“La Fiscalía puso premura al caso”: El reservado correo interno que “presiona” a los consejeros del INDH a acelerar querella por tráfico de influencias en nombramiento de la Suprema

Con siete votos a favor y cuatro abstenciones, la tarde del lunes 10 de junio el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aprobó presentar una querella por presunto tráfico de influencias en la designación de ministros de la Corte Suprema. Esto, luego de que recibieran un informe de la PDI -elaborado en función del caso ‘Operación Topógrafo’- que daba cuenta de gestiones que habría realizado el exjuez Juan Antonio Poblete, vía el exministro Mario Desbordes, para supuestamente promover la llegada de la ministra María Teresa Letelier al máximo tribunal.

Pero lejos de constituir una acción judicial más del organismo encabezado por Consuelo Contreras, la arremetida desató fuertes cuestionamientos. Primero, porque a juicio de diferentes abogados el INDH no tendría facultades para querellarse por ese tipo de delitos. Pero, principalmente, el grueso de las críticas se centraron en que, tras la determinación, realmente habría una campaña para desprestigiar la candidatura a alcalde de Desbordes.

Así, de hecho, lo esbozaron el propio exdiputado y los jefes de bancada de Chile Vamos, quienes anunciaron que solicitarán la remoción de los siete consejeros que aprobaron la querella: Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Paula Salvo del Canto, Haydée Oberreuter, Juan Carlos Cayo, Lieta Vivaldi y Francisco Ugás.

Y es que como han podido recabar, según esbozaron, habrían existido “presiones” desde el Ministerio Público para que se querellaran a la brevedad.

Frente a esto, el consejero Cristián Pertuzé (RN) indicó a La Tercera que en la sesión del día lunes, previo a la votación, el director jurídico junto a otro abogado les mencionaron que desde la Fiscalía Centro Norte los habían “instado” a hacerse parte, producto, supuestamente, de la gravedad que los hechos revestían.

“Sostuvieron que se había recomendado, sugerido, que se presentara una querella”, comentó el consejero. Él, en todo caso, descartó hablar de presiones, aunque destacó que prefirió abstenerse porque consideró que la materia excedía las atribuciones del instituto y que era un error solo enfocarse en la presentación de querellas en desmedro de otras temáticas.

A él y a otros consejeros, eso sí, les llamó la atención la premura con que se estaba abordando la materia, porque ya el viernes 7 por la tarde abogados de la entidad les estaban pidiendo analizar la querella que interpondrían y pronunciarse a la brevedad.

De hecho, como pudo corroborar este medio, fue a las 18.12 horas del viernes que los consejeros recibieron en sus correos un email firmado por el abogado y secretario del Consejo, Joaquín González, donde se les advertía que la Fiscalía había puesto “premura”.

“Estimados/as Consejeros/as, junto con saludar les remito propuesta de querella, con carácter de urgente, al tratarse el denominado caso “operación topógrafo” de un juicio estratégico, sobre el cual el Instituto ya presentó querella, la que fue ampliada en marzo de este año. Se ha estimado que la oportunidad es muy importante en este caso, en consideración a la premura que le ha dado a este caso el Ministerio público, por lo que, más allá de los plazos del protocolo de intervención judicial, les pediría que pudieran pronunciarse hasta el día sábado 8 de junio a las 16:00″, se lee en el correo.

Por lo mismo, como transmiten en privado distintas fuentes del organismo, los consejeros de oposición, Cristián Pertuzé, Sebastián Donoso, Beatriz Corbo e Ignacio Covarrubias, optaron por tomar distancia y abstenerse en la votación.

Consultados respecto de las supuestas presiones y por los dichos de Mario Desbordes, desde la Fiscalía Centro Norte aseguraron que no harán comentarios.

Pese a los cuestionamientos, públicamente la directora Consuelo Contreras ha defendido el actuar del Consejo, asegurando que la corrupción -en este caso el posible tráfico de influencias- pone en riesgo la independencia de los jueces y, con ello, vulnera derechos fundamentales.

“Chile es signatario de la Convención Americana contra la Corrupción. Los casos de derechos humanos requieren de la independencia de jueces y de tribunales. Y en virtud de esa urgencia es que tomamos la decisión de presentar esta acción legal que es innominada contra quienes resulten responsables”, dijo la profesional.

Fuentes del organismo, además, descartan que desde el Ministerio Público les hicieran recomendaciones y afirman que la acción presentada tiene origen en elementos expuestos en una audiencia y que decidieron recoger.

De esta forma, transmiten que el INDH recibió el informe de la PDI que contenía las cuestionadas conversaciones la tarde del martes 4 de junio, como parte de antecedentes de la carpeta de Operación Topógrafo, donde son querellantes.

Luego de ello, abogados de la entidad acuden a una audiencia celebrada el jueves 6, donde se revisaron las medidas cautelares a las que está sujeto Schafik Nazal.

Y habría sido en dicha instancia, de acuerdo con las mismas fuentes, que el fiscal Jaime Retamal advirtió que se habían recibido nuevos antecedentes, que eran considerados graves y que, por lo mismo, el fiscal el Xavier Armendáriz había determinado informar al fiscal nacional Ángel Valencia, quien el lunes 10 nombra a la fiscal regional de Valparaíso para asumir la nueva arista por “violación de secreto”.

Por lo mismo, según detalles transmitidos por personeros del INDH, es que se decidió darle urgencia a la materia y preparar y presentar la aludida querella a la brevedad.

Si bien desde el gobierno no habían abordado la discusión, esta jornada el tema fue abordado tanto por la ministra Camila Vallejo como por el titular de Justicia, Luis Cordero, quien cuestionó el accionar del INDH.

“Es cierto que ellos son querellantes en el caso Topógrafo, donde hay un asunto de derechos que compromete al periodista Mauricio Weibel. Pero otra cosa distinta son los delitos funcionarios. En Chile, quien tiene acción para delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”, afirmó.

Consultado sobre si considera que el INDH excedió sus facultades, tal como acusaron Desbordes y Chile Vamos -su coalición-, el titular de Justicia llamó a “escuchar primero la decisión del CDE”, aunque reconoció que “pudo haber sido una decisión precipitada”.

Por su parte, la ministra Vallejo se centró en los dichos de Desbordes, indicando que “él tendrá que hacerse cargo de las hipótesis que tiene y de las acusaciones que, en general, son graves. No respecto solo del INDH, sino que también respecto a una fiscal que ha sido también sujeto de críticas de sectores, en la oposición, en otras oportunidades. Y frente a esto, como en otros casos, hemos dicho que hay que respetar a las instituciones, tanto al Ministerio Público -que hace su trabajo en la persecución del delito-, como también a la justicia”,