino además lo sacaría de la línea que ha tomado respecto a los protocolos comunicacionales que trazó internamente. Esto último, porque entre las quejas, se señala el contenido de una entrevista otorgada por Emilfork a La Tercera, donde afirmó que tanto Blanco como Gómez podrían ser citados como imputados de la causa, asunto que los exministro desconocían hasta entonces.